Ese día, en un operativo que representó el cierre de al menos tres cuadras a la redonda de la casa ubicada en el 4-21 de la novena avenida de la zona 1, hombres armados, sin usar el uniforme de rigor, ingresaron a la Central Nacional de Trabajadores (CNT). La CNT constituía en esa época una de las centrales obreras integrantes del Comité Nacional de Unidad Sindical (CNUS), cuya lucha central era el derecho a la organización de los trabajadores. Un mes después, en la finca Emaús, en Escuintla, en otro operativo similar, fueron capturadas 17 personas dirigentes sindicales y formadoras de organización sindical.
Por el simbolismo que la lucha obrera representa en Guatemala y por la magnitud de ese operativo criminal es que se designó el día para conmemorar a las personas que en este país son víctimas de desaparición forzada. Según los registros de los informes de la verdad, al menos 50,000 personas, entre ellas más de 5,000 niñas y niños, fueron capturadas y desaparecidas.
El método de la desaparición es un recurso perverso que el poder estatal utiliza contra la disidencia social o política. Perverso porque niega la captura de la persona, a la que le escamotea las garantías procesales si estuviera al margen de la ley. Perverso porque de entrada la somete a tortura psicológica con la detención. Perversa porque también la tortura físicamente de dos formas. La primera, con detención arbitraria y privación de libertad. La segunda, con mecanismos e instrumentos destinados a quebrar la capacidad de resistencia de alguien que, según sus captores, posee información que puede ser útil. La tortura que representa la desaparición de una persona se extiende a la familia y al círculo cercano de la víctima de este delito. Por eso es que este crimen se considera de condición permanente mientras no se indique el paradero de la persona secuestrada.
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Cuando un Estado ejecuta políticas de desaparición forzada contra la disidencia social o política, genera una maquinaria encaminada a sostenerla. Se requiere recurso humano entrenado y dispuesto a realizar esta felonía, además de lugares de confinamiento con capacidad para mantener a varias personas. Se requieren vehículos y armas, así como asesoría constante. Pero, sobre todo, se necesita información e inteligencia procesada para tomar las decisiones. No es una acción que se realice en solitario o de manera improvisada. Es una política como tal, que involucra al aparato de Estado.
Un aparato que, como precisamente confesó un veterano militar el 21 de junio de este año, funcionó para defender el poder de los ricos. Ese poder que sostuvo toda la maquinaria criminal del Ejército contrainsurgente, que derivó en genocidio. Un poder que a lo largo de las décadas, desde que dieron al traste con el proyecto revolucionario de 1944, ha hundido a Guatemala en el subdesarrollo, la miseria y la pobreza para asegurarles a aquellos una vida en opulencia.
Si ese poder fue capaz de apoyar y sostener la maquinaria asesina que ejecutó la política de desaparición forzada, por supuesto que es capaz de proteger a la maquinaria de la corrupción. Al fin de cuentas, es un poder que no dudó en usar sus recursos para secuestrar la poca institucionalidad democrática que aún quedaba y pervertir los preceptos constitucionales en aras de la impunidad.
Mientras no respondan dónde están las decenas de miles de víctimas de desaparición forzada, estos crímenes seguirán vigentes y quienes mantenemos viva la memoria lo recordaremos permamentemente. A estas alturas Guatemala no es libre de nada. El Ejército contrainsurgente y sus aparatos paramilitares no la liberaron de nada. La secuestraron y, al hacerlo, desaparecieron las libertades en aras de proteger el poder de sus amos.
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