La orden de captura fue emitida por el tribunal que instruye el juicio en el cual se lo sindica falsamente de cinco delitos que incluyen usurpación agravada, por el cual no hay derecho a medida sustitutiva. Algo normal en procesos encaminados, mediante uso indebido del derecho penal, a criminalizar a defensores o defensoras de derechos humanos.
Desde hace años Abelino trabaja con la Fundación Guillermo Toriello. Su labor es absolutamente pacífica y se enmarca en el derecho a la defensa del territorio impulsada por el pueblo q’eqchi’. Dicha circunstancia le ha significado ser reconocido y valorado con mucho prestigio. A tal grado que las mismas autoridades lo llamaron en varias oportunidades para que mediara en incidentes o conflictos a fin de alcanzar soluciones dialogadas.
En el más reciente evento, antes de su captura, Abelino fue requerido para convencer a una comunidad en la zona del Polochic de que desocupara unos terrenos, pues el juzgado había emitido orden de desalojo. Abelino pidió tiempo para desplazarse al punto, a por lo menos 40 minutos de distancia a pie. Las autoridades que ejecutarían la orden le dieron diez. Pidió más y le dijeron que fuera. Apenas había caminado 20 minutos (es decir, iba a mitad del camino) cuando el contingente de policía lo rebasó y ejecutó violentamente la orden de desalojo. Después Abelino fue apresado, sindicado de varios delitos.
Cuando se produjo la audiencia en la cual el Ministerio Público (MP) debía presentar las evidencias de la acusación, el ente pidió al tribunal la clausura del caso por no haber evidencia en contra del promotor. Pese a ello, el juez a cargo de la causa no solo no la clausuró, sino que ordenó el encarcelamiento de Abelino y le negó el disfrute de una medida sustitutiva.
La prisión política es hoy en día el arma utilizada por el sistema para reprimir a quien desde el espacio comunitario defiende el derecho al territorio. Así fue señalado desde el 2015 por el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos. Dicha instancia, formada por la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), produjo el informe Más pequeños que David luego de la misión de observación a Guatemala.
En dicho informe explicaban cómo en un sistema organizado para perpetuar las violaciones de derechos humanos funcionan las estructuras de criminalización. De esa suerte, el ejercicio del derecho a defender derechos en Guatemala representa enfrentar agresiones que incluyen encarcelamiento e incluso la muerte. Antes de Abelino, otros dirigentes comunitarios en las zonas de Huehuetenango, San Marcos y San Juan Sacatepéquez han sido encarcelados por defender el derecho al territorio ante el empuje de la industria extractiva, esa que se impone mediante la compra de voluntades en el Estado y que explota irracionalmente los recursos naturales.
Desvío de ríos, robo de vida en las comunidades, alteración de registros de propiedad, producción de estudios corruptos de impacto ambiental, uso extensivo del suelo con monocultivos destructivos y minería asesina a cielo abierto son tan solo algunos crímenes contra el ambiente, los cuales, para ser justificados, también van acompañados de campañas mediáticas en contra de quienes defienden el territorio o de quienes los acompañan.
El profesor Abelino Chub Caal está en prisión, encerrado en una cárcel capitalina por defender pacíficamente el derecho a la vida. El sistema lo criminaliza y se ensaña con quien pacíficamente trabaja por el bien común. Por eso, quienes con egoísmo buscan usar para su beneficio económico los recursos naturales usan su poder para perseguirlo. Abelino y todo defensor o toda defensora de la vida y de los derechos humanos merecen ejercer su labor en paz y con garantías de protección. Merecen estar en libertad, no encarcelados.
Más de este autor