Es innegable que los magistrados y otras autoridades del TSE han perdido autoridad a ojos de los dirigentes de los partidos más fuertes, por cuanto sus resoluciones son irrespetadas, incumplidas, o desafiadas en el caso menos perjudicial.
El problema no radica en forma exclusiva en que los actuales magistrados parecen débiles ante el empuje y la fuerza de las organizaciones partidarias. Se trata de un problema de fondo, en el que se conjugan diversos factores.
t;p>Por un lado, tenemos que la legislación no avala del todo, o por lo menos no de forma contundente, la acción preventiva y sancionatoria del TSE en lo que respecta a varios temas electorales, entre ellos la anticipación en la salida de los candidatos, la propaganda, el proselitismo y el control de la inversión financiera.
Por otro lado, en el transcurso de las dos últimas décadas se configuró paulatinamente en el universo político de Guatemala un nuevo flujo de poder, que ha ido colocando a algunas organizaciones partidarias por encima de la autoridad electoral.
En esa dinámica, el TSE, sus magistrados y funcionarios entraron en una ruta de debilitamiento; en tanto que los partidos que manejan inversiones multimillonarias desde el ejercicio del poder público o desde la oposición, se han convertido en quienes definen los límites y los alcances del régimen político electoral.
En la práctica, el margen de maniobra para la autoridad constituida mediante ley de rango constitucional es escaso, limitadísimo. En contraposición, están fortalecidos los dirigentes de esas organizaciones multimillonarias, que al mismo tiempo se han ido especializando en la mera factura electoral, de corte clientelar, que actúan mediante estructuras desmontables y liderazgos nacionales o locales que tienen carácter efímero.
Con estos dirigentes, de la mano, han cobrado influencia y don de mando los elusivos y misteriosos financistas, que desde el mundo de la legalidad o desde el inframundo del poder oculto realizan cuantiosas inversiones en los momentos cumbres del período electoral, para posteriormente celebrar formidables negocios al amparo de quienes ejercen el poder público.
Por eso no debe extrañarnos que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, otrora tratados como honorables y respetados juristas, sean vistos hoy por algunos partidos como simples funcionarios que, cada cuatro años, tramitan la organización y la logística de una jornada de votaciones. Lejos quedaron los tiempos en que personajes como Arturo Herbruger Asturias contenían con apenas un par de palabras los impulsos más fuertes y feroces de la gente con poder.
Pero eso es historia. Ahora tenemos lo que vemos y nada más. De manera que el reto para todos es impulsar el desarrollo de dinámicas distintas, que conduzcan al reposicionamiento del TSE y sus autoridades como rectores del régimen político electoral en Guatemala.
No debemos permitir que los dirigentes partidarios y sus financistas los vean solamente como tramitadores de jornadas de votación. Los magistrados y otros funcionarios del TSE también tienen el deber y la obligación, así mismo el derecho, de recuperar respeto, posición y fortaleza institucional.
Pero generar estas nuevas dinámicas es un reto colosal, porque quienes puedan cambiar el estado de las cosas no tienen interés, ni voluntad; y quienes quieren hacerlo carecen de espacios y apoyo para concretar avances.
Los dirigentes políticos y sus partidarios en el Congreso de la República han eludido constantemente el mejoramiento general del régimen político electoral, precisamente para impedir que la autoridad de la materia pueda tener controles más amplios y definidos. No van a permitir que el TSE pueda aplicar sanciones pecuniarias y administrativas que sienten ejemplo y constituyan en realidad un freno a los desmanes partidarios.
De momento no hay condiciones propicias para hablar de una reforma profunda a la Ley Electoral. No conviene, ni es pertinente. Habrá que esperar un mejor momento, una vez se inicie la nueva gestión gubernamental.
Pero es un tema pendiente para todos los sectores nacionales, que deberemos abordar tarde o temprano. Me parece que las estructuras partidarias grandes que tienen el dinero y la maquinaria electoral no serán aliados confiables en el esfuerzo de impulsar cambios, pero hay que intentarlo con los partidos diferentes y la dirigencia que quisiera imprimir nuevos comportamientos políticos en el país.
Si fracasamos, nuestras expectativas de fortalecimiento democrático y de desarrollo político electoral se verán ahogadas por las imposiciones de poderes interesados en mantener al Estado y sus instituciones en situación de vulnerabilidad y manipulación, para continuar negociando y enriqueciéndose con total libertad e impunidad desde el ejercicio del poder público.
