Por eso el Congreso de la República abrió cuatro mesas para discutir reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, a la Ley del Servicio Civil, a la Ley de Contrataciones del Estado y al sector justicia: cuatro áreas vitales de cambio.
El tema del fortalecimiento institucional, sin embargo, es una materia muy poco abordada, pese a que se ha hablado extensamente sobre el tema. La visión más común es la de reformas legales, la de procesos de capacitación de personal y modernización de gestiones administrativas y la de creación o reestructura de instituciones, pasando, claro está, por pedir aumentos de recursos financieros, humanos o de otra índole.
No obstante, numerosos proyectos de fortalecimiento institucional en Guatemala no han llegado a ningún lado o en su defecto han ostentado pírricos resultados que se hacen evidentes en la actual coyuntura, en la que muy pocos estarían dispuestos a defender la institucionalidad o el marco regulatorio vigente. Por ejemplo, la demanda de aplazar elecciones del Movimiento Nueva República se sustenta en un peligroso pero sugerente razonamiento: tenemos que escoger entre la legalidad y la democracia, como si ambos principios estuvieran reñidos en la práctica.
Muchos ciudadanos en debates y en comunicaciones en redes sociales se preguntan por qué debemos cumplir leyes si nadie, empezando por los políticos, las cumple. Otros, más radicales, hablan de boicotear, suprimir o hacer caer instituciones clave como la CC, la CSJ, el Congreso y muchas más. En un contexto como este, hablar de fortalecer instituciones parece no solo iluso, sino francamente desfasado.
Para entender lo que implica el fortalecimiento institucional (digamos que para que este sea real), este debe entenderse como un proceso sostenido y complejo que puede durar muchas décadas: la experiencia mexicana de reformas electorales, por ejemplo, empieza en 1976, y aún hoy no podemos hablar de que México sea una democracia consolidada y estable.
En 1988, el diseño de las autoridades electorales —el IFE y el Trife— fue pensado expresamente para garantizar la confianza ciudadana en la limpieza y en la transparencia de las elecciones. Sucesivas reformas en los años 1991, 1994 y 1996 intentaron seguir desarrollando el sistema para garantizar y profundizar la democracia. Sin embargo, la primera gran crisis del sistema, en 2006, no pudo ser evitada por más de 30 años de reformas electorales. La reforma de 2007 intentó abordar algunos problemas detectados en 2006, pero las elecciones de julio de 2012 volvieron a demostrar las deficiencias del sistema y a colocar la desconfianza y el descontento ciudadanos en el sistema electoral, por lo que se produjeron las reformas de 2014. Las elecciones legislativas y de gobernadores de medio período de 2015 volvieron a demostrar que todavía persisten problemas y aspectos que superar.
La experiencia mexicana, como la de cualquier otro país, demostrará que el fortalecimiento institucional no depende solo de reformas legales: hay aspectos más profundos y complejos que hay que tomar en cuenta.
