Desde que se iniciaron las acciones del Ministerio Público para amenazar la integridad de la democracia en Guatemala a principios de julio del 2023, vivimos un periodo histórico excepcional, al punto que podríamos hablar de la etapa más relevante de la historia reciente. Un auténtico parteaguas que determinará las posibilidades reales de transformar la matriz excluyente y autoritaria que ha caracterizado a la sociedad guatemalteca desde su fundación en 1824. O, por el contrario, fortalecer las características estructurales que tipifican a Guatemala como una de las sociedades menos propensas al cambio de América Latina, debido a la férrea dominación draconiana que han ejercido las élites locales.
Para entender esta afirmación sobre el escaso margen de cambio en Guatemala, es necesario considerar lo que ahora es evidente gracias a la labor continua del Ministerio Público: un marco legal altamente susceptible a la manipulación política, debido a las características anómicas sobre las que fue construido Vale recordar aquí, que la anomia es la ausencia de ley. Aunque he argumentado sobre esto en numerosas ocasiones, esta vez quiero enfocarme en uno de los aspectos más problemáticos del entorno anómico: la profunda anomia legal que lo caracteriza. En su momento, hablé de la «anomia regulada», un concepto contradictorio, ya que el Estado de Derecho fue creado específicamente para regular el comportamiento sociopolítico y promover un entorno estable y claro que favoreciera la convivencia pacífica al combatir el comportamiento oportunista.
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La teoría habla de oportunismo cuando prevalece una actitud que busca obtener ganancias rápidas, incluso si esto significa empobrecer y corromper todo el entorno legal e institucional vigente. Aunque, estrictamente hablando, este comportamiento puede ser considerado válido desde una perspectiva racional. Desde la óptica de la ética y la fe, el entorno anómico es como una suerte de «arca abierta», en la que incluso el justo puede pecar; por eso, el comportamiento oportunista resulta lo más lógico y previsible. Quizá por eso tenemos tantos casos de personas «buenas, justas y preparadas» que, al ostentar un cargo público, se convierten en la peor versión de sí mismas.
El marco legal e institucional vigente en Guatemala padece muchas características anómicas: desde los abundantes vacíos y contradicciones legales, que favorecen interpretaciones ad hoc favorables a quien detenta el poder, hasta los vicios de interpretación legal cometidos por jueces y magistrados, quienes interpretan la ley con evidente dolo, algo que legalmente se tipifica como previcariato. Esto quedó evidente en una de las últimas resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, cuando, por segunda vez, el máximo tribunal constitucional favoreció la reinstalación de Jorge Mondal, a pesar de que no cumple con los requisitos legales para permanecer en el puesto de gerente del Bando de los Trabajadores.
Esta anomia legal es de tal magnitud en la actualidad, que ha erigido al Ministerio Público como un auténtico Estado paralelo. El cual usa su capacidad persecutoria como auténtica espada de Damocles, que blande a diestra y siniestra contra quien se atreva a cuestionar sus acciones, algo que realmente es preocupante, debido a que vulnera el principio de pesos y contrapesos de la democracia constitucional moderna.
Si analizamos la historia política guatemalteca, encontraremos numerosos casos de anomia legal en el pasado, pero es en este período histórico que se ha hecho realmente evidente. Lo que definitivamente tiene su lado negativo y positivo.
Negativo, porque la última acción del MP ya evidencia la intención de procesar e incluso destituir al gobierno actual del presidente Arévalo. Positivo, porque si finalmente triunfa la democracia, quedará clara la evidencia del desafío pendiente: reducir las características anómicas de la sociedad guatemalteca para construir un entorno más claro, transparente y estable que favorezca la convivencia pacífica y la plena vigencia del Estado de derecho.
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