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Tratantes de personas: hay una condena por cada 75 denuncias

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Tratantes de personas: hay una condena por cada 75 denuncias

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El público sólo recibe piezas sueltas. Constantes reportes por desaparición, pocos rescates de víctimas, algunas en narcofiestas. Los fragmentos aislados impiden ponerle un rostro al costo humano de este delito, y las condenas son escasas: una por cada 75 capturas. Mientras tanto, el vínculo con las alertas Alba-Keneth parece tan real como elusivo.

Redes-lateral

La foto lo decía todo. Una habitación con paredes de cemento sin pintar, sin ventanas. Un armario de plástico, con cuadros fucsia que enmarcan ilustraciones de cuentos de hadas: chicas en vestidos de quinceañera, desfilando, mientras un joven vestido de príncipe toca el piano. A un lado del armario, un baño sin puerta. El inodoro, sin tapaderas. Al otro lado, una cama.

Así vivía una adolescente de 15 años cuya familia reportó como desaparecida en 2019. Las autoridades la encontraron allí, en un burdel clandestino en Esquipulas, Chiquimula, cuando la alerta Alba-Keneth con su nombre cumplió un año. Fue una de 53 alertas en las que había presunción de trata de personas, menos del 1% de todas las alertas creadas ese año.

Oficialmente no hay una vinculación entre los casos de trata y el incremento en las alertas Alba-Keneth e Isabel-Claudina (para la desaparición de menores de edad y mujeres adultas, respectivamente), afirma Leonel Dubón, quien dirige la asociación Refugio de la Niñez. En 2019, la asociación acogió a 89 menores de edad, muchas de las cuales eran víctimas de trata, que el Estado no puede absorber.

«Las edades de las adolescentes desaparecidas siempre me llaman la atención; siempre he creído que existe la relación», dice Dubón, respecto a las alertas. Entre los menores de edad que aparecieron en 2019, cuatro de cada diez tenían entre 13 y 15 años de edad, y el 70% eran mujeres.

Desde la calle, el lugar donde retenían a la adolescente en Esquipulas parecía un comedor cualquiera. Sillas y mesas de plástico. Enormes bocinas de discoteca empotradas en paredes rosadas, también decoradas con corazones de cartulina roja, y una silueta amarilla de mujer en pose provocativa. Una hilera de luces de navidad, y globos semi desinflados colgaban de retazos de cinta adhesiva.

El acceso a la habitación estaba oculto bajo una carpa blanca que colgaba de dos clavos.

Por este caso, la Policía Nacional Civil (PNC) capturó a una mujer y dos hombres. Los tres ganaban dinero a cambio de retener a la joven a la fuerza, y atraer clientes que pagaban por tener relaciones sexuales con ella —contra su voluntad. Sabían que cometían un delito. Por eso la ocultaban.

Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), la trata es «el tercer negocio ilícito más lucrativo» después del narcotráfico y el trasiego de armas de fuego, porque anualmente genera unos 150 mil millones de dólares, principalmente en EE. UU., Asia y Australia. En Latinoamérica, las redes manejan alrededor de un 10% de las ganancias globales. Un informe de la UNODC destaca que, en casos de trata en un mismo país, los tratantes otorgan un valor monetario a la víctima que no supera los 250 dólares.

Del caso de Esquipulas no se supo más, pero el año cuando desapareció la adolescente, 2019, el Ministerio Público (MP) registró 340 denuncias por trata de personas (aunque la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas -Svet-, identificó a 678 víctimas de trata). En el mismo lapso hubo sólo 14 condenas en todo el país, con penas que van de ocho a 18 años de cárcel, y el pago de 300 mil a 500 mil quetzales en multas.

Guatemala a la cabeza con víctimas menores

La adolescente rescatada en Esquipulas estaba en el 45% de las víctimas de trata en 2019 que eran niñas o adolescentes   . Ese año, el país tuvo el porcentaje más alto de toda Latinoamérica de víctimas menores de edad, según un informe de la UNODC. Para entonces, Guatemala había pasado dos años en la categoría «2B-Bajo vigilancia» (se esfuerza, pero todavía enfrenta desafíos contra la trata). Aun así, en 2020 subió a la categoría a «2B» a secas (sin vigilancia), con el resto de Centroamérica salvo por Nicaragua (en la categoría 3), en un ranking que el Departamento de Estado de los EE. UU. hace de los países a los que ayuda a reducir la incidencia del delito.

