Como ya es costumbre en Guatemala, el gobierno de Alejandro Giammattei continúa la tradición de anunciar medidas sin molestarse siquiera en justificarlas. Esta vez anunció un nuevo estado de sitio en El Estor, Morales y Lívingston, de Izabal, y en Panzós y Santa Catalina La Tinta, de Alta Verapaz, con lo cual les da continuidad a medidas similares que ya se vienen adoptando desde tiempos de Jimmy Morales.
Por supuesto, la función del poder ejecutivo es justamente esa: tomar decisiones ejecutivas. Sin embargo, en sociedades como la guatemalteca, construidas desde su fundación en la exclusión de la mayoría y en el ejercicio del poder para beneficio de unos pocos privilegiados, tales decisiones abruptas solamente llevan a la desconfianza, especialmente si no existe una amplia y profunda explicación de parte del Gobierno que justifique tal medida tan drástica.
Lamentablemente, es esta profunda y arraigada desconfianza que les tenemos a las acciones del Gobierno la que ha complejizado enormemente la crisis sanitaria que vivimos. Cuando el Gobierno dice «quédate en casa», nadie le cree, especialmente porque parece tener un doble estándar de acción: a los sectores pudientes y adinerados los trata con mano de seda y a los sectores pobres y excluidos con mano de hierro. Las imágenes muestran capturas inmediatas de los responsables de las fiestas barriales, mientras que las autoridades tardaron muchos días en perseguir solamente a algunos de los involucrados en la famosa fiesta en una mueblería de Condado Concepción, que quedó profundamente grabada en la mente de los guatemaltecos.
Justo por este doble estándar de acción gubernamental es que se hace sospechosa cualquier decisión por parte del Ejecutivo, como, por ejemplo, el estado de sitio, las decisiones de reapertura y la declaratoria irresponsable del mandatario de que de ahora en adelante el Gobierno no tiene responsabilidad en la salud de los guatemaltecos. Por ejemplo, las medidas de excepción aplicadas en algunos municipios han generado sospechas precisamente porque el área en la que se limitan los derechos constitucionales coincide con algunas de las luchas de los movimientos populares en la defensa de la tierra contra proyectos extractivos, por lo que es factible pensar que, más allá de las escasas razones brindadas por el Gobierno, la motivación real de esta acción sea política.
[frasepzp1]
Lamentablemente, existe una lógica perversa en esta forma de actuar del Gobierno: con cada acción existen muchos actores que se sienten inconformes con tales decisiones, por lo que tarde o temprano surgen reacciones sociales de resistencia que hacen más compleja la capacidad del Gobierno para actuar. Por ello, la división, el voluntarismo y el conflicto son el sello más característico de la sociedad guatemalteca, en la cual por momentos parece que todo se mueve por simple inercia.
Las imágenes tomadas hace varias semanas de pobladores enfrentándose a la policía por la inconformidad ante los operativos anticontrabando en la frontera son un vivo ejemplo de estas dinámicas de desconfianza y de enfrentamiento cotidiano con la autoridad, lo cual hace aún más complejo el panorama de establecer un plan de desarrollo nacional que resuelva poco a poco los muchos problemas que nos aquejan como sociedad.
Para romper ese ciclo de desconfianza, enfrentamiento y conflicto se necesita una doble acción. Por una parte, se requiere la conciencia gubernamental de que cada decisión trascendental debe ser ampliamente fundamentada y discutida con la sociedad, de manera que se demuestre fehacientemente que el motivo es el bien común, y no el beneficio sectario y privado.
De parte de la ciudadanía se requiere la costumbre de respetar las reglas del juego de manera que no se busquen las mil y una formas de evadir las reglas, ya que tal costumbre de irrespeto solamente complejiza enormemente las posibilidades de resolver muchos de los problemas que aquejan a nuestra sociedad.
La mala noticia es que la creación de ese ciclo beneficioso de transparencia por parte del Gobierno, y de confianza hacia las autoridades de parte de la ciudadanía, no ocurre de la noche a la mañana. La buena noticia es que, como dicen los terapeutas, el primer paso para cambiar es reconocer nuestro mal. Y los males más grandes que tiene Guatemala son justamente la opacidad del Gobierno y el voluntarismo social de la ciudadanía. El cambio depende de todos.
Más de este autor