Cárcel o exilio han sido las consecuencias para personas defensoras de derechos humanos, operadoras de justicia o periodistas. En el calvario que les toca enfrentar a quienes el uso espurio de la ley lleva a privar de libertad, incluye el litigio malicioso. Un elemento más que suma al uso indebido de la ley. De esa cuenta, además de las acciones prevaricadoras de jueces y fiscales, se suma las prácticas que buscan alargar innecesariamente los procesos a fin de mantener en prisión a las personas perseguidas.
De esa cuenta, por ejemplo, el periodista José Rubén Zamora, expresidente del diario elPeriódico –que fue forzado al cierre–, está literalmente secuestrado por el sistema desde hace tres años. En un giro que sería digno de una comedia si no fuese por el impacto en la vida de una persona y su familia, resulta que el expediente está perdido. ¿Cómo es posible que suceda semejante cosa? ¿Cómo es que el sistema no actúa de oficio contra los entes responsables del resguardo de dicho historial? ¿Acaso no debería ser esa razón para liberar de responsabilidades al periodista? Todo el esquema de garantías procesales ha sido violentado de manera flagrante y en esto ni la ineficiente Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) ni la oficina del Mecanismo Contra la Tortura son capaces de accionar.
Se asocian para utilizar la ley como un arma mortal, negar todas las garantías procesales a las personas ilegalmente imputadas y emplear los recursos de protección legal como una herramienta de tortura.
El caso de las autoridades indígenas también sigue el mismo patrón. Luis Pacheco y Héctor Chaclán, expresidente y extesorero de la Asociación 48 Cantones de Totonicapán, respectivamente, son criminalizados por el ejercicio de derechos. En un manejo racista y discriminatorio de la ley, el Ministerio Público (MP) busca condenar las formas ancestrales de organización de pueblos indígenas y el ejercicio del derecho de reunión y asociación. Por si fuera poco, se han dado diligencias judiciales que deben suspenderse por incomparecencia del MP o por falta de titular del juzgado debido a recusación planteada por terceros.
Este último también es el caso de Esteban Toc, vicealcalde indígena de Sololá, también criminalizado, al igual que los exdirigentes de 48 Cantones, por su rol en la defensa del voto ciudadano en 2023. La audiencia de etapa intermedia en el caso de Esteban Toc ha sido suspendida esta semana. Esto se debe a que está pendiente de resolverse por una sala de apelación la recusación contra el juez titular, planteada por la querellante Fundación Contra el Terrorismo (FCT), denunciante oficiosa de los casos de criminalización de personas defensoras, periodistas u operadoras de justicia.
El exfiscal Stuardo Campo, absuelto en el caso que le imputó el MP por cumplir con su deber de perseguir la corrupción, sigue, de todos modos, privado de libertad. Esto porque el MP, como lo ha hecho con José Rubén Zamora y otras personas, imputa varios casos a fin de que, de ser absuelta de un proceso, la persona siga privada de libertad por la otra acusación.
De tal suerte que, fiscalías en manos de la corrupción y el pacto antidemocrático, coludidos con jueces venales como Jimi Brener o Mynor Moto, así como con operadores de la criminalización desde la FCT, usan el derecho penal como fusil. Se asocian para utilizar la ley como un arma mortal, negar todas las garantías procesales a las personas ilegalmente imputadas y emplear los recursos de protección legal como una herramienta de tortura.
Tiempo es ya de que se ponga alto a esta caminata por la podredumbre del derecho. Toca limpiar de raíz el sistema, expulsar de este a sus corruptores y garantizar justicia para las personas injustamente perseguidas.