Hace dos años, cuando el país todavía estaba «bajo vigilancia», el Refugio de la Niñez recibió a una adolescente de Tactic, Alta Verapaz. Un día la menor salió de su escuela cuando alguien le cubrió la nariz y boca con un pañuelo. Perdió el conocimiento. Cuando no regresó a su casa, su familia activó la alerta Alba-Keneth. La adolescente despertó en un furgón en Comitán, Chiapas, en México. En seguida, se lanzó a la calle. Regresó a la frontera y pidió ayuda.

Casos como el de Tactic y Esquipulas están entre los más denunciados por trata al MP. Dubón explica que son más evidentes porque persiguen más, aunque sea más recurrente la explotación laboral.

Según un estudio de Refugio de la Niñez en 2020, cerca de 100 mil niñas que trabajan en tiendas y tortillerías duermen sobre colchonetas en el suelo, trabajan entre las cuatro de la mañana y media noche con salarios de 800 quetzales al mes, sin acceso a educación ni a salud. «La explotación laboral no les hace clic a las autoridades», dice Dubón, quien observa que el MP no tiene suficiente personal para abordar la magnitud de esta modalidad, especialmente si, conforme a sus estimaciones, el 90% de la clase media y muchos funcionarios públicos tienen trabajadoras domésticas en condiciones de explotación laboral.

¿Qué trampas usan los tratantes?

El MP no divulgó cómo la adolescente, en el caso de Esquipulas, cayó en manos de sus victimarios. No obstante, en general, identifica a la trata como un efecto de problemas estructurales: pobreza y desempleo, las condiciones que la mayoría de los tratantes aprovecha para engañar a sus víctimas. Dan falsas promesas de empleo, grandes ingresos y una mejor vida, según Alexander Colop, jefe de la Fiscalía contra la Trata.

Algunas mujeres caen víctimas de explotación sexual al entablar una relación con una pareja que resulta ser el tratante. La Svet señala que «los tratantes suelen ser personas en quienes las víctimas confiaban, como padres, hermanos, o novios».

Otras víctimas son raptadas, y/o caen víctimas de los tratantes cuando emigran sin documentos. Estas condiciones, las hace vulnerables ante coyotes o traficantes que las venden a redes de trata, que hubiera sido el caso de la adolescente de Tactic si no hubiera logrado escapar.

«Algunas organizaciones transnacionales de una vez les dicen [a las víctimas] que van a ejercer la prostitución, pero les ofrecen una cantidad grande (más de lo que realmente van a ganar), y por eso se trasladan a Guatemala, pero aquí les cobran el viaje, la ropa, comida, [y reciben mucho menos]», dice Colop. «Las [estructuras] locales son similares». El tratante después chantajea a las víctimas por deudas contraídas, según la Svet. La Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) afirma que hay extranjeras, especialmente hondureñas, captadas y trasladadas a Guatemala para explotación sexual.

Geografía de la trata, y pocas denuncias

El rescate en Esquipulas, el 24 de octubre de 2020, fue una rareza. Fue el único rescate en ese departamento ese año, según los registros policiales, uno de los 17 realizados para proteger a víctimas mujeres en todo el país, pese a que hubo 300 denuncias. El número de rescates, claro, también implica un subregistro. La UNODC estima que hay al menos 30 víctimas no rescatadas por cada una que sí lo es.

En muchos casos, la víctima no puede pedir ayuda y ser rescatada por las condiciones en que la retienen. Danissa Ramírez, titular de la Svet, subraya que las personas explotadas no tienen los medios para comunicarse con nadie. Muchas veces permanecen bajo vigilancia que les impide escapar. También las obligan a consumir drogas, y no reciben atención médica. La Svet señala que las víctimas son sometidas con violencia física, psicológica y/o sexual, y amenazadas con ser encarceladas o deportadas (si son extranjeras), con la retención de sus documentos de identidad, y con la agresión a sus familias.

El caso de Esquipulas ocurrió cuando Chiquimula estaba entre los departamentos que generaron más denuncias, aunque sólo registra diez desde 2019. «En Oriente no hay mucha denuncia, pero no significa que no existan casos», dice Colop. El fiscal espera que la apertura este año de otras sedes regionales, en Chiquimula y en Cobán, Alta Verapaz, estimule las denuncias. Alta Verapaz, además de tener uno de los diez municipios con más denuncias, colinda con departamentos donde la PDH registra el mayor número de desaparición de mujeres: Quiché, Izabal y Petén (después de Guatemala y Escuintla).

