La alianza de los militares del FCN-Nación, los exfuncionarios del gobierno anterior y empresarios presos en Mariscal Zavala, y los diputados temerosos de ser investigados y procesados por delitos de corrupción y narcotráfico, y ansiosos de enriquecerse a costa de los recursos del Estado.
Los antiguos grupos militares comprometidos con actos ilegales y violaciones a los derechos humanos nunca han dejado de estar alrededor del presidente Jimmy Morales; sólo se han reconfigurado y tomado fuerza para avanzar en sus funestos objetivos: mantener el control del Estado y sus instituciones para favorecer intereses particulares.
Presionado por la embajada de los Estados Unidos y las críticas de algunos medios de comunicación, entre y agosto y septiembre pasados, Morales simuló un distanciamiento de los militares retirados que hasta entonces formaban parte de su principal círculo de asesores: Herber Armando Melgar Padilla y Edgar Justino Ovalle Maldonado. Además, destituyó a Jorge Ignacio López y César Augusto Sagastume, secretario y subsecretario de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS), y acusados de integrar una unidad clandestina de espionaje a opositores y adversarios que respondía a las órdenes de Melgar Padilla y Ovalle Maldonado.
Temeroso de los resultados de las investigaciones que la Fiscalía y la CICIG habían emprendido en su contra por supuestos casos de espionaje y narcotráfico, Melgar Padilla buscó inmunidad en el Congreso al reclamar la curul liberada por Alsider Arias, a quien ofreció una plaza en el Ejecutivo a cambio de ausentarse del Parlamento por tiempo indefinido. La llegada de Melgar Padilla al Congreso le ha permitido ampliar su nivel de influencia dentro de la bancada del FCN-Nación, y junto al diputado Ovalle Maldonado (quien podría perder su inmunidad en las próximas semanas), influir en la configuración de fuerzas políticas en la elección de la nueva junta directiva del Congreso.
A Mario Aragón Paredes y Ricardo Bustamante (militares que nunca se fueron y permanecen en la primera línea de influencia del presidente Morales) se les atribuye haber mantenido a flote al mandatario, luego del golpe político que significó para su gobierno y su imagen personal, que su hijo José Manuel Morales y su hermano Samy Morales, resultaran implicados en un caso de corrupción del gobierno anterior, investigado por la Fiscalía y la CICIG. Desatender los designios de la Embajada, y sumar fuerzas con los grupos que se sienten afectados y amenazados por la Fiscal General y la CICIG, fue la estrategia. Deshacerse de la “intervención” del embajador Tood Robinson, de la fiscal Thelma Aldana, y del comisionado Iván Velásquez, los objetivos inmediatos que unifican a estos grupos. Detener la aprobación de las reformas constitucionales, y dejar fuera de la SAT a Juan Francisco Solórzano, los motivos que atrajeron a respaldar la estrategia, a grupos del sector empresariales amenazados por la cruzada contra los evasores de impuestos impulsada por el Superintendente.
Desde Casa Presidencial, Morales empezó a tejer una estrategia que le permitiera llevar a diputados cercanos a la Junta Directiva del Congreso. Los problemas internos de la UNE, y la personalidad acerada de Mario Taracena, sumaron a favor de la estrategia para evitar su reelección como Presidente del Congreso, pero lo que evitó que la UNE tuviera los votos necesarios para mantenerse en la directiva, fue la “traición” del partido Todos.
Por un lado, Felipe Alejos ofrecía a Taracena su apoyo, pero por el otro, desde Mariscal Zavala, junto a Gustavo Alejos, su tío, y dueño y señor del partido, fraguaban la estrategia para unir fuerzas con FCN-Nación, MR, UCN, AC y las bancadas minoritarias, para integrar una planilla adecuada a sus intereses. En un primer intento, con la intermediación de Otto Pérez Molina, convencieron a Oliverio García Rodas de aceptar la Presidencia del Congreso. Pero la lluvia de críticas y los señalamientos de antecedentes delictivos en contra de quienes le acompañarían en la junta directiva, así como presiones familiares, obligaron a García Rodas a desistir.
Taracena vio una oportunidad para afinar su estrategia para lograr su reelección: ofreció integrar una junta directiva unitaria, con representación de todas las bancadas, pero fracasó. Por primera vez desde que asumió la Presidencia, Morales asumió liderazgo y se convirtió en negociador y componedor de la alianza; llevó a los diputados afines a reuniones a Casa Presidencial y la finca Santo Tomás, ofreció repartir según las ambiciones de los diputados la Lista Geográfica de Obras de 2017, y convenció a Óscar Chinchilla de Creo que aceptara la presidencia del Congreso. Javier Hernández de FCN-Nación y Felipe Alejos, obtuvieron los votos de las bancadas minoritarias a cambio de ofrecerles incluir sus propuestas en la agenda legislativa del próximo año. El primer paso de la estrategia para detener la reforma del Estado se logró el 8 de noviembre: 106 diputados votaron a favor de la Junta Directiva que tendrá como misión detener la aprobación de las reformas constitucionales, o al menos de dejar fuera de esta el reconocimiento del derecho indígena, las aprobación de la segunda generación de reformar a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
Temerosos de ser alcanzados por el MP y la CICIG, los promotores de la impunidad nunca se fueron, solo se habían replegado. De nuevo unidos y con el poder en el Ejecutivo y el Congreso, se aprestan a continuar con los objetivos trazados. Aún falta que pase mucha agua bajo el río.