Mientras escribo esta columna, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad todavía discuten si botarán la sentencia por genocidio y lesa humanidad, si la cortarán y quitarán la palabra genocidio, si borrarán la justicia alcanzada hace dos semanas y el prestigio ganado por el país y nos regresarán (o intentarán regresarnos porque el paso ya está dado) al siglo XX.
Mientras eso ocurre, podemos analizar críticamente la sentencia. A fin de cuentas, ni el mismo Ríos Montt negó que hubiera habido genocidio en su declaración, sólo dijo que no había sido él el responsable, sino sus subalternos.
Entonces, si bien es una sentencia muy valiente, histórica, irreversible, que debe mantenerse y que avanza en la jurisprudencia mundial al incluir las violaciones sexuales como elemento del crimen de genocidio, me parece que tiene una pata coja que se mantiene desde el Rehmi y la CEH, desde hace quince años, con la que bien podríamos haber avanzado. Y es que el resumen de la sentencia, leído el 10 de mayo, habla de campesinos a los que les cayó la contrainsurgencia genocida como si fuera un tsunami.
Antes de seguir es necesario enfatizar dos elementos capitales. Ninguno de los campesinos ixiles o mayas, ni nadie, imaginó la barbarie que llevaría a cabo el Estado, la barbarie genocida. Y los campesinos eran civiles desarmados. Y se cometió genocidio.
Pero tampoco es que fueran “buenos salvajes” que estuvieran pastoreando, como algunos latinoamericanos y europeos de derechas e izquierdas los hemos dibujado desde el siglo XIX. Eran muchos hombres y mujeres que estaban cansados de las injusticias, las humillaciones, nacer, crecer y morir en la pobreza por un sistema económico de finca que los condenaba para siempre al fracaso. Y tenían todo el derecho y la legitimidad para simpatizar con ideas de cambio social. Como tantos seres humanos del planeta Tierra.
Eso, esa simpatía con el cambio social, no merecía ninguna reacción violenta desde los agentes que deberían organizarse para promover el cambio social y más armonía en la sociedad. No es delito ni algo inmoral ni nunca algo que merezca una respuesta genocida por parte del Estado. El Estado castigó individualmente a mestizos y a blancos que reclamaran más derechos –sí, los castigó por reclamar derechos– y a los indígenas los castigó grupalmente.
En fin, eran sujetos, no objetos. Eran guatemaltecas y guatemaltecos que tenían sueños, que trabajaban y que querían mejores comunidades. La alternativa individual-familiar que les queda para prosperar es la migración, y uno de cada diez guatemaltecos se arriesga en el infierno mexicano para llegar a Estados Unidos.
Y como ahora, tras una sentencia histórica, queremos reescribir la historia de nuestra sociedad y nuestro Estado, bien nos vendría empezar a considerarnos como lo que somos, sujetos soberanos de nuestras vidas.
