El drama del enfermo renal en Guatemala

En efecto, han trascendido por los medios de prensa los problemas de atención de una de las unidades ejecutoras, proveedora de Unaerc, tal cual es la Fundación AMOR, cuyos principales responsables se han quejado de la falta de pago del Ministerio, revelando las lentitudes de una tramitología que se inicia en salud y tiene que dirigirse a Finanzas Públicas y a ese barril sin fondo que se denomina «Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro».

En adición a la Enfermedad Renal Crónica, ha surgido una verdadera pandemia en América Central, con el apellido de «no tradicional», porque afecta a jóvenes trabajadores, principalmente laborando en los ingenios de la costa sur y otras plantaciones que se caracterizan por extenuantes jornadas laborales. La situación es dramática porque incluso en el Seguro Social, la Junta Directiva, y principalmente la Gerencia, no han operacionalizado una resolución de hace más de una década que ordena atender de forma permanente a los denominados trabajadores estacionales, o temporales agrícolas, quienes al quedar en la invalidez ya no son contratados por los grupos subcontratistas de los ingenios, quedando entonces, desde muy jóvenes, en el desamparo, y con los riñones destrozados. Este nuevo grupo presiona sobre los endebles servicios de Unaerc.

De acuerdo con científicos, con quienes este escribiente ha establecido contactos para enfocar desde un punto de vista de protección social esta enfermedad, entre los factores multicausales de la pandemia indicada está la desnutrición y el bajo peso al nacer. Resulta ser que este rezago social ocasiona en el trabajador agrícola un mayor estrés renal, sencillamente por tener una reserva renal disminuida, es decir, un menor número de nefronas, que resultan ser la unidad funcional del riñón para trabajar como filtro de desecho por medio de la orina.

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Nos estamos introduciendo aquí a una óptica estructural, que está vinculada a la política económica y social de este país. Otro de los grandes problemas estructurales reside en la falta de una protección social y de salud preventiva que debiera dirigir todos sus esfuerzos al trasplante renal, lo que daría una mejor calidad de vida al enfermo. Esta es la hora en la que los diputados que van y vienen no han tenido en agenda una adecuada legislación y regulación del trasplante de órganos, quizás por intereses de las grandes farmacéuticas que hacen su agosto con el tratamiento de la hemodiálisis que oscila en costo unitario por paciente entre los 3,000 quetzales (en el sector privado) hasta los 700 quetzales en la atención brindada por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

Mientras en países como Cuba la solución integral a este mal es el trasplante renal, en Guatemala la débil regulación muestra índices preocupantes de esta solución, afectando así la calidad de vida de miles de almas que deben estar atadas a los tratamientos que se disputan tres grandes oligopolios internacionales: Nipro (japonés), Baxter (estadounidense) y Fresenius (alemán).

Resulta ser que en el Congreso de la República ha estado detenida esta ley que se ha venido discutiendo desde el año 2014, pero que, aún habiendo avanzado en lecturas, en 2020 regresó a la Comisión de Salud y Asistencia Social para dormir el sueño de los justos. Y todo hace sospechar que son los intereses sempiternos de los negocios farmacéuticos los que impiden su avance.