César y su familia, como la mayoría de los guatemaltecos, son afectados por la pobreza. Forman parte de la aldea Las Escobas, ubicada en Villa Canales. Sus sueños son dos: ver a sus hijos terminar los estudios y darle a su familia un espacio digno para vivir. A pesar de ser trabajador y dedicarse exclusivamente a la agricultura, sus oportunidades e ingresos son limitados.
El nueve de octubre del 2012, la tragedia se hizo presente en la aldea. Según los testigos, un grupo de hombres armados irrumpió en la vivienda de una de las familias vecinas. Con fusiles de asalto dispararon dentro de la residencia y, en cuestión de minutos, masacraron a todos sus ocupantes: una mujer de 50 años; una joven de 18; una de 35; un niño de ocho; dos hombres de 25 y 30; y una bebé de ocho meses. Todos ellos perdieron la vida. El único sobreviviente fue un niño que logró escapar.
La comunidad reaccionó con asombro ante el asesinato de los niños y las mujeres, pero no ante la muerte de los hombres. “Era de esperárselo —murmuraban entre ellos—, eran unos delincuente”. El comentario parecía una excusa suficiente para justificar la tragedia.
Al día siguiente de la masacre, Andrés recibió la noticia de que César había sido arrestado. El Ministerio Público (MP) lo acusaba de ser el autor intelectual de la masacre. Según la incriminación, él contrató y coordinó al grupo de sicarios para acabar de esa forma con la pugna por un terreno. Su esposa, sus familiares y sus amigos, pensaron que sólo sería cuestión de días para que los hechos se esclarecieran y fuera puesto en libertad. Pero los días, las semanas y los meses se fueron acumulando. El anhelo por llegar a la verdad se detuvo entre las paredes del centro penitenciario que cobraba la libertad de César Chávez Achiví. Mientras tanto, su esposa e hijos tuvieron que buscar la forma de subsistir con sus pocos ingresos. Aparte de él, nadie más fue capturado. Después de su detención, el asunto pasó al olvido en los medios.
Un año ha transcurrido desde esa noche en que, como tsunami, se arrasó con la vida. Y no fue sino hasta la semana pasada en que se divulgó la noticia: “Ministerio Público solicita 230 años de cárcel por masacre de familia”. A la nota de prensa le acompaña una foto de César junto a la abogada de oficio. Lo imagino con su camisa amarilla, recién afeitado, empapado en sudor, mientras escucha los años que se le exigen como un intento de hacer justicia. El miedo de permanecer encerrado el resto de sus días hasta su muerte, sin volver a sentir a su esposa, sin ver crecer a sus hijos, sin respirar la libertad, con seguridad lo acosó, día y noche, durante este tiempo. Todas sus posibilidades, reducidas al confinamiento de una vida en prisión.
Pero hoy, más de un año después, es un día alegre para la familia Chávez. El tribunal séptimo de sentencia lo absolvió de todos los cargos, solicitando su liberación inmediata. Las pruebas presentadas por el MP, eran débiles y carecían de valor probatorio como para condenar a César a más de dos siglos en prisión. Su familia y amigos han recibido la sentencia con alegría. Andrés también.
César tendrá la oportunidad de volver a casa y continuar con su vida. Sin embargo, quedan muchas cosas por resolver. ¿Dónde está la justicia para las siete personas que perdieron la vida? ¿Quién se hace responsable por los daños ocasionados a la familia Chávez? ¿Cuántos como César estarán hoy en prisión? ¿Cuántos recursos fueron utilizados por el MP, la Defensa Pública Penal y el Sistema de Presidios para éste y otros casos, que, con certeza, quedarán impunes para los verdaderos responsables? ¿Podemos confiar en nuestro sistema de justicia?
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