Navegar una crisis alimentaria sin estadísticas oficiales actualizadas o débiles no es un accidente de gestión; es una estrategia política de invisibilización que perpetúa los privilegios de quienes han hecho del hambre un modelo de negocio en Guatemala.
Es profundamente penoso, por no decir indignante, que la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (ENSMI) no se haya realizado durante esta administración. A pesar de los reiterados informes de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) que exigían su ejecución como un insumo vital para atender la situación de vulnerabilidad de millones de niños, el Gobierno se escudó en la absurda justificación de la falta de financiamiento y en una supuesta dependencia estructural de las donaciones. En el país donde la información epidemiológica y nutricional debiera ser una de las principales armas de combate contra el gigante de la desnutrición crónica, el Estado decide, deliberadamente, apagar los radares.
Como consuelo de desamparados, la institucionalidad pública pretendió sustituir este vacío con la Encuesta Nacional de Desarrollo en Salud (ENDESA) que redujo el tamaño de la muestra y sin el alcance de todos los indicadores de la ENSMI y que, para colmo de males, no han sido capaces de presentar un informe final con datos concluyentes. La ceguera estadística se profundizó en este 2026 al confirmarse que tampoco se realizó la Encuesta de Seguridad Alimentaria (ESA), un ejercicio técnico que años atrás asumió el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y ante el cual el Estado de Guatemala jamás movió un solo dedo para institucionalizarlo o financiarlo con fondos propios. Que en una nación con índices alarmantes de inseguridad alimentaria no nos preocupe medir el estado nutricional de nuestra población es una muestra palmaria de indolencia gubernamental.
Si el Estado insiste en mantener los ojos cerrados ante el hambre para prolongar sus granjerías, serán los ojos de la ciencia ciudadana los que sigan alumbrando la transformación y el camino hacia la soberanía alimentaria de nuestros pueblos.
Las implicaciones de este apagón de datos son catastróficas para la planificación del desarrollo. Sin los insumos de estas encuestas, la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF) se desarrolló este año de forma tardía. Ignoraron de manera irresponsable la inminente amenaza climática del más que confirmado evento de «El Niño», privando a los sistemas de alerta temprana de la información primordial –oportuna– requerida para mitigar crisis alimentarias y nutricionales. La falta de institucionalización del CIF evidencia que seguimos dependiendo de la cooperación internacional para tareas que competen de forma exclusiva a la soberanía del Estado. Peor aún, los informes de la fenecida Gran Cruzada por la Nutrición terminaron financiándose con el presupuesto de un préstamo de 100 millones de dólares del Proyecto de Crecer Sano, el cual fue desviado de su propósito original —servir como línea de base y evaluación final— para maquillar los resultados de una estrategia política cuyos datos finales siguen sin aparecer.
Toda esta debacle técnica nos conduce a una cruda conclusión: la lucha contra el hambre en Guatemala se ha transformado en un lucro institucionalizado. A las élites burocráticas y a ciertos sectores intermedios les interesa mantener el statu quo del subdesarrollo porque no están dispuestos a perder los privilegios políticos y económicos que les otorga la administración de la miseria. Es por ello que la ciudadanía y los pueblos organizados debemos romper de forma definitiva estos ciclos perversos y clientelares.
¿Cómo operamos esa ruptura ante la ausencia deliberada del Estado? La respuesta la encontramos hoy en la tecnología y la apropiación comunitaria del conocimiento, un fenómeno emergente que podemos definir como ciencia ciudadana al servicio de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN). En diversos territorios olvidados por el poder central, donde la institucionalidad pública carece por completo de legitimidad, las comunidades rurales están tomando el control. Hoy en día, la tecnología pone en nuestras manos aplicaciones móviles automatizadas para medir la inseguridad alimentaria en tiempo real. Diversas organizaciones locales están utilizando estas herramientas digitales no solo para focalizar el apoyo humanitario hacia las familias más vulnerables, sino para empoderar a la juventud comunitaria.
A través de estas plataformas, jóvenes locales levantan censos, procesan indicadores y generan diagnósticos comunitarios inmediatos. Este ejercicio no se realiza al margen de las realidades históricas; por el contrario, se articula de forma dual a través de la debilitada institucionalidad pública disponible y mediante las estructuras de las organizaciones comunitarias tradicionales. De este modo, la comunidad ya no espera la llegada tardía y condicionada de un burócrata de la capital; posee los datos en sus manos, lo que le otorga autonomía técnica y política para exigir sus derechos y gestionar soluciones directas a sus problemáticas.
Este empoderamiento civil y científico ya muestra resultados concretos en el Corredor Seco del país. Allí se ha consolidado una red de monitores voluntarios del clima, integrada por agricultores locales que registran variables de pluviosidad, temperatura y humedad en sus parcelas. Estos datos son reportados directamente a las oficinas municipales y, al cruzarse con los boletines del INSIVUMEH, se convierten en la herramienta más útil y fidedigna para el análisis de riesgo y el diseño de planes comunitarios frente a la crisis climática actual. De la mano de este monitoreo, los productores implementan prácticas ancestrales y agroecológicas —como la conservación de suelos y la agroforestería— en la búsqueda de una producción saludable y libre de los pesticidas y abonos industriales que agreden a la Madre Tierra.
La ciencia ciudadana, las iniciativas comunitarias, la adaptación climática y la defensa del territorio caminan con paso firme y autónomo desde las bases. Mientras las comunidades rurales demuestran un liderazgo técnico y moral inquebrantable para proteger la vida, el liderazgo nacional de las instituciones públicas sigue siendo el gran ausente. Si el Estado insiste en mantener los ojos cerrados ante el hambre para prolongar sus granjerías, serán los ojos de la ciencia ciudadana los que sigan alumbrando la transformación y el camino hacia la soberanía alimentaria de nuestros pueblos.
