El comisionado de la Cicig habló ante el Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento en defensa de Thelma Aldana, ex fiscal general y candidata presidencial acusada esta semana de actos de corrupción.
Velásquez subrayó que lo que sucede en Guatemala no es cuestión de personalidades. No es una batalla entre él y el presidente Jimmy Morales. El problema real es más bien un ataque al Estado de derecho perpetrado por un grupo de poderosos actores interesados en que la impunidad continúe. Estos actores incluyen al Ejército, a altos funcionarios de gobierno y a empresas privadas.
Velásquez dijo que tal ataque ha adquirido distintas formas desde la decisión unilateral del Gobierno del pasado mes de enero de dar por terminado el acuerdo de la Cicig. Citó la forma gradual en la que el Ejército se ha apoderado de las funciones de la Policía y el retorno de la simbología militar, incluyendo a políticos vistiendo trajes de faena y prominentes despliegues de vehículos militares. Esto ha tenido un enorme impacto en Guatemala, dijo, debido a la gran cantidad de civiles que fueron víctimas del Ejército durante los 36 años del conflicto armado. También llamó la atención sobre ataques a defensores de derechos humanos, así como sobre la compra de algunos jueces y las amenazas a otros.
Los miembros del subcomité [del Parlamento Europeo] expresaron su apoyo a la Cicig y al Estado de derecho.
Adicionalmente, Velásquez dijo que estaba preocupado por que este grupo de poderosos actores, impulsados por sus propios intereses, esté trabajando para manipular el proceso electoral previo a las elecciones presidenciales del 16 de junio en Guatemala. En especial, expresó su preocupación por la presentación de cargos penales contra la ex fiscal general Thelma Aldana el martes. Los cargos están relacionados con supuestos hechos de malversación de fondos y de evasión fiscal, pero resultan sospechosos en vista de que fueron presentados el mismo día en que la exfiscal fue inscrita como candidata presidencial. Aldana trabajó estrechamente con la Cicig en varios casos anticorrupción durante su período, entre los cuales destaca el caso La Línea, que dio como resultado la renuncia y el arresto del expresidente Otto Pérez Molina y de la exvicepresidenta Roxana Baldetti. Velásquez le dijo al Parlamento Europeo que Aldana había sido acusada precisamente como resultado de sus acciones, orientadas a ponerle fin a la impunidad que rodea los hechos de corrupción.
Velásquez elogió el apoyo de la Unión Europea y de sus Estados miembros, los cuales, indicó, proporcionan dos tercios del financiamiento de la Cicig. Le dio la bienvenida a la resolución del Parlamento Europeo del 14 de marzo sobre la situación de derechos humanos en Guatemala y pidió que la Unión Europea y sus miembros tomen aún más medidas para ampliar su apoyo a la Cicig y al Estado de derecho en la esfera política.
Los miembros del subcomité expresaron su apoyo a la Cicig y al Estado de derecho. Algunos indicaron que podría haber potenciales repercusiones para Guatemala si los ataques al Estado de derecho persisten. La europarlamentaria Molly Scott Cato dijo que el Parlamento está en posición de retirar condiciones favorables de comercio para Guatemala. El europarlamentario José Inácio Faria, por su parte, especificó que los constantes ataques al Estado de derecho ponen en duda la inclusión de Guatemala en el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la UE. Guatemala se unió a dicho acuerdo en diciembre de 2013, lo que dio como resultado la eliminación de barreras comerciales. Faria añadió que la ley de amnistía propuesta por el Congreso de Guatemala, que liberaría a quienes han sido condenados por crímenes graves y pondría fin a los juicios que se llevan a cabo por dichos crímenes, es inaceptable.
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Léalo también en inglés en el Monitor Internacional de Justicia.
