El análisis realizado por Edgar Gutiérrez y publicado en El Periódico el 22 de octubre me parece esclarecedor respecto a la dinámica de la transformación reciente del crimen organizado en Guatemala. Hace tiempo que los criminales (¿o debo llamarlos emprendedores disruptivos?) no se conforman con los negocios lícitos e ilícitos que combinan para ir descriminalizando su fuente de acumulación. Resulta que ahora se puede observar una estrategia de control de los poderes del Estado, con efectos en el mediano y el largo plazo, sin que la clase dominante emita un leve gemido.
Evidentemente, no se trata de un problema identificable y extirpable. Tengo la impresión de que diversos gremios se perciben muy a gusto con el discurso hipócrita del Estado de derecho que se articula con otro discurso violento, cínico, pragmático, de negocios en pocas palabras, en el cual se vale todo mientras se pueda y en el cual, cuando no se puede, se tuercen la ley, las instituciones y las personas.
El problema se hace más intenso para este país, ya que ocurre en la cúspide del fenómeno neoliberal, que en Guatemala tiene el mejor escaparate de su triste fracaso o de su arrogante éxito, dependiendo de la clase social desde la cual se le contemple. Recordemos que el neoliberalismo se encargó de hambrear y mutilar al Estado, de manera que no podemos pedirle a ese Estado que regule, legisle y haga cumplir la ley, ni siquiera que construya un libramiento carretero que funcione en época lluviosa o un hospital de campaña que al menos cuente con personal adecuado y suficiente.
El problema se hace más intenso para este país, ya que ocurre en la cúspide del fenómeno neoliberal, que en Guatemala tiene el mejor escaparate de su triste fracaso o de su arrogante éxito.
Más allá de la argumentación de Gutiérrez, que me parece rigurosa y confiable, solo me atrevo a disentir tangencialmente del nombre de su columna. Y la razón ya la anoté arriba. No es la primera vez que se emplea el Estado con total impunidad para saquearlo, hacer negocios, acumular capital y luego lavarse la cara para que un par de generaciones después se pueda hacer alarde de honorabilidad y pedigrí.
Podemos indagar hasta la Colonia, pero un parteaguas histórico, la mal llamada Reforma Liberal, fue en realidad una piñata de los bienes públicos en la cual corruptos racistas como Justo Rufino Barrios repartieron entre sus amigos lo que no era suyo, pero lo hicieron porque podían, así de simple. Ni siquiera tuvieron que molestarse en someter al orden a un poder judicial o a una instancia parlamentaria. Y lo mismo siguió ocurriendo para que los monopolios del cemento o de la cerveza prosperaran o para que los actuales capitales narcoganaderos, palmeros o azucareros siguieran operando con total impunidad cada vez que violaran derechos laborales o destruyeran el ambiente.
Una y otra vez, casos de corrupción, jueces ciegos, congresos amansados. Y los grandes capitales, en la sombra, muy a gusto, fingiendo ser liberales. Algo así como lo que ocurrió con el decomiso de 122 millones de quetzales realizado por la FECI. Se destapó una megacaleta vinculada a uno de los empleados de confianza de los dueños de la finca y solo escuchamos un atronador silencio. Por algo será.
