Esto se explica por la resistencia férrea que mantiene la articulación de estructuras políticas, económicas y mafiosas que unieron intereses en torno al FCN-Nación para defenderse de la amenaza por procesos de investigación y judiciales, así como por el aumento del rechazo de distintas fuerzas sociales y políticas. Lo previsible es que su fuerza sea diezmada y eventualmente sustituida en el control tanto del Legislativo como del Ejecutivo.
De ocurrir tal desplazamiento, este no necesariamente implica la desaparición de dichas estructuras, ya que en su carácter de redes pueden mutar y trasladarse a otras empresas partidarias y fuerzas políticas que incluso podrían estarse gestando ya, de cara a la siguiente contienda electoral. Así sucedió cuando migraron rápidamente del PP y de Líder al FCN-Nación, pasaron a integrar el bloque de partidos que controlan el Congreso de la República y vincularon a un tercio de las alcaldías municipales, a un conjunto de medios de comunicación masiva y a algunos cuadros secundarios en el Organismo Judicial.
Las evidencias procedentes de la investigación y el procesamiento de partes de estas estructuras informan que estamos ante redes de políticos, de funcionarios públicos, de militares y exmilitares, de empresarios tradicionales y emergentes y de criminales per se que se articulan dentro y fuera del Estado para el control de la institucionalidad y de la política pública. Su objetivo es extender y aumentar el control del mercado lícito e ilícito, la acumulación de capital y el enriquecimiento procedente de la corrupción y del saqueo de los bienes comunes.
Lo anterior implica que los segmentos visibles y no visibles de las redes y actores legales y legítimos que hoy están atrincherados también accionan para frenar los procesos de investigación y enjuiciamiento en su contra y garantizar que el actual gobierno concluya su período. Es en este marco en el que debe comprenderse la campaña política con la que se intenta detener y desvirtuar la acción de la Cicig y del MP y las movilizaciones masivas mediante las cuales se exige el antejuicio, la investigación, la renuncia y el enjuiciamiento del presidente, la depuración o disolución del Congreso, reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (entre otras normas) y la convocatoria a una asamblea nacional constituyente para la redacción de una nueva Constitución que funde un nuevo Estado.
Acudimos entonces a una disputa cuyo resultado dilucidará hasta dónde se logra el enjuiciamiento, la captura y el desplazamiento de quienes integran estas redes y estructuras. Esta disputa dependerá, desde mi punto de vista, de la decisión y la capacidad de segmentos de poder dominante para lograr tal objetivo y de la movilización social, que tiene como móvil inicial la indignación, el rechazo de la corrupción y la depuración de la Presidencia y del Congreso.
En el primero de los casos, pareciera que Estados Unidos, en el desarrollo de su estrategia y de sus acciones procedentes del Departamento de Estado, operadas por congresistas y funcionarios gubernamentales y por su embajada en el país, está decidido a avanzar en sus planes injerencistas. En especial, con la imposición de su agenda, que se traduce en la búsqueda de que las investigaciones de la Cicig y del MP logren procesar a funcionarios del más alto rango, como sucedió con el gobierno anterior y como sucede con el actual. También pareciera que algunos grupos empresariales —en coincidencia con la Embajada de Estados Unidos—han decidido el retiro de su apoyo al Gobierno, lo cual se manifiesta en la renuncia de los ministros de Finanzas, Gobernación y Trabajo.
Con relación a la movilización social, esto dependerá de la agenda que se logre madurar y convertir en hegemónica en este marco: una agenda acotada y conservadora o una estratégica y transformadora. Asimismo, dependerá de cuál será la estrategia, la capacidad organizativa (de articulación) y la capacidad para dilucidar los espacios, los tiempos y el tipo de acciones convenientes y necesarias para impulsar los objetivos que se propongan.
En un contexto en el cual los múltiples intereses, estrategias, etcétera, están en marcha y los procesos de investigación y hallazgos de corrupción y crimen siguen comprometiendo aún más al Organismo Ejecutivo y al Legislativo, la continuidad inmediata de la crisis está asegurada y podría extenderse y profundizarse.
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