Ley de Reconciliación Nacional: ignominia legislativa

Hace algunos días avanzó en segunda lectura en el Congreso de la República la reforma a la Ley de Reconciliación Nacional (iniciativa 5,377) por la cual se pretende amnistiar delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno. Dicha iniciativa completó este paso de manera sospechosa: varios periodistas señalaron que el tablero digital del Congreso marcaba un centenar de diputados presentes, cuando no se encontraban físicamente en el hemiciclo.

Esta normativa que se promueve es inconstitucional, injusta y contraria a derecho. Viola tratados internacionales en materia de derechos humanos y el principio de ius cogens. Esta iniciativa no pasaría ni el primer filtro de constitucionalidad en una comisión legislativa de cualquier democracia consolidada en el hemisferio occidental, pero en Guatemala, el país de lo surrealista, la comisión integrada por juristas de la talla de Stella Alonzo, Javier Hernández y Fernando Linares, entre otros, aprobó el dictamen favorable requerido.

Son múltiples los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Corte de Constitucionalidad (CC) en los que se ha hecho referencia a la posibilidad de amnistía de delitos de lesa humanidad. A guisa de ejemplo, en el caso Barrios Altos versus Perú, la CIDH estableció: «Son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias, y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos». Este criterio fue reiterado en los casos Gomes Lund y otros versus Brasil y Gelman versus Uruguay.

Asimismo, nuestro tribunal constitucional, en la sentencia de inconstitucionalidad general dictada dentro del expediente 3,438-2016, señaló: «De lo antes apuntado se evidencia que la imprescriptibilidad de los delitos de derecho internacional surge como norma imperativa de derecho internacional general ius cogens, y, en consecuencia, los tribunales de justicia del Estado de Guatemala deben aplicarla ipso iure por ser de observancia general para todos los Estados, teniendo categoría de compromiso adquirido por el Estado de Guatemala ante la comunidad internacional, en congruencia con lo preceptuado en el artículo 149 del texto supremo».

[frasepzp1]

Ojalá que esta normativa no se apruebe para no poner a Guatemala ante la opinión pública y la comunidad internacional como una sociedad anquilosada, paralizada en el siglo XVIII. Además, de aprobarse, lo más probable es que la CC la suspenda de manera provisional al conocer una acción de constitucionalidad general. Lo que los diputados pretenden con esto es agravar la crisis constitucional que se vive en Guatemala después de los actos de desobediencia del Organismo Ejecutivo frente a las resoluciones de nuestro tribunal constitucional.

Lo normal sería que una iniciativa de esta naturaleza despertase indignación en el foro jurídico, entre quienes ejercen la profesión liberalmente y entre los estudiosos del derecho. No digamos la respuesta institucional del colegio de abogados, cuyo nuevo presidente guardó silencio sobre este tema durante su campaña y lo sigue haciendo.

Y de nuestros políticos, a días de que se inicie la campaña electoral, ni hablar. ¿Conocen la incoherencia? Para muestra, un botón: pretender que se lleve al narcodictador Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad y, en simultáneo, apoyar su amnistía en Guatemala. Si usted se identifica con lo anterior, lo invito a que revise sus premisas y valores, a que reflexione sobre el verdadero sentido de la justicia.

Todo parece indicar que quienes por los próximos diez meses ocuparán las oficinas en el edificio de la novena avenida no descansarán hasta desprestigiar por completo al Congreso de la República, que están dispuestos a sacrificar los más elementales conceptos de justicia y de apego a derecho para procurar impunidad para sus aliados y, de paso, seguir minando nuestro sistema de justicia desde varias trincheras.