Héctor Marroquín fue gerente general administrativo financiero desde el 20 de diciembre de 2017 y ascendió a viceministro después de que Danilo Estuardo Sandoval Flores, que ocupaba el cargo al inicio de la crisis por la pandemia, lo abandonara el 19 de marzo. Esta baja causó revuelo. Después de que se conociera la dimisión de Sandoval -quien adujo estar en desacuerdo con la forma en que el Ejecutivo estaba gestionando la emergencia sanitaria-, el gobierno quiso desmentirle y sostuvo que no era una dimisión, sino una destitución derivada de “su incapacidad”.
Sin Sandoval como viceministro, Marroquín firmó, siendo gerente, la adjudicación del evento para comprar 500.000 ampollas de Metilprednisolona por 19 millones de quetzales a la empresa Nuevos Éticos Neoethicals, S.A.
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Plaza Pública reveló que la adjudicación estaba sobredimensionada, según explicaron expertos consultados, ya que esa medicina no está en el protocolo de tratamiento para COVID19 y se está explorando su uso en pacientes críticos solamente.
Óscar Dávila, comisionado presidencial contra la Corrupción, presentó en la Fiscalía Contra la Corrupción del Ministerio Público (MP) su primera denuncia por esta aquisición. El comisionado aseguró que encontraron serias anomalías en el proceso.
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El 26 de marzo, ya como viceministro, Marroquín revocó la adjudicación. También anuló otra aprobada por él mismo para adquirir 2 millones de ampollas de un antibiótico a la misma empresa, por un valor de 9 millones de quetzales. El medicamento tampoco está indicado en el protocolo para tratar COVID19.
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Asimismo, el ya exviceministro firmó los documentos que aprobaron la adquisición de un millón de mascarillas N95 por 20 millones de quetzales para la empresa Wensur,S.A. Al ser consultada la representante legal, confirmó que carecía del producto y ofrecía tres días hábiles para entregarlo. La competidora ofrecía entrega inmediata por el mismo monto.
Las anomalías de los tres eventos fueron evidenciadas por Plaza Pública, las tres adjudicaciones quedaron anuladas.
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Hoy mismo, además de la renuncia de Marroquín se ha conocido la destitución de otro viceministro, Rodolfo Galdámez, quien pese a su cargo continuó siendo contratista del Estado. Por el mismo hecho el Ministerio Público confirmó que inició una investigación en su contra por posible tráfico de influencias.
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