No es ley Monsanto, es renuncia a soberanía sobre recursos fitogenéticos

Así que no me culpen por querer examinar la iniciativa 6283 para la Protección de Obtenciones Vegetales (apodada ley Monsanto) que la alianza dominante del Congreso busca aprobar en estos días.

La iniciativa 6283 (la Iniciativa, de aquí en adelante) se refiere a los derechos de propiedad y de «autor» de nuevas especies vegetales, aunque no norma el registro de cultivares comerciales, un complemento necesario a la propiedad intelectual.

Obtención vegetal se refiere al derecho de propiedad por entes privados sobre plantas con características genéticas conseguidas usando prácticas de mejoramiento (y no tanto, como veremos). De ahí el apodo Monsanto, porque esa empresa «injertó» ciertos genes exógenos en plantas normales de maíz, soya y otros y luego registró la propiedad de las semillas. A partir de eso, los agricultores deben pagar por la semilla (como cualquier otro) y por el derecho a usar la semilla. Además, las plantas sembradas no podrán producir semilla fértil. Por tanto, no se puede guardar semilla para la siguiente cosecha, hay que comprarla y pagar derechos de nuevo. Hasta donde se comprende (pero la Iniciativa no aclara), los organismos genéticamente modificados (OGM) son caso aparte de las obtenciones vegetales porque en este último caso no hay inserción de genes de otra especie biológica.

Dudé en hacer este análisis porque se necesita gran especialización científica y manejo de varias disciplinas. No tengo esas credenciales, así que podría haber errores en mi análisis. ¿Por qué meterme en el asunto? Porque me aterra ver que nadie lo ha hecho y nos estamos jugando demasiado.

La academia (universidades con facultades de agricultura y recursos naturales) no ha dicho nada. El Colegio de Ingenieros Agrónomos está ocupado en las prioridades de la junta directiva y sus aliados y este tema no parece estar en su agenda. El ministerio de Ambiente y Recursos Naturales está sumiso frente al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), que se hace cargo de un tema para el cual no tiene los recursos financieros y técnicos que se necesitan. Los únicos interesados actualmente son los diputados y algunos empresarios agrícolas con poder. Entiendo que la Asociación Nacional de Peritos Agrónomos (Andepa) dijo algo al respecto, pero no conseguí su documento.

El Maga y el Congreso no pusieron el tema a discusión de las partes pertinentes. Este es un tema mucho más allá de la comisión de Agricultura y del ministerio, pero así se ha manejado.

Espero que esta columna logre sacar de su aparente sueño profundo a instituciones y personas que deben emitir opinión y hacer aportes antes de que se cierre el negocio. Por favor, destruyan con razones mis argumentos, critiquen y enmienden, corrijan con amor a Guatemala y con un interés genuino en proteger un patrimonio natural universal.

[frasepzp1]

Recuerdo la vez que un delegado de una universidad privada nacional preguntó si sabíamos por qué se maltrataba a los delfines de los mares, se contaminaban las aguas de los ríos y el aire estaba impuro. «Porque no son de nadie», se respondió él mismo. Si todo eso tuviera dueño particular, este se preocuparía de que su propiedad no sufriera ningún daño. Y no hay dueños de esas cosas porque los gobiernos violan el derecho a la propiedad individual y se convierten en estorbo para conseguirlo. Además, a los gobiernos (solo los comunistas y socialistas, por supuesto) les da por adueñarse de todo (nacionalizaciones) y eso es una violación de la libertad económica y del derecho a la propiedad.

La Iniciativa dice responder a los compromisos del país dentro del Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (Convenio UPOC) versión 1991. Mientras asombra que hoy sí toca reconocer la obligatoriedad de los compromisos internacionales, preocupa que no aparezcan otros convenios fundamentales en el tema,  como el Protocolo de Nagoya, ratificado por Guatemala (i. e. hay que respetarlo) el 18 de junio de 2014. Este es un acuerdo complementario al Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB, ratificado por Guatemala en 1995 a través del Decreto Legislativo 5-95) que tiene como objetivo la participación justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos (incluyendo las dichosas obtenciones). El protocolo proporciona una base sólida para una mayor certeza y transparencia jurídicas tanto para los proveedores como para los usuarios de recursos genéticos. Ambos compromisos son omitidos y contravenidos en la Iniciativa.

Con esta larga –pero necesaria– introducción, iniciemos el análisis. Para ahorrar espacio se utilizará la inicial A y el número de artículo para citar la iniciativa. Ejemplo: A12 significa artículo 12. Y si se cita un párrafo se añade P y su número: A12:P3, para el tercer párrafo del artículo 12.

Continuamos la próxima semana…