Con el mayor desparpajo, un hombre de negocios que ha engordado su bolsillo a costas de los recursos públicos, en especial del malogrado sistema de salud, mira retador a las cámaras que lo muestran como lo que es: el rostro vivo de la corrupción, del mercadeo de voluntades, del negocio de la democracia.
Mientras la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) verificaba si Alejos contravenía las condiciones de las medidas especiales de caución, resultó que no solo las violaba, sino que eran pretexto para negociar. En este caso, negociar las fases de selección y elección de magistraturas a las salas de apelaciones (SA) y a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), instancias que estarían directamente involucradas en conocer no solo los casos por los que él está sujeto a proceso, sino los de otros que, como él, deben enfrentar la justicia por corruptos y corruptores.
Alejos Cámbara utilizó de parapeto un centro asistencial privado y las instalaciones de este para instalar lo que pinta como centro de operaciones de la segunda vuelta de robo de las cortes a la ciudadanía. Apoltronado en el lugar desde noviembre, cuando consiguió que una jueza sustituta le permitiera recibir tratamiento médico, se movía de un lugar a otro como Pedro por su casa, sin los guardias de seguridad del Sistema Penitenciario.
Todos los sectores ligados a las comisiones de postulación estuvieron representados en los encuentros de Alejos con sus visitantes. De igual forma, el Congreso, cuya vicepresidenta, integrante de la bandada de Mario Estrada —convicto por narcotráfico en Estados Unidos—, también contactó al enfermo de corrupción. La descripción de la escena encontrada por la FECI en el lugar de reuniones de Alejos no puede ser más gráfica del estilo en el que los pactos criminales han operado en el país. Carnes y bebidas alcohólicas compartían refrigeradora con la lista completa de congresistas de la actual legislatura, a la vez que cintas de fajos de dinero de los bancos del sistema aparecían semiquemadas en el inmueble, en tanto el anfitrión cargaba en una bolsa de su pantalón la bicoca de 65,000 quetzales.
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Con esas condiciones no hay manera de que una sola parte del proceso de designación de magistraturas a las SA y a la CSJ esté libre de sospecha de compra de voluntades y, por lo tanto, de manipulación asquerosa. En algún punto es necesario romper el círculo vicioso de la corrupción y la impunidad. La situación evidenciada por el trabajo tesonero de la FECI y de su jefe, Juan Francisco Sandoval, muestra que esta elección de cortes no puede seguir bajo tal esquema.
Eso hace indispensable que la ciudadanía alce la voz hasta hacerse escuchar por todos los medios posibles a fin de expresar su respaldo al trabajo de la FECI y al equipo de Juan Francisco Sandoval, a la vez que exija a la titular del Ministerio Público, Consuelo Porras, salir de su letargo o dejar el puesto.
Nos toca rechazar este estado de cosas como corresponde. No se trata solo de movilizar a la ciudad capital en torno a los poderes estatales. También se puede manifestar el repudio en provincia ante las y los congresistas distritales, así como ante las sedes departamentales del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. En las universidades que forman parte de las comisiones de postulación, al estudiantado y al cuerpo docente y profesional ajeno a las corruptelas mostradas les corresponde que sus voces se hagan oír.
A las instituciones encargadas de analizar los procesos legales en marcha o por venir en lo que significa este proceso de elección les toca detener una elección viciada y corrupta, como otras, pero esta vez evidenciada a plenitud. O alzamos la voz y nos movemos o seguiremos en el rumbo del despeñadero.
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