El miércoles 11 de enero recién pasado Prensa Libre notició: «Por segundo año consecutivo, las estadísticas de homicidios aumentaron en 2022 con relación al año anterior. Esto demuestra que la tendencia se revirtió después de 11 años en los que Guatemala venía reportando descensos en el número de muertes violentas»[1]. Y el análisis comparativo de otros medios de información nos indica que la tasa de homicidios el año anterior fue de 17.3 por cien mil habitantes (aproximadamente). Pero nadie dice ni hace algo. Todos estamos sumidos en un terrible mutismo, entre otras causas, por los distractores sociales que ocultan nuestra realidad.
Puede decirse entonces que estamos ante la concurrencia de dos brotes epidémicos en medio de la pandemia COVID-19: violencia y silencio.
Marcelo Colussi, en su artículo Violencia en Guatemala: un problema que rebasa la salud mental, indica: «La Organización Mundial de la Salud considera que existe una epidemia en términos sanitarios cuando se da una tasa superior a los diez homicidios por cada 100.000 habitantes en un período de un año (OMS, 2002)»[2]. Pues, para nuestro coleto estimado lector, estamos con una cifra de 7.3 arriba del número límite.
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Como si los anteriores jinetes de un Apocalipsis muy nuestro fueran pocos, ONU Mujeres ha alertado acerca de La pandemia en la sombra: violencia contra las mujeres durante el confinamiento. Y la información toral pareciera extractada de un guion de terror: «Una de cada tres mujeres en el mundo sufre violencia sexual o física, en su mayoría, por parte de su pareja […]. Desde que se desató el brote de COVID-19, los nuevos datos e informes que presentan quienes están en primera línea revelan que se ha intensificado todo tipo de violencia contra las mujeres y las niñas, sobre todo, la violencia en el hogar»[3]. La alerta es a nivel mundial y Guatemala no escapa a ella, pero seguro estoy, si se hiciera un estudio específico en nuestro país, la cifra aumentaría. Somos un país machista donde la misoginia es hasta motivo de presunción. No obstante, nadie dice ni hace algo porque los distractores son más cómodos que una aceptación de la realidad.
La COVID-19 va de salida, la violencia en aumento y el silencio al alza (sin que alguien diga o haga algo). Las redes sociales han permitido un desahogo muy temporal que, insisto, no rebasa el burdo insulto y muchas veces lanzado desde la oscuridad de un falso perfil. Hemos perdido la capacidad de denuncia y de protesta (apegadas a derecho).
Un año antes de que la COVID-19 se declarara como pandemia, el papa Francisco había advertido acerca de ese silencio con relación a la capacidad profética de los cristianos (que no dicen ni hacen algo). Durante la homilía de una misa celebrada martes 17 de abril del 2018 advirtió: «La Iglesia necesita que todos seamos profetas, es decir, hombres de esperanza, siempre directos y nunca débiles, capaces de decir al pueblo palabras fuertes cuando hay que decirlas y de llorar juntos si es necesario»[4].
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Según la misma fuente propuso «un verdadero y propio test para reconocer al profeta auténtico […]. Que, no es un anunciador de desventuras o un juez crítico y ni siquiera un recriminador de oficio. Sobre todo, es un cristiano que recrimina cuando es necesario, siempre abriendo las puertas y arriesgando en persona también la piel por la verdad y para resanar las raíces y la pertenencia al pueblo de Dios»[5].
Justo, esas son las capacidades que hemos perdido: abrir las puertas a la verdad, arriesgarnos por la verdad y pregonar la esperanza en un contexto de sana valentía y legítima denuncia.
¿Cómo recuperarnos del mutismo en que hemos caído?
Creo que, frente a ese brote amalgamado de violencia y silencio, este último (el silencio) debe darse de baja porque en ello nos puede ir la vida. Recuperar el poder comunicante y vinculante de la palabra puede ser el primer paso.
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