Son las 9 de la noche del 15 de noviembre de 1989 cuando el coronel Benavides le dice: “Camilo, andá a darle la orden al Batallón Atlacatl”. Casi 22 años después, el teniente coronel Camilo Hernández asegura que se negó a dar esa orden, pero no a entregar el rifle que terminó con la vida de seis sacerdotes jesuitas, su cocinera y su hija, en la UCA. Casi 22 años después, él y otros 19 militares salvadoreños enfrentan una orden internacional de captura dictada por el máximo tribunal de España.
Carlos Camilo Hernández Barahona era el segundo al mando de la Escuela Militar en noviembre de 1989. Ahí recibió el Batallón Atlacatl las órdenes para asesinar a los sacerdotes jesuitas de la UCA. Poco tiempo después fue uno de los tres únicos militares juzgados y encontrados culpables por el crimen, junto al director de la Escuela, el coronel Guillermo Alfredo Benavides, y su asistente, el teniente Yusshy René Mendoza. Hernández Barahona fue condenado a tres años de prisión, excarcelables; los otros dos fueron liberados un año después al aplicárseles la Ley de Amnistía.
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