El anuncio que su primera acción como presidente electo, antes incluso de haber tomado posesión, sea en la negociación de una reforma fiscal basada en la revisión del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y una reducción de los privilegios en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) es promisorio. Aunque es una pena que haya sido el mismo Partido Patriota uno de los que la impidió durante la administración de Álvaro Colom y su ministro Fuentes Knight, es el camino correcto y el tiempo correcto.
Es de sentido común que los primeros cien días de gobierno son determinantes por la fuerza política con la que cuentan los mandatarios electos, por la legitimidad que otorgan las urnas. Son los días en los que tienen que tomarse las decisiones más duras, las reformas más profundas. Álvaro Arzú lo comprendió con las negociaciones de paz, la sustitución de los altos mandos militares y la desarticulación de la red de contrabando de Alfredo Moreno.
Otto Pérez Molina parece tener claro el primer paso en su primera semana presidencial. Aunque en frente tenga a una patronal como el CACIF –con la experiencia de haber frenado reformas fiscales sustanciales durante 60 años consecutivos y el picaporte de haber financiado buena parte de las tres campañas del Partido Patriota– y lleve las de perder. Son tres las campañas y las deudas si partimos de la que encabezó el Listado Nacional al Congreso en 2003 y las dos presidenciales. Esto implica compromisos inmensos con sus financistas, cuyo nombre se ha negado a publicar. Cuatro de las familias más ricas del país, los Gutiérrez-Bosch, los Castillo, los Novella y los Herrera son las únicas que mencionó a Pérez Molina a la embajada estadounidense, según uno de los cables diplomáticos filtrados a Plaza Pública por WikiLeaks.
Esta es la prueba de fuego sobre su independencia como Presidente de la República. La democracia, al final de cuentas, tiene su parte central en quién la financia. Si llena su gabinete de alfiles de la élite tradicional, seguramente no podrá si quiera planificar una estrategia de negociación sin que sus adversarios se enteren de sus conversaciones. O si basa su gabinete en radicales de derecha que se oponen a cualquier tímido intento de reforma, como también parece apuntar el mandatario electo patriotista, la situación no será diferente.
El nombramiento como futuro Ministro de Finanzas del técnico Pavel Centeno, exinvestigador de Flacso-Guatemala, es una buena noticia. Deberá leer a conciencia el libro Rendición de Cuentas del ex ministro Fuentes Knight (2008-2010) para tener claro a lo que se enfrentará. La oposición del G-8 y de los congresistas será implacable.
Esta prueba para dotar al Estado de recursos de manera sostenible para empezar a cambiar ese raquitismo tiene un escenario en la negociación con la patronal –que tiene la capacidad de frenar leyes en el Congreso– y otra con los partidos políticos, que tienen capacidad de hacer pasar leyes en el Congreso. En esta primera semana ya empezó a enfrentar el mismo sistema con el que su bancada vivió y creció: un sistema político clientelar y corrupto.
Antes que la bancada de Lider afilara las uñas, el Partido Patriota aprendió bien las tácticas del filibusterismo que antes había ejercitado sólo el disciplinado FRG. Y bloqueó a la UNE de Álvaro Colom, Sandra Torres y Roberto Alejos durante cuatro años, casi sin tregua. Pero que ahora el Partido Patriota quiera dar seguimiento a dos políticas centrales uneístas, las de Cohesión Social y la reforma fiscal, no sólo es una muestra de madurez política, sino una puerta que pueden abrir para entablar negociaciones parlamentarias serias, maduras, con sus archirivales de la UNE, ahora en manos únicamente de Sandra Torres.
La UNE y Torres, que aparentan tener más visión de Estado que sus pares de Lider de Manuel Baldizón –otros expertos en filibusterismo– podrían negociar apoyos a cambio de que les cedan la iniciativa. Que se institucionalice Mi Familia Progresa con una iniciativa de ley de la UNE y que se aprueba la reforma fiscal que negocien el PP y la UNE. Sí, aunque parezca lo inimaginable, en política democrática son los grandes partidos, los enemigos aparentemente hasta la muerte, quienes se necesita mutuamente para poder reformar el Estado.
Si las reformas fiscales (impositivas y presupuestarias) son las adecuadas para la democracia, obviamente será de esperar la reacción virulenta de la parte más conservadora de la élite y la prensa tradicionales. De los libertarios y los que están acostumbrados a privilegios tributarios y presupuestarios.
Pero si el PP y la UNE logran negociar un Presupuesto Nacional con mayor transparencia y menos clientelismo, institucionalizar los programas sociales y el presidente electo sienta las bases para una negociación de la reforma fiscal que no debería tardar más de un semestre, el nuevo período político habrá empezado con el pie correcto.
Serían de los primeros pasos para cambiar dos factores del fracaso democrático: un Estado con recursos financieros y un sistema político maduro.