Indicó en la página 182 que «estos países arrojaron resultados negativos [como] el aumento en los niveles de violencia letal, el fortalecimiento de redes criminales, el congestionamiento de sistemas carcelarios [ya sobrecargados], la violación de los derechos humanos [particularmente en contra de jóvenes y menores de edad] y el abuso de autoridad».
Es predecible el fracaso de la práctica de la propuesta de ley presentada, con el agregado de que el dictamen de la ley antipandillas es a todas luces inconstitucional. La propuesta más aberrante consiste en adicionar el artículo 391 bis al Código Penal:
«Quien perteneciere, se organizare o constituyere una estructura criminal denominada pandilla, mara, clica o crimen organizado, caracterizados por dos o más de los siguientes elementos: I. Que utilicen cualquier tipo de lenguaje, símbolos o gestos identificativos de pertenencia a la pandilla, mara, clica o crimen organizado…».
¿Cómo se determina que alguien pertenece a una pandilla? Un tipo penal que pretende juzgar a las personas por sus relaciones sociales, y no por su conducta, puede abrir la puerta a interpretaciones antojadizas en la práctica que a su vez pueden derivar en violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, en el delito de homicidio se debe demostrar que una persona es culpable mediante pruebas para determinar tiempo y lugar del delito, móvil, arma y víctima. Los anteriores son criterios objetivos y aplicables a todas las personas. En contraposición, un delito de pertenecer implica demostrar cuestiones subjetivas de afinidad y convivencia de las personas. ¿Y si una persona es amiga de un grupo de pandilleros y no sabe que lo es? En el imaginario social, se cree que un pandillero está completamente tatuado y habla de cierta forma, pero ¿no el coronel del Estado Mayor Presidencial capturado en abril de 2018 acusado de financiar a la Mara Salvatrucha cumple con ese perfil? Esta falta de claridad resulta más peligrosa aun si cualquier gobernante de turno pudiera resignificar el concepto de pandilla y acusar a cierto grupo opositor o defensor de derechos humanos.
Un tipo penal que pretende juzgar a las personas por sus relaciones sociales, y no por su conducta, puede abrir la puerta a interpretaciones antojadizas [que] pueden derivar en violaciones de derechos humanos.
Por lo anterior, la redacción actual del dictamen contraviene el artículo 9 de la Convención Americana y el 17 de la Constitución Política de la República, que exige que toda acción u omisión criminal sea definida «de forma expresa, precisa, taxativa y previa» y que dicha acción u omisión no permita interpretaciones subjetivas que posibiliten el abuso de poder (criterio sustentado por la Corte IDH en los casos Usón Ramírez vs. Venezuela, Baena Ricardo y otros vs. Panamá y Kimel vs. Argentina, así como por la Corte de Constitucionalidad en los expedientes 1097-2015, 3292-2015 y 639-2006, por ejemplo).
El dictamen de ley evidencia un claro desconocimiento de la normativa constitucional y convencional, pero sobre todo falla como estrategia de seguridad ciudadana. Si la mano dura no ha funcionado, ¿por qué repetir el mismo error del pasado? El Informe del PNUD citado al inicio recoge programas con efectos positivos en la disminución de índices criminales, como Fica Vivo (Brasil), Plan Cuadrante (Colombia), Barrio Seguro (República Dominicana) y Todos Somos Juárez (México). Otros países lo han logrado con estrategias de prevención e invirtiendo en educación y recreación, y todos tienen algo en común: no necesitaron declarar terroristas a las pandillas juveniles ni contravenir el orden constitucional. Consideraciones a tomar en cuenta en tiempos en los que un Congreso continúa con su agenda regresiva a pesar de la crisis sanitaria del país.
