La reciente publicación del informe de la Comisión de la Verdad dignifica a las víctimas de la violencia desatada tras el derrocamiento de Manuel Zelaya y sienta con absoluta claridad que en Honduras hubo un Golpe de Estado debido a que su principal víctima fue el presidente de la República, a que sus impulsores y perpetradores lo efectuaron de manera violenta y repentina y porque se violó el procedimiento constitucional para su destitución.
Por otra parte, el informe confirma lo que meses antes del derrocamiento del presidente Zelaya varios colegas hondureños me habían comentado personalmente: que las diversas acciones de injerencia de Zelaya en los demás poderes del Estado estaban generando las condiciones para su derrocamiento debido a que habían erosionado su sustento político.
Estas conclusiones permiten desestimar de manera definitiva no solamente las inadmisibles posiciones de la clase política, medios de comunicación e intelectuales afines al golpismo sobre esta flagrante violación a los fundamentos de cualquier régimen democrático; sino ante todo, hacen valer y cumplir el derecho humano a la verdad que tienen todos los hondureños.
El cumplimiento de este derecho empieza también, como recomienda el informe, con que el Estado pida perdón a todos aquellos ciudadanos y sus familias que sufrieron la brutal represión emprendida por los aparatos de seguridad del Estado por oponerse a que regresaran a Honduras los años obscuros de la guerra civil que fracturaron socialmente a la región centroamericana. Ahora, pedir perdón por parte del Estado a las víctimas no debe traducirse únicamente en declaraciones, sino en la articulación de una política pública de memoria que permita consolidar una ciudadanía democrática en las nuevas generaciones.
Más allá de considerar todo lo sucedido como un capítulo ya cerrado en la Historia de Honduras y Centroamérica, empezamos ahora un nuevo camino como región de reconocimiento de nuestra incipiente vida democrática, la que no puede salir fortalecida como un camino efectivo hacia una mayor inclusión social y política si no se refiere a un conocimiento, sin restricción alguna, de su Historia pretérita e inmediata.
La Historia sigue siendo “peligrosa”. Idea que han entendido bien los sectores más conservadores de las élites económicas y políticas de la región al interesarse en financiar a personas que escriban la Historia y los testimonios que justifiquen su participación en la represión de los años más cruentos de la guerra civil y el sostenimiento de sus privilegios en detrimento de la construcción de un Estado social de derechos y garantías. Por ello, no va a ser extraño que las posiciones en contra del informe de la Comisión manifestadas en el principal medio escrito del golpismo, el diario La Tribuna, sigan resonando por mucho tiempo en los medios masivos de comunicación y muy probablemente se materialicen en un futuro cercano en publicaciones que únicamente pondrán en evidencia sus verdaderos intereses de encubrir los crímenes cometidos por el Gobierno de facto en contra de sus mismos conciudadanos.
Rodolfo Pastor, Darío Euraque, Yesenia Martínez y Natalie Roque prosiguen con sus vidas y su labor como historiadores en diversas direcciones debido a que son profesionales reconocidos dentro y fuera de Honduras y también ciudadanos probos. La comunidad centroamericana de historiadores seguirá trabajando para que todo lo sucedido con ellos se conozca, para que todos estos hechos —como bien lo expresa el título del informe de la Comisión de la Verdad— no se repitan. La Historia no dejará de advertirnos que el rompimiento del orden democrático en Honduras, además de generar persecución y represión hacia cualquier ciudadano que manifestara su disenso frente al autoritarismo, persiguió y reprimió también a sus ciudadanos más capaces y preocupados por impulsar desde sus actividades y saberes la construcción de una sociedad más inclusiva y democrática.
Los “delitos de lesa cultura” deben también ser objeto de una investigación y efectivo resarcimiento hacia los académicos, escritores, artistas y promotores culturales que sufrieron atropellos y vejaciones por parte de los perpetradores del golpe de Estado. Es una condición fundamental para que la sociedad hondureña tenga futuro.
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