No le pude contestar. Leí en la portada un titular que no podía creer: «Justicia indígena divide». Debajo del titular solo alcancé a leer algo relacionado con comercio. La prisa por llegar a clases a las 10 de la mañana en punto me impidió continuar con la lectura.
Lo primero que hice al llegar al salón fue sacar mi teléfono y buscar la noticia en la página oficial del medio. Y sí, en efecto, debajo del título decía: «Cámara de Comercio afirma que se debilita a la CSJ (Corte Suprema de Justicia)».
La noticia trataba sobre las críticas que la Cámara de Comercio de Guatemala hizo en contra de las modificaciones propuestas al artículo 203 de la Constitución Política de la República, en las cuales se expone la necesidad de eliminar la exclusividad absoluta de la función jurisdiccional por parte de la Corte Suprema de Justicia y se adiciona que las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales de conformidad con sus propias normas, procedimientos, usos y costumbres, siempre que dichas funciones no sean contrarias a los derechos consagrados en la Constitución y a los derechos humanos internacionalmente reconocidos.
Estas críticas las expuso el presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Briz, durante la convención nacional de las filiales de dicha entidad, en la cual se contó con la presencia del presidente de la república, Jimmy Morales, quien se limitó a escucharlo y a responderle: «Excelente la manifestación de ustedes, porque ese es el punto. Usted mencionó la palabra clave. Son propuestas. No son leyes». Nada sorprendente la respuesta de nuestro presidente, siempre denotando el poco conocimiento e interés que tiene sobre las demandas que los diferentes grupos sociales exponen.
Al parecer, los empresarios no quieren entender que Guatemala es un país diverso, en el que conviven cuatro pueblos, y que el reconocimiento de estos conlleva incluir sus diferentes perspectivas de la realidad en un proyecto de Estado. Además, la reivindicación de los pueblos indígenas respecto a su libre determinación, aparte de significar avances importantes en la construcción de un Estado plural, traería consigo beneficios en la reducción de costos de la administración de justicia.
Como bien decía el filósofo y premio nobel de economía Amartya Sen, «el Estado puede mostrarse ciego ante la religión, pero no puede quedarse mudo ante la lengua». Es así como surge la necesidad de materializar los contenidos de los acuerdos de paz como el resultado de pactos sociopolíticos en materia de reconocimiento de la identidad y de los derechos de los pueblos indígenas, a partir de las demandas que diferentes sectores sociales plantean en el marco de las reformas constitucionales al sistema judicial en Guatemala, algo a lo que no se le puede dar la espalda.
Ojalá que la respuesta del presidente, aunque un tanto utópica, cuando en próximos eventos se le vuelva a plantear una crítica sobre la inclusión y el reconocimiento de la justicia indígena en las reformas constitucionales, sea que las propuestas sí se convertirán en ley y que no se quedarán solamente en planteamientos.
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