La anarquía de las armas

“La falta de confiabilidad de instituciones gubernamentales, las prácticas poco transparentes del sector privado, las fronteras porosas y la poca aplicación de la ley impide que pueda asegurarse el destino de la venta de armas a Guatemala”, escribió al Departamento de Estado el entonces embajador James Derham, consultado sobre si empresas estadounidenses deberían hacer negocios con la firma Polígonos, S.A. de la familia Arriaza, según asegura el cable diplomático.

El cable 06GUATEMALA769 muestra también como las embajadas estadounidenses no se dedican exclusivamente a velar por los intereses del gobierno de Washington o los que éste supuestamente comparte con el gobierno de Guatemala, sino de las empresas estadounidenses que buscan hacer negocios en el país. El cable describe cómo el agregado económico realizó una serie de entrevistas con instituciones del Gobierno y con empresarios privados para analizar la viabilidad de transacciones entre empresas estadounidenses y guatemaltecas. En este caso se trata del programa Blue Lantern (Faro azul), que se dedica a verificar si las empresas de armas en un país son confiables. 

El Departamento de Control de Armas y Municiones (DECAM), antes en el Ejército y ahora bajo una nueva oficina en el Ministerio de Gobernación tras la aprobación de la ley de armas y municiones en 2009, es descrito por varios empresarios entrevistados por el consejero económico como una oficina corrupta, que pide mordidas y tiene relación con el crimen organizado.

Pero los señalamientos estadounidenses de la opacidad en el control de armas y municiones no se quedan en el Estado. “Los actores privados producen un montón de evidencias escritas a mano, que no pueden ser verificadas, en las que aseguran que saben quiénes son sus clientes. Empiezan espirales de dimes y diretes en los que calumnian a su competencia, sin que uno pueda diferenciar entre los hechos y la ficción. Por eso no se puede verificar que se apliquen las regulaciones estadounidenses para asegurar el destino de las armas”, concluye el entonces embajador, James Derham.

El descontrol sobre las armas en los 108 mil kilómetros cuadrados de Guatemala no se limita al sector privado o a los empresarios estadounidenses. En 2009 fue descubierto por una investigación de Luis Ángel Sas en elPeriódico que el armamento con el que Zetas asesinaron a cinco agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en Amatitlán el 24 de abril de ese año había sido sacado de las bodegas del Ejército de Guatemala.