Javier Figueroa, el inocente

A las 6:02 de la tarde del jueves 10 de octubre, seis de ochos personas de un jurado austriaco declararon a Javier Estanislao Figueroa Díaz no culpable de participar en el asesinato de siete reos en la granja penal de Pavón, el 25 de septiembre de 2006. Al escuchar el veredicto, al extitular de la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC) de la Policía Nacional Civil (PNC) se le enrojecieron los ojos, miró al techo y abrazó a su hermano Federico. A su izquierda, entre los asistentes al juicio, Leslie Peralta, su esposa, sonrió.

Dos horas después de escuchar la decisión del jurado, Federico Figueroa dio unas escuetas declaraciones a Plaza Pública a través de un correo electrónico: “Dios nos libró de la perversidad humana”. Para los Figueroa, aun cuando el veredicto no estaba en firme, porque todavía la fiscalía de Ried Im Innkires, Austria, podría apelarlo, la decisión del jurado apuntaló lo que ellos venían insistiendo desde agosto de 2010: Javier Figueroa era inocente de los cargos de ejecuciones extrajudiciales en Guatemala. Ni una palabra más, ni una palabra menos.

Ese jueves por la mañana, durante su alegato final, Figueroa aseguró que sus manos no estaban manchadas de sangre. Según él, fue hasta que estuvo en Austria que se enteró de que elementos de la policía podrían haber cometido algún tipo de ilegalidad en la toma de control de la granja penal Pavón e insistió que lo que ahí había pasado fue un enfrentamiento armado entre autoridades policiales y reos.

“No se puede hacer de mi defendido un chivo expiatorio”, adujo Benno Wageneder, abogado de Figueroa en Austria. Según él, el caso sobre el exjefe policial se armó alrededor de la necesidad de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de justificar su existencia y la de los fondos económicos que reciben de la comunidad internacional, no sobre pruebas reales.

“Figueroa es un excelente actor”, respondió Claudia Jenichl, fiscal del caso, recordando en la corte que la escena del crimen fue manipulada después de los hechos. Pero, para el jurado, pesaron más las pruebas de descargo y las palabras del imputado. 

Seis horas después de escuchar los alegatos finales, el jurado regresó a la sala de sesiones de la corte de Ried Im Innkires y se inclinó a favor de Figueroa. “No culpable”, dijeron. Tres días después, el lunes 14 de octubre, la fiscalía austriaca anunció que no apelaría el veredicto, dejándolo en firme. Javier Figueroa estaba en libertad.

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El Javier Figueroa vestido con un traje gris que está en el banco de los acusados este 18 de septiembre no es el mismo hombre que llevaba el uniforme policial y portaba armas en Guatemala a mediados de 2006. El que está en Austria, no parece tener el porte del pasado, ni mantiene la cabeza erguida ante las cámaras. Atrás dejó el bigote poblado y la mirada penetrante que lo caracterizaba en las fotografías cuando posaba junto a su amigo de infancia y compañero de la PNC, el exdirector general de la policía Erwin Johan Sperisen Vernon.

El Javier Figueroa sentado frente a los tres jueces y la fiscal austriaca a veces parece aburrido, contiene los bostezos. Se le ve enjutoy apenas gesticula, como reprimiendo cualquier reacción que delate su estado de ánimo. Ahí, en la corte, se le ve triste, apesumbrado.

Figueroa, por momentos, mira hacia al frente, hace sutiles gestos  para aprobar parte de las declaraciones de los testigos que desfilan por la corte que le son favorables. Por otros, se mantiene inmóvil, con la mirada fija en el suelo.

Por recomendación de su abogado, Benno Wageneder, Figueroa se niega a dar una entrevista mientras el juicio esté en marcha. Su hermano, Federico Figueroa, asegura que lo hará cuando todo el proceso termine. “No es el momento”, dice una y otra vez.−−Él (Javier Figueroa) no ha hablado. Queremos abrirle un espacio para hablar, una entrevista en la que se publique su versión de los hechos− se le insiste a Federico Figueroa.−Le repito que no es el momento para ello.

−¿Y cuándo será el momento?

−Cuando todo esto (el juicio) termine.

−Más o menos por el 8 de octubre.

−Sí, más o menos en esa fecha. Le prometo que en ese momento él le dará una entrevista.

