Estado culpable

En marzo se cumplirán cinco años de la masacre en el hogar Virgen de la Asunción, mal llamado seguro. En ese crimen, 56 niñas que estaban a cargo del Estado quedaron encerradas en una habitación que fue incendiada. Como resultado de ese crimen, 41 niñas murieron y 15 sufrieron quemaduras que las marcaron de por vida.

El incendio se registró la mañana del 8 de marzo de 2017, justo cuando en el mundo se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer. Un día antes, hubo una fuga masiva de adolescentes a quienes luego la Policía Nacional Civil (PNC), detuvo y retuvo en las instalaciones. El escape masivo de niñas y niños, así como adolescentes, era la respuesta a los maltratos, tortura, violencia sexual y prácticas de trata que sufrían y habían denunciado. De hecho, la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), desde la administración de Jorge de León y luego Jordán Rodas, requirió infructuosamente, medidas cautelares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).

De acuerdo con las víctimas, los responsables de las agresiones eran  funcionarios de alto rango de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), a cargo de dichos centros. Eran quienes imponían castigos de sistemas carcelarios violatorios de derechos y también promovían los eventos de trata que incluían violencia sexual. De manera que, lejos de constituir un espacio de reencuentro familiar o recuperación, niñas, niños y adolescentes que no tenían conflicto con la ley sino que estaban en espera de retornar a sus hogares, enfrentaban la crueldad de personas adultas que debían protegerles.

El incendio y la masacre que este representa, es un crimen de Estado. Mientras el fuego consumió no solo el espacio de encierro sino las vidas de las niñas allí encerradas, ni la PNC, ni la jueza a cargo, ni personal alguno de la SBS en el lugar, intervino. Alegaron que no había llave aunque luego también dijeron que hubo orden presidencial de no abrir el espacio para liberar a las niñas.

Cinco años después, pese a la evidente responsabilidad de quienes enfrentan proceso penal, el juicio no avanza. Al menos en diez ocasiones ha sido suspendido el inicio de la audiencia. Desde incomparecencia de personas implicadas hasta la incapacidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de garantizar condiciones técnicas, han sido la excusa para no avanzar.

Sin embargo, en el fondo es más que evidente la intención oculta de procurar impunidad. Es la práctica más común en el Estado y sus funcionarios cuando son responsables de algún crimen. Más ahora que las estructuras criminales que perpetraron, toleraron y empujaron estos hechos, controlan todo el sistema de justicia en el país.

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Para que este caso avance no hay interés ni en el Ministerio Público (MP) ni en la CSJ. En el MP, su jefa, Consuelo Porras, está enfrascada en la campaña de criminalización a quienes combatieron la impunidad. Ella y su fiscal de la corrupción, Rafael Curruchiche, padecen de ceguera ante la evidente procura de impunidad en este caso. Ni qué decir de los sicarios de la justicia, prestos a perseguir a jueces, juezas y fiscales que actúan honestamente, pero que ante estos hechos callan y con ello, otorgan.

Las familias de las niñas y las organizaciones que les acompañan, desde el inicio han transitado el camino casi en solitario. Han enfrentado amenazas, persecución y sin embargo, han persistido buscando justicia. El sistema les ha fallado. Como en 2017 le falló a las niñas masacradas, como le sigue fallando a la niñez y la adolescencia que carece de condiciones para desarrollarse.

Decir que Guatemala es hoy por hoy un Estado criminal no es una exageración. Es la mejor manera de definir el funcionamiento de una institucionalidad que sirve al crimen organizado, lavadores de dinero, estafadores del Estado, corruptores y corruptos.

Si la niñez pide educación, salud, seguridad, justicia y un futuro promisorio, eso es lo que la sociedad y el Estado deben proveer. A las legítimas demandas de la niñez y adolescencia, se debe responder con prontitud y con eficiencia. Ni el fuego devastador que calcina vidas ni la impunidad que protege criminales puede ser la respuesta.