Entre los diez municipios con más casos, siete están en el departamento de Guatemala. Los otros están en Santa Rosa, Alta Verapaz, y Quetzaltenango. Este último fue el segundo departamento con más casos después de Guatemala, aunque no necesariamente porque ahí haya más sucesos de este tipo, más bien, hay más acceso a denunciar: la sede central está en la capital y la regional en Quetzaltenango.

Si la oficina en Quetzaltenango, abierta en 2018, recibe muchas denuncias es, en parte, porque cubre un territorio muy extenso que incluye todo occidente, pasa por Suchitepéquez y llega a Escuintla (tercero con más denuncias). Desde entonces, Refugio de la Niñez comenzó a trabajar con la sede regional de Quetzaltenango, cuando las autoridades locales todavía no detectaban casos de trata. «Ahora estamos cerrando con más de 250 casos, en Quetzaltenango, Quiché y Huehuetenango», dice Dubón.

Suben las denuncias, pero no las sentencias

Las cifras de denuncias ante el MP son un subregistro. Por cada una, hay cinco casos sin denunciar, de acuerdo con Unicef en Guatemala. «La gente desconoce qué es la trata y ha normalizado la explotación laboral y sexual», dice Ana Lucía Peláez Vicente, titular de la Defensoría contra la Trata de Personas, en la PDH, respecto a las pocas denuncias. «Tampoco denuncian por temor».

En 2019, el MP detectó 596 posibles víctimas adultas de trata y 53 menores de edad. La información disponible sólo le permitió investigar seis de cada diez casos. En un tercio de las investigaciones no logró identificar el lugar donde la víctima cayó en manos de la red, según cifras de la PDH que citan datos del MP. La Defensoría contra la Trata afirma que la mayoría de las denuncias se desestiman o se archivan porque tienen información muy escueta, y dificultan identificar a los tratantes.

La PDH señala que las denuncias disminuyeron en 2020 por las medidas de restricción y movilidad que dictó el gobierno al inicio de la pandemia del COVID19, aunque esta cifra quizás no retrate la realidad. Con los toques de queda también quedó limitada la respuesta del Estado, con juzgados cerrados, o con un horario irregular. En Guatemala, la cifra nacional de casos bajó a 300 (un 12% en relación con 2019).

Además, aunque hubo una reducción a nivel nacional, la cifra oculta que en nueve departamentos las denuncias subieron entre el 20% y 500%. Los incrementos más drásticos ocurrieron en Totonicapán y Jalapa, seguidos de Sololá, El Progreso y Huehuetenango. No es coincidencia que el año pasado aumentaron las alertas Alba-Keneth en Guatemala, Quetzaltenango, Escuintla, Petén, Izabal y Huehuetenango, según la Svet. El departamento de Guatemala reportó más alertas en conexión con posibles casos de trata de personas.

Las condenas, por el contrario, disminuyeron de 14 en 2019 a cuatro en 2020. Es decir, el año pasado hubo una por cada 75 denuncias, según cifras del MP que cita Peláez.

Otro lastre es la duración de los procesos penales. «Este año (2021), estamos teniendo algunas sentencias, pero los casos tienen cuatro y hasta cinco años de proceso penal», señala Dubón. «Es una tortura para las víctimas, y muy costoso para las organizaciones y el Estado».

Las redes, proveedoras para narcofiestas

En Guatemala, el vínculo de la trata con el narcotráfico no era tan común antes de 2019, según Dubón, pero ese año y en 2020 hubo cerca de cuatro casos con conexión al narcotráfico. Un antecedente fue un caso paradigmático: una estructura integrada en 2012 por el hijo de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el abogado César Barrientos Aguilar, y siete personas más, todas capturadas en 2013, cuando operaban en Mazatenango, Suchitepéquez. Las autoridades no identificaron al padre de Barrientos como involucrado.

Al caso se le denominó «Caso Barrientos». Refugio de la Niñez también fue querellante. Como resultado, las amenazas que Dubón recibió fueron tales que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y un juzgado local ordenaron medidas cautelares en su favor, protección del Ministerio de Gobernación (Mingob). En la red también participaba un alcalde de un municipio de Suchitepéquez, que Dubón no identificó. «Las amenazas eran para evitar que las víctimas hablaran y para atemorizar a la organización, y que se abstuviera de actuar penalmente», explicó.

Cuatro años después, en 2017, la Fiscalía de Casos Especiales recibió noticias de una narco-fiesta que se realizaría en una finca en Hawaii, Monterrico, Santa Rosa. Sabía que en el lugar podrían encontrar víctimas de trata. Las autoridades llegaron antes que los anfitriones, y se encontraron con al menos ocho guatemaltecas (menores de edad y adultas). Las rescataron y capturaron a dos sujetos, empleados del lugar, sin antecedentes delictivos, según el entonces encargado de la fiscalía, Gerson Alegría.

La fiscalía estableció, después de escuchar a las víctimas, que fueron raptadas en Villa Nueva, algunas con promesas falsas de trabajo. La fiscalía descubrió que una mujer en Cobán, Alta Verapaz, supervisaba la captación. Luego, las víctimas eran llevadas a fiestas en diversas partes del país. Ni la mujer en Cobán ni ningún narcotraficante fue capturado.

«En los operativos, se prioriza el rescate de las víctimas sobre las capturas», dice Alegría, actual jefe de la Fiscalía contra la Narcoactividad. Los dos detenidos estaban entre los 52 de ese año acusados por trata. En 2020, cayeron 76 personas, incluidas tres por el caso de Esquipulas.

Lo elusivo de los victimarios impide una identificación completa de las estructuras. Aun así, Alegría confirma la relación entre trata y narcotráfico o narcomenudeo, pero desconoce hasta qué extremo existe. «En 2018, hubo un operativo conjunto entre las fiscalías de trata y de narcoactividad para desarticular una red de explotación sexual y distribución de droga al menudeo», relata. «La conexión existe, pero no hay suficiente información para decir que se trata de un patrón».

En la Fiscalía contra la Trata, los casos investigados le permitieron a Colop establecer que en Guatemala las estructuras son internacionales, locales, grupos pequeños como el de Esquipulas, o personas individuales que explotan a otra persona, incluso hasta a un familiar. El fiscal señala que es difícil establecer qué tipo de estructura prevalece. Ese detalle puede variar de un año a otro, aunque los más capturados son grupos pequeños locales o personas particulares. Algo sí tiene claro: las estructuras grandes tienen vinculación con el lavado de dinero, tráfico de drogas, personas y migrantes. Colop señala que cada estructura se especializa en su actividad y rara vez tiene doble actividad delincuencial.

Hace un par de años, Alegría encontró un escenario similar al de Monterrico en otra finca cateada en Livingston, Izabal, donde rescataron a seis guatemaltecas adultas. No hubo capturas, ni lograron identificar a los tratantes. «Las mujeres no se veían (a sí mismas) como víctimas», dice Alegría. «No hablaron».Temían represalias. Según Peláez, la ley no obliga a internar a las víctimas adultas como a las menores de edad, y por ello son más vulnerables a caer de nuevo en el círculo de la trata, y tienen más miedo de hablar. Ese temor impide la identificación de los victimarios.

Sin embargo, Dubón afirma que el perfil de la estructura del Caso Barrientos es bastante común entre las estructuras que operan actualmente. Lo sabe por la experiencia de Refugio de la Niñez como querellante, en un promedio de 125 casos al año.

«En el último año, hubo varios operativos del MP, sobre todo en la costa sur y en [relación con] narco-fiestas, en las que también han participado funcionarios locales», dice Dubón. «El último rescate se hizo hace un año, en El Cerinal, Santa Rosa: cinco niñas de Alta Verapaz entre las edades de 12 a 17 años». Era casi una repetición del caso de 2017 en Monterrico, con la diferencia que las víctimas eran captadas en Alta Verapaz, y ya no de Villa Nueva.

«En el imaginario de la cultura machista y patriarcal, es como un premio poseer a una niña», dice Dubón de los tratantes y sus clientes. «La estructura [del caso Barrientos] negociaba con la virginidad de las niñas. Hay testimonio de una niña que cuenta que su mamá vendió su virginidad por 15 mil quetzales. No [sucedió] sólo en esta estructura. Hay muchísimos otros casos que hemos tenido en los que se negociaron virginidades».

El año pasado, Alta Verapaz, Santa Rosa, e Izabal (relacionados con las narco-fiestas 2017-2020), todavía estaban entre los departamentos con más denuncias en el MP, y más desapariciones de mujeres, según la PDH. Villa Nueva, el origen de las víctimas rescatadas hace cuatro años en Monterrico, todavía es uno de los diez municipios con mayor incidencia de trata de personas.

Funcionarios y servidores públicos protegen a estas redes

El involucramiento de funcionarios públicos asegura a las redes algún nivel de impunidad.

Dubón dice que, hace nueve años, la red del caso Barrientos organizaba fiestas en la finca de un alcalde de Suchitepéquez. La propiedad estaba en la frontera entre San Marcos y México. Al lugar llevaban adolescentes de entre 13 y 17 años, y las ofrecían por catálogo hasta por 2 mil quetzales.

«El hijo del magistrado organizaba las fiestas, con algunos médicos del Hospital Nacional de Mazatenango, el hijo de un empresario azucarero, y trabajadores de su ingenio», relata Dubón. Según reportes de prensa, entre los clientes también figuraban diputados. Casi un año después de las capturas, el magistrado y padre del acusado, se suicidó. Un supuesto familiar filtró a la prensa que el funcionario estaba sometido a fuertes presiones para encubrir actos de corrupción, a lo cual se había negado. Dubón asegura que, como en otros casos, habían involucrados policías «de muchas comisarías» en el interior del país, y personal del Mingob. Suchitepéquez todavía está entre los diez departamentos con más capturas y denuncias en 2020.

Un informe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de 2016 señala que la vinculación de las fuerzas de seguridad, con las redes locales de trata, es un riesgo para quienes rescatan a las víctimas.

El documento cita a un juez entrevistado que comentó el caso «[…] de una joven que trabaja[ba] para la Procuraduría General de la Nación [cuando] allanaron un bar en Antigua Guatemala, [y] un policía (…) llegó y le dijo: “tenés un minuto para irte a la mierda, si no, no respondo”». El juez dijo que la joven temía participar en más allanamientos por los policías implicados en las redes de corrupción. La CICIG destaca en el informe que «las altas tasas de rentabilidad que genera la trata» corrompe a las autoridades e incrementa la vulnerabilidad de las víctimas.

No obstante, el fiscal Colop señala que los casos de corrupción son más la excepción que la regla. «Puede haber alguna fuga de información en alguna investigación, pero ha sido [un hecho] aislado», dice. «Es un reto involucrarlo porque muchas veces lo que hay son favores sexuales; no es que estén involucrados [en la red], sino [que los involucrados dicen] “a cambio de un favor sexual te vigilo o te aviso si van a haber operativos”».

El problema es serio porque la PNC es la entidad más accesible para tomar denuncias, y además carece de la capacitación necesaria para identificar los casos. Esto, en parte, explica el subregistro de denuncias, según la PDH. Dubón señala que la Svet ya está capacitando a la PNC y reconstruyendo la unidad policial de trata que el gobierno anterior desarmó. Peláez afirma que otra unidad especial ya apoya a la fiscalía en Quetzaltenango.

En febrero pasado, en una citación al Congreso, el ministro de Gobernación, Gendri Reyes, atribuyó las deficiencias policiales a un presupuesto insuficiente, y a que las unidades de investigación en varios departamentos no tienen vehículos ni el personal necesario.

No habló de corrupción. 

Amenazas que protegen a los tratantes

El coctel de autoridades corruptas, narcotraficantes y empresarios convierte los casos en bombas de tiempo, según Dubón. «Nos ponemos en riesgo todos», dice. «Hay un intento persistente de ubicar a las víctimas para intimidarlas y que no declaren».

Refugio de la Niñez documentó un caso hace tres años: a uno de los hogares de protección llegó un juez a hacer una exhibición personal a una niña, acompañado de su oficial. Cuando salieron, la niña recibió apoyo de la psicóloga para relatar lo sucedido, luego le mostró una nota que le entregó el juez. El papel traía una instrucción: que se abstuviera de declarar contra las personas que la retuvieron (los tratantes).

«Empezamos a investigar, y resultó que no era juez», recuerda Dubón. «El que llegó era oficial de un juzgado que había falsificado credenciales, haciéndose acompañar del abogado defensor del tratante, y lograron, bajo engaño, entrar al centro. Esto lo denunciamos y hay una persecución penal. El oficial del juzgado nunca regresó a trabajar. Tiene una orden de captura vigente por falsificación y usurpación de funciones».

Dubón asegura que los tratantes hacen cualquier cosa para intentar que las víctimas se retracten de sus declaraciones.

En 2020, por orden judicial, Refugio de la Niñez recibió a las niñas rescatadas en el caso de El Cerinal, Santa Rosa. «Dos días después, la jueza pidió que las entregáramos a un grupo de abogados, y nosotros sabíamos que ellos tenían relación con la estructura criminal», recuerda Dubón. «Como no accedimos, la jueza llamó a mi celular personal para tratar de intimidarme y que entregara a las niñas, diciéndome que estaba desacatando una orden judicial».

La jueza no lo admitió, pero tenía las manos atadas. Ya no podía revertir una medida dictada; ella estaba obligada a trasladar el expediente a un juzgado de niñez, que debía decidir respecto a las niñas. Su intimidación no prosperó, y Dubón presentó una denuncia en la Fiscalía de Derechos Humanos. «Se le puede dar dos lecturas a esto», dice Dubón. «Uno, que la jueza también estaba siendo intimidada, o dos, la jueza podría haber tenido una relación con quienes solicitaban la devolución de las niñas». Agrega que hay «muchos incidentes en los últimos años» de intento de acoso a las víctimas y de intimidación a la organización.

Pese a que estas condiciones, la semana del 15 de marzo el Mingob le comunicó a Dubón que reducirá la seguridad que le brinda. «Les dije que las condiciones no han cambiado, que las amenazas de muerte siguen, pero dijeron que era innecesario tener a dos agentes protegiéndome», reveló. «Entonces me van a dejar sólo a uno».

Futuro incierto

La PDH afirma que hay algunos avances en el tema de trata. «El OJ reportó cuatro reparaciones dignas, y eso es muy importante porque en años anteriores no aparecen reparaciones dignas en sus registros», dice Peláez, de la Defensoría contra la Trata. «Es importante porque después de la capacitación de jueces, los jueces ya comienzan a ver la importancia de reparar a la víctima de trata, según cada caso. Lo ideal es que no sea [una reparación] meramente económica, sino que se garantice la no repetición de los hechos».

Sin embargo, en marzo, Refugio de la Niñez denunció un caso en Villa Nueva en que un tribunal se abstuvo de resolver respecto a una reparación digna para la víctima y remitió el proceso al ramo civil. Se trata del delito de actividades sexuales remuneradas con una persona menor de edad, en un caso en el cual el tribunal condenó a cinco años de cárcel a dos hombres (de 24 y 70 años de edad) que sostuvieron relaciones sexuales con una adolescente de 16 años en 2018. El Refugio apelará la decisión respecto a la reparación digna.

Durante los procesos, casi todas las víctimas menores de edad rescatadas son institucionalizadas en hogares de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) o en entidades privadas, como Refugio de la Niñez, Asociación La Alianza y Fundación Sobrevivientes. «Volver a colocarles en su entorno puede ser riesgoso para la víctima, o la familia, porque el tratante o la red [a veces] opera donde vive la víctima», explica Peláez.

Los jueces ordenan la medida, aunque los hogares de la SBS están sobrepoblados, según constató el Consejo Nacional de Adopciones (CNA) que los supervisa. Un reportaje de la Agencia Ocote reveló que la SBS tiene capacidad para albergar a 620 menores de edad, pero en febrero pasado tenía a 736 menores institucionalizados, y algunas casas con capacidad para 18 niñas tenían hasta 30.

Peláez señala que el hacinamiento impide la atención individualizada, y es un ambiente propenso a abusos, como los que denunciaban las 41 niñas que murieron y las 15 que resultaron lesionadas en un incendio en el Hogar Virgen de la Asunción en 2017.

Mientras tanto, se desconoce a qué hogar fue llevada la adolescente del caso de Esquipulas. Seis meses después de su rescate, el MP no registra acusaciones ni condenas en Chiquimula por este u otros casos, pero sí dos denuncias nuevas en 2020. Este año, había recibido 54 en todo el país hasta el 10 de marzo.

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