La fecha fue establecida por la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) en 1948 y ratificada por el Congreso en 1972. Con ocasión de esa fecha suele haber una gran cantidad de publicaciones de una gran variedad de actores, en particular de funcionarios y de oficinas de gobierno.
En dichas felicitaciones es lugar común hablar de la importancia de la prensa para la democracia y del valor que la profesión periodística comporta. Sin embargo, nada más lejos de la sinceridad, ya que si algo hay que destacar este año es precisamente la conspiración casual para limitar el ejercicio independiente del periodismo.
Hace menos de un mes, el director y el jefe de información del Noticiero Guatevisión, Haroldo Sánchez y Erick Salazar, respectivamente, dejaron sus posiciones. Pero no solo eso: de acuerdo con la información que ha sido posible conocer, las oficinas de dicho noticiero televisivo serán trasladadas al edificio del diario escrito Prensa Libre, de donde proviene la propiedad de Guatevisión. Se argumenta para ese cambio la necesidad de economizar recursos, pues la falta de estos fue la excusa inicial para los cambios en la conducción.
No obstante, las razones reales, aquellas no dichas públicamente pero siempre conocidas en medios periodísticos, nada tienen que ver con necesidad de reestructura. Eso quedó en evidencia cuando, pese a un reacomodo previo para reducir costos de funcionamiento, de todos modos se procedió al retiro de Sánchez. El medio había perdido pauta publicitaria —fundamental para los medios corporativos— en virtud de la cobertura independiente de la problemática relacionada con el combate de la corrupción.
Para retornar en calidad de anunciantes, algunas empresas de capital hegemónico condicionaron su pauta publicitaria a la salida de Sánchez. Una situación similar vive también la entidad matriz, Prensa Libre, que ha visto reducida su pauta de anunciantes y el condicionamiento a retornar si y solo si hay cambios en la cobertura de la temática anticorrupción.
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Esta no es la primera —probablemente tampoco será la última— ocasión en que el poder, ya sea económico o político, mueve sus tentáculos para ejercer censura. En las décadas recientes resaltan los casos de los canales 11 y 13 de televisión, cuya propiedad inicial era de la familia Morrúa. Al final de 1995, luego de la muerte no esclarecida de Antonio Morrúa, representante legal de estos, ambos canales pasaron a ser propiedad del monopolio de Ángel González.
En esa ocasión, durante la campaña electoral de ese año, los canales 3 y 7 de González regalaron pauta publicitaria a los candidatos presidenciales en proporción directa con las intenciones de voto. Así lo refirió a la revista Crónica el entonces diputado por el Partido de Avanzada Nacional (PAN) Ricardo de la Torre Gimeno. De la Torre dijo también que, en vista de que los canales 3 y 7 regalaban publicidad, no iban a traicionarlos pagando en los otros canales. Es de inferir que el resto de partidos hizo lo mismo, lo cual le impidió a Morrúa obtener ingresos que habrían permitido salvar a la empresa, que estaba quebrando por falta de anuncios.
Poco tiempo después, el gobierno del PAN, presidido por Álvaro Arzú, llevó a cabo una operación de chantaje fiscal contra anunciantes de la revista Crónica, la cual terminó por ser vendida a Mario David García. Este puso la chapa final para el cierre del medio, el cual fue censurado también a partir del ahogo financiero.
De esa manera, mediante mecanismos de ahogo publicitario, el poder político y económico de Guatemala obstaculiza e incluso impide el ejercicio del periodismo independiente. Sobra decir que, cuando estas maniobras o la corrupción (fafa) no funcionan, también se ha empleado el asesinato o la desaparición de periodistas. Por lo tanto, más que aceptar felicitaciones sin fundamento provenientes del Gobierno, de los actores políticos o del poder económico, es indispensable darles paso a la organización gremial y a la defensa del derecho de la prensa a informar y a que la sociedad esté informada.
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