Algunos sectores han dado muestras de ligeros, pero significativos, símbolos que implican un desmarque de Porras. La Corte de Constitucionalidad, en modo «gallo-gallina» permitió la segunda vuelta y no avaló la suspensión de Semilla, tampoco lo hizo la Corte Suprema de Justicia, órganos que habían sido sólidos del Pacto de Corruptos. Asimismo, el Cacif rechazó los intentos por cancelar a Semilla y se sintió aludido cuando el MP quiso actuar contra las Juntas Receptoras de Votos cuyos liderazgos están cercanos al círculo empresarial. El Tribunal Supremo Electoral (TSE), inicialmente fiel al mismo Pacto, dejó clara su distancia pues eran los señalados del supuesto fraude y se consolidaron al punto de que sostuvieron la presión para impedir que Giammattei y Porras se robaran la elección. Sin embargo, derivado del actuar del MP, el 28 de agosto, el Registrador de Ciudadanos del TSE admitió la orden del juez Freddy Orellana para suspender al partido Semilla, que fue impugnada ante el pleno del TSE. Pero por otro lado, el mismo TSE certificó las elecciones de segunda vuelta y el presidente Giammattei invitó a Bernardo Arévalo a una reunión para avanzar en el traspaso de mando.
Las tensiones varían, se estiran y contraen dependiendo de cada jugada. Curruchiche anunció antejuicios contra Semilla y movió la ficha contra los magistrados del TSE y el Registrador. Para ello, se legitimó en denuncias antiguas de cercanos del Cacif que incluso retiraron las denuncias, pues eran hechos antiguos que ya perdieron materia. Para hacer la próxima arremetida golpista, Porras junto a Fundaterror y los intereses criminales, con apoyo de algunos empresarios, necesitan reunificar al Pacto de Corruptos y dejar de lado las grietas que se han causado. De momento, si el MP presentara antejuicios contra Bernardo Arévalo, Samuel Pérez (o los que ya se presentaron contra el TSE) no tienen un futuro asegurado en las Cortes y podrían ser rechazados.
Para tratar de cambiar el clima y favorecer la criminalización, el MP ejecutó dos acciones:
1) El amparo presentado el 25 de agosto donde de forma desparramada incorpora variadas pretensiones, pero que en el fondo copia a los amparos preventivos que se han presentado desde 2015 para asegurar el derecho de manifestación. Sin embargo, este fue rechazado, lo que regresa a Porras a la esquina de la soledad. La fiscal general se presentó inusitadamente como agraviada por activistas y periodistas que la critican. Buscaba que la CC diera a entender que debía investigar «algo», y con eso le bastaría para sacar algún caso (conectando a los tuiteros con Semilla o cualquier otro invento) diciendo que la máxima corte le había ordenado investigar. El amparo contra Giammattei buscaba subir la apuesta para que cualquier resolución trajera al presidente al ruedo para dar la pelea. Al negarlo, se ve que el Pacto está desgranado y los golpistas no tienen la fuerza para rebasar ciertas líneas.
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2) Caso contra Claudia González: es la abogada más importante de los fiscales criminalizados (de Juan Francisco Sandoval y Virgina Laparra) y utiliza una denuncia de Blanca Stalling (con quien Porras comparte status de sancionada por EE.UU.) para hacerle un guiño a ella y a la CSJ y decirle que «deben estar juntas en este barco». También le recuerda al Cacif y a quienes se han desmarcado de la ofensiva golpista que existió una Cicig y que hay una guerra que debe ser terminada, y cuyo objetivo sería bloquear a Arévalo.
El MP no las tiene todas consigo pero sí a jueces aliados dispuestos a todo (como Jimi Bremer o Freddy Orellana) para continuar con la intentona golpista. El Cacif y comunidad internacional han tratado de asegurar la elección sin que necesariamente se dé la salida de Porras de la fiscalía. Es evidente que ella «se morirá con las botas puestas» y tratará de criminalizar a fiscales, periodistas y activistas en una estrategia donde su objetivo de impunidad es impedir que Bernardo Arévalo asuma la presidencia. Consuelo Porras (con sus cada vez menos alianzas empresariales, Fundaterror y algunos funcionarios y organizaciones) es insostenible y la ciudadanía, comunidad internacional, empresarios decentes y funcionarios que no quieren vivir en una dictadura deben demandar su renuncia inmediata. Ella es la causa real de la ingobernabilidad y la crisis.
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