− ¿Cómo se la ha prometido a todos los medios de Guatemala?

−Es que cuando esto termine, él no hablará exclusivamente con un medio, hablará con todos para que se sepa la verdad. Esa es una promesa.

Federico Figueroa se despide y augura que su hermano saldrá libre.

Federico Figueroa viajó a Austria después de que terminara el juicio de Aldo Figueroa, su otro hermano acusado de ser parte de la estructura que mató a 10 reos en tres momentos diferentes, en tres casos diferentes –Pavón, Cueva e Infiernito–, y que fue sentenciado a 15 años por tenencia ilegal de armas, el 8 de agosto pasado.

Federico llegaa la corte vestido de traje y el cabello peinado hacia atrás. Impecable, pero nervioso, durante todo el juicio aprieta los dientes una y otra vez. Por momentos, anota frases sueltas de las declaraciones en un cuaderno. A su lado está Leslie, su cuñada. Pocas veces intercambian palabras, entre ellos, durante las audiencias. Es hasta que éstas terminaban, por las calles de Ried Im Innkires, cuando platican de las incidencias del juicio.

Tras la declaración del expresidente Óscar Berger sonreían satisfechos.

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El proceso judicial contra Javier Figueroa vivió tres momentos importantes en Austria.

El primero, el 18 de noviembre de 2011, cuando el tribunal distrital de Ried Im Innkires tomó la decisión de no extraditar a Guatemala al exjefe policial, acusado de participar en la ejecución extrajudicial de 10 reos en 2005 y 2006.

Leslie Figueroa, esposa del exjefe policial, dijo en una entrevista al diario austríaco Der Standard, el 17 de julio de ese mismo año, que la vida de su esposo estaba en peligro en Guatemala. “Es una víctima del sistema corrupto que existe en Guatemala. Si vuelve, será asesinado”, aseguró.

El segundo momento lo marcó la decisión del Alto Tribunal de Linz al denegar la apelación fiscal distrital austriaca que buscaba la extradición a Guatemala del exjefe policial, el 6 de diciembre de 2011. Lo hizo porque las autoridades austriacas aseguraban que en Guatemala no se respetaría el derecho a la seguridad jurídica del imputado. Según ellos, en Guatemala, Figueroa no tendría un juicio justo; en Guatemala, su vida corría peligro aun cuando fuera recluido en una cárcel y el Estado fuera el responsable del cuido de su integridad. Pero el caso no quedaría en la impunidad. “La fiscalía de Ried Im Innkires ha abierto un proceso contra Figueroa por sospecha de asesinato múltiple”, anunció el juez André Starlinger. Ese mismo día, fue detenido y puesto a las órdenes del tribunal distrital, revocando la fianza de 15mil euros que había pagado para estar en libertad.

Ambas decisiones representaron un reto para las autoridades austriacas. Primero, aceptaban la existencia de un sistema judicial corrupto y un Estado que permitía, ya fuera por complicidad o por negligencia, la existencia de grupos de exterminio integrados por elementos de seguridad pública y de civiles en Guatemala, algo impensable en el país europeo. Segundo, el caso partiría de la investigación realizada en Guatemala, con todos los pros y contras de la misma, en la que la fiscalía austriaca no había participado de ninguna manera.

Para las autoridades austriacas  era muy difícil comprender por qué toda la investigación judicial del caso Pavón, el único por el cual sería juzgado Figueroa en Austria, arrancó tarde. Cerca de tres años tarde, con pruebas deficientes que corrieron por parte de un Ministerio Público (MP) que avaló la idea de que nunca existió  una ejecución de reos sino un enfrentamiento, cuando estos se resistieron a ser capturados para ser trasladados a Pavoncito.

Por ejemplo, las primeras declaraciones anticipadas en el caso fueron tomadas hasta mayo de 2010, 20 meses después de los hechos, aunque la investigación por parte de la CICIG había comenzado un año antes. Hasta ese momento, según reconocen fuentes fiscales, la investigación estaba “olvidada” en la Unidad de delitos contra la vida del MP, aún cuando existían denuncias hechas por diferentes medios de comunicación, instituciones internacionales y la oficina del Procurador de Derechos Humanos (PDH) desde diciembre de 2006.

