Desde un punto de vista jurídico y político, el Estado laico es un instrumento al servicio de la libertad de la sociedad, de los derechos humanos, de los derechos de las minorías, y que constituye un límite para que ningún poder formal admita doctrina o dogma alguno que pueda generar un Estado discriminador por razones de creencias personales o religiosas. En otras palabras, el Estado laico es libertad de conciencia y, entre otras, la de recibir educación sexual integral para tomar decisiones responsables.
Mientras más ilegítimo es el sistema político, este acude más a lo religioso para legitimarse. Y eso lo hace poroso, influenciable, permeable, perversamente manipulable. En términos generales, el diputado que le hace caso a la Iglesia para tomar decisiones o el mismo presidente de un país que va a la iglesia para que recen por él están aceptando su incapacidad, su ilegitimidad, y han sometido su voluntad a la del pastor o del sacerdote. Hay que distinguir acá algo relevante: por supuesto que el pastor y el sacerdote tienen derecho a expresarse y a opinar, como cualquier ciudadano, y ese derecho lo tienen porque viven en un Estado laico, que reconoce su derecho de expresión.
Un ejemplo del uso de prácticas religiosas para la legitimidad política lo vemos en cada presentación del presidente Jimmy Morales. Cada vez que intenta (aún no lo logra) decir la jura a la bandera o recitar estrofas del himno nacional, utiliza formas de expresión comúnmente vistas en pastores de Iglesias cristianas. Esto causa gran revuelo en todas las personas que ven reflejado al pastor de su Iglesia, al consejero, al hombre guía. Como bien dice Roberto Blancarte: «… la tendencia a sacralizar la política o politizar lo religioso es permanente…».
Tiene sentido que la educación sexual solo sea posible en un Estado que respeta a la persona, pues un sistema político fuerte no admite injerencias de ninguna creencia, sino que funciona sobre la base de proteger a quienes habitan en el territorio donde tiene poder. En el siglo XXI, la Declaración Universal de Laicidad, presentada en el Senado de Francia para conmemorar el centenario de la separación del Estado y la Iglesia, dispone en su artículo 9: «El respeto concreto a la libertad de conciencia y a la no discriminación, así como la autonomía de lo político y de la sociedad frente a normas particulares, deben aplicarse a los necesarios debates que conciernen a las cuestiones relacionadas con el cuerpo y la sexualidad […] la educación de los niños […] los no creyentes y aquellos que critican la religión».
Son dos los factores que impiden que gente adulta que toma decisiones entienda la necesidad del sexo laico en las juventudes. El primero es que buscan legitimidad política en la Iglesia, cuando el poder ya no viene dado por Dios, sino por el pueblo que vota. Y el segundo, un grupo de ciudadanos que hace un análisis sistémico de la efectividad del Estado y que se cree dueño de la moral pública. Ese grupo económico y poderoso, basado en principios liberales, influye en la sociedad media urbana y se cree representante de esta.
Conocer, cuidar y decidir sobre tu cuerpo sin mitos ni tabúes es tu derecho. Ser feliz sin riesgos es tu derecho. Decidir cuándo, cómo y con quién, sin presión ni violencia, también es tu derecho. Recibir información suficiente es tu derecho y para el Estado una obligación. Debes exigirlo, y no hay religión ni creencia ni agrupación de jóvenes o de sectores económicos que pueda imponerse a tu decisión.
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