El 15 de febrero de 2007, el mismo jefe de la unidad del MP, Álvaro Matus, desestimó que las declaraciones que los reos hicieron sobre el asesinato de sus compañeros en la toma de Pavón fueran una prueba para investigar. “Los relatos no señalan a elementos policíacos o a las personas que participaron en el operativo como los responsables de matar a  los presos. En la escena del crimen se recolectaron evidencias de que ocurrió un enfrentamiento entre agentes policíacos y los prisioneros”, dijo.

Para Matus, el caso estaba cerrado, aunque estaba pendiente que la unidad de médicos forenses del MP entregara los reportes de las necropsias realizadas a las siete víctimas de Pavón al servicio forense del Organismo Judicial (OJ). Matus encabezó a los auxiliares fiscales que ingresaron a la granja penal después de que se informó de los asesinatos de los reos. Su jefe en el operativo era Amílcar Velásquez Zarate, jefe de la fiscalía Distrital Metropolitana del MP, quien después asumiría como Fiscal General tras la salida de Juan Luis Florido

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El 25 de septiembre de 2006 se ejecutó el plan “Pavo Real” para retomar el control de la Granja modelo de rehabilitación Pavón, en Fraijanes, controlado por el Comité de Orden y Disciplina (COD), un grupo de reclusos que mantenían negocios ilícitos adentro y afuera de la cárcel. Según el MP, Figueroa autorizó, apoyó y consintió, junto a Sperisen; Carlos Roberto Vielmann Montes, ministro de Gobernación de 2004 a 2007, y el comisario policial Víctor Hugo Soto Diéguez, exjefe de la División de Investigación Criminal (Dinc), el asesinato de siete reos durante la ejecución del plan.

Más tarde se diría que “Pavo Real” partió de un trabajo de inteligencia para identificar a los líderes del COD y otros reclusos que cometían acciones delictivas adentro y afuera del centro penitenciario para incluirlos en un listado de 25 personas que serían asesinadas. Según uno de los testigos del MP y la CICIG, la decisión se tomó durante una reunión en una casa en zona 13, donde supuestamente asistieronel presidente Óscar Berger y el vicepresidente Eduardo Stein. Por ello, se les acusaba a este grupo de exfuncionarios y otras 11 personas, entre policías, funcionarios y civiles, de los delitos de asociación ilícita y asesinato extrajudicial.

A las seis horas del lunes 25 de septiembre de 2006, según la acusación del MP, 3,186 elementos de la policía, el ejército y agentes de seguridad de Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) pusieron en marcha el plan Pavo Real. En él, los hermanos Javier y Aldo Figueroa; los policías Soto Diéguez, Axel Arnoldo Martínez Arriaza; y los civiles Juan Carlos Díaz Maldonado, José Roberto Villaverde Mayorga y los hermanos José Luis y Henry Danilo Benítez Barrios, habrían conformado un equipo especial, vestido con uniformes negros parecidos a los de los policías, con el rostro cubierto con pasamontañas y armas largas.

“Se dirigieron a distintos sectores del mismo, donde fueron reconociendo y apartando a los reos que se encontraban en la lista de reclusos a ejecutar, logrando separar del resto de la población carcelaria a los reos Luis Alfonso Zepeda González, Jorge Estuardo Batres Pinto, alias ‘El loco’, Carlos René Barrientos Vásquez, Mario Misael Castillo, José Abraham Tiniguar Guevara, alias ‘Chocobolas’, Gustavo Adolfo Correa Sánchez y Erick Estuardo Mayorga Guerra, alias ‘Chiquitón’”, dice la sentencia del proceso judicial en Guatemala. Los reos fueron llevados a la casa de Batres Pinto, dentro del penal, y ejecutados, después de que las fuerzas de seguridad simularan un enfrentamiento.

En el centro de mando de la operación, en la entrada de Pavón, estaban Vielmann, Sperissen y Alejandro Gammattei, director general de centros penitenciarios, así como Velásquez Zarate, y representantes de la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos (Copredeh) y de la Secretaria de comunicación social de la Presidencia, los únicos autorizados para canalizar la información oficial del procedimiento.

Los testigos del MP y de la CICIG, entre reos, policías y vigilantes del sistema penitenciario, aseguraron que los presos no opusieron resistencia ante las autoridades; que estos fueron llevados a las canchas de papifútbol y baloncesto, así como a la plaza cívica de la granja, donde fueron obligados a desnudarse y fueron atados de manos. Luego, un grupo de policías con el rostro cubierto apartaron a algunos de los reclusos tras verificar sus nombres en un listado. “Con las manos amarradas, los reos que escogían eran trasladados a otro lugar”, relató un testigo. Después, se supo que siete reos murieron en el procedimiento. Algunos de ellos, como Tiniguar, Mayorga, Zepeda y Batres, fueron vistos con vida minutos antes, cuando Pavón ya estaba bajo control de las autoridades.

Julio, expolicía que trabajaba como guardespaldas de Figueroa y quien testificó en Austria, afirmó que, al momento de  ingresar a la cárcel, él se encontraba con el exsubdirector policial y su hermano Aldo, quien tomó posición de francotirador tendido en la parte superior de una de las torres de vigilancia. Frente a ellos, un grupo de personas con el rostro cubierto y armas de fuego se abrió paso hacia el interior de la granja. Era la avanzada. “A metros de distancia se escucharon detonaciones… El grupo que iba adelante disparó varias veces. Cuando se calmó el fuego, avanzamos hasta llegar a una casa lujosa, construida lejos de las bartolinas”, afirmó el testigo que pide que no sea revelada su identidad. La casa se identificaría como el lugar donde vivía el colombiano Batres, acusado de narcotráfico y que estaba a 45 días de poder solicitar reducción de su pena por buena conducta. Frente a la casa de Batres estaba Soto Diéguez, quien encabezaba el grupo de policías que se adelantó a Figueroa. Cuando llegaron  ahí, asegura el exguardaespaldas de Figueroa, escucharon nuevas detonaciones de arma de fuego. El exjefe policial le ordenó a él que se quedara en la puerta mientras ingresaba. Estaba ahí afuera cuando llego Batres escoltado por los hermanos Benítez Barrios.

Hasta ahí también llevaron a Tiniguar y Castillo, a quien un custodio del penal asegura haber visto cómo era escoltado por dos policías. –Al primero, un lo identificó como un hombre gordo, moreno, de camisa amarilla y corte de cabello estilo hongo. Lo vio pasar frente a él y éste hasta lo habría saludado. Otro policía del equipo de seguridad de Figueroa aseguró que escuchó disparos minutos después de que estos tres reos, uno más habría sido sumado a Tiniguar y Castillo, entraron en la casa de Batres.

En todo caso, después de la toma, la versión oficial fue una sola: Siete reos pertenecientes a la cúpula del COD murieron cuando se enfrentaron a la policía que ingresó a Pavón. El enfrentamiento duró 45 minutos, aseguraron los jefes policiales. Figueroa narró a los periodistas que “se les hizo un llamado (a los reos) para que se entregaran, pero se resistieron”.

Ni el MP, ni la PNC, ni el Ministerio de Gobernación (Mingob), ni la Presidencia de la República pusieron en tela de juicio la versión del enfrentamiento armado. A su favor, tenían una opinión pública que en gran mayoría lamentó que no hubieran muerto más reclusos durante el operativo. El expresidente Berger lo reconoció en la corte en Austria cuando le preguntaron si en Guatemala no causó rabia o, al menos, se vio mal lo que pasó dentro de Pavón. “Al contrario, fue muy aplaudido… La recuperación de la cárcel fue aplaudidísima por la población; reconocida por todos los medios de comunicación. El 90 por ciento  estaba de acuerdo con lo que se había hecho.”

Quizás era fácil estar a favorDentro de Pavón, los reclusos tenían salones de billar, una barra show y un palenque, entre otros lujos. Las investigaciones de las autoridades guatemaltecas daban cuenta que desde la cárcel se planificaban secuestros, robo de vehículos, extorsiones y operaciones de narcotráfico. Incluso, en la granja existían laboratorios de crack y se comercializaba marihuana y cocaína, además de licor. Los miembros del COD mandaban dentro de Pavón a placer: vendían los terrenos para la construcción de casas, asignaban las celdas en las bartolinas y extorsionaban a los reclusos a placer. De todo eso dieron cuenta los medios de comunicación y la opinión de los lectores se inclinó a favor de la medida del Ejecutivo.

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El día que declaró el expresidente en Austria, Benno Wageneder llegó a la corte en bicicleta bajo una permanente llovizna. Viste traje azul y zapatos de gamuza marrón. No parece ser un abogado agresivo. Su imagen está muy lejos de la del Perry Mason de las películas.

Wageneder tiene la cara redonda y los ojos pequeños detrás de unos lentes gruesos sin montura. Se sienta en una mesa larga al lado izquierdo de los jueces donde caben seis personas holgadamente. En un estante bajo la mesa, Wageneder tiene ocho cartapacios rojos, rotulados con números romanos con cientos de páginas en su interior. Son las evidencias del caso y las declaraciones de los testigos, más de 50 testigos.

El defensor de Figueroa no es de las personas que hablan mucho. Su inglés es golpeado. Su voz es suave y habla haciendo pausas largas, como si no quisiera decir una palabra de más. A petición de él, la corte citó a Berger, a Stein y a Giammattei. Quería demostrar con sus testimonios que nunca existió una planificación previa para cometer ningún delito y, por ello, ninguna lista de reos a ejecutar

Berger y Stein son clave en la defensa de Figueroa. Una de las pruebas más fuertes en el caso es la declaración de un guardaespaldas, identificado como Jocol Carrillo, quien afirmó que acompañó al exjefe policial a una reunión el fin de semana antes de la operación, en una residencia de zona 13. En esa  reunión, según la CICIG y el MP, se habría tomado la decisión de crear el listado con los 25 nombres de reclusos de Pavón, los que serían trasladados al Infiernito. Es lo que los medios de comunicación austriacos llamaron “la lista negra”.

La investigación de la CICIG aseguraba que el objetivo final de la lista era identificar los nombres de los reos que serían ejecutados, probando la existencia de un plan en el que estaban involucradas autoridades de alto rango del gobierno guatemalteco.

Pero como la lista no apareció por ningún lado, la estrategia de la defensa se basó en desvirtuar el testimonio del exguardespaldas de Figueroa, dejando atrás la teoría de que existió una conspiración para asesinar a los reclusos. A ello se sumaba el demostrar que todo el caso era una invención de la CICIG, desechando todos los otros testimonios que dieron testigos de cargo en Guatemala; y probar que los reos sí dispararon. “Se trata de demostrar que no existió complicidad con nadie para hacer una ‘lista negra’ de prisioneros, que supuestamente era parte de este plan. Y eso es fácil porque esa reunión nunca existió”, dice Wageneder, afuera de la corte de Ried Im Innkires. Sonríe. El resto de pruebas presentadas desde Guatemala parecía que no le importaban.

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Las pruebas en el caso Pavón estaban documentadas en 8,320 páginas certificadas por la justicia guatemalteca y enviadas por el Ministerio Público a Ried Im Innkires para el juicio.

Los forenses demostraron que algunos de los reos murieron por tiros a corta distancia y dejando tatuajes de pólvora o marcas en las muñecas de las ligas de plástico con las que fueron atados los reclusos. Y las fotografías del informe de la Unidad de especialistas de escena del crimen del MP así lo mostraban. Aún así, los fiscales que hicieron el levantamiento de las pruebas en la zona afirmaron que los reos murieron durante un enfrentamiento. Al frente de ese grupo fiscal que ingresó a Pavón estaba Matus, quien al poco tiempo asumiría la jefatura de la fiscalía de delitos contra la vida y después sería investigado por alteración de evidencias en el caso del asesinato de venezolano Víctor José Rivera Azuaje, asesinado el 7 de abril de 2009 después de que dejara de ser asesor del Mingob.

La evidencia más fuerte era  el dossier de fotografías hecho público por la CICIG en diciembre de 2010.  Por ejemplo, en las fotos se mostraban a Zepeda, presidente del COD, vestido con camisa café claro, gorro negro y pantalón oscuro bajo el control de un grupo de policías. La secuencia fotográfica da cuenta de cómo un policía con el rostro cubierto, lentes y casco observaba cuando se tendió en el suelo y se desvistió completamente.

El mismo 25 de septiembre, el subcomisario Luis Ernesto Sis García, jefe de operaciones de la Comisaría 13 de la PNC –que había sido movilizado específicamente para “Pavo Real”-, redactó el informe de la operación policial en Pavón. En él, aseguró que fallecieron siete reclusos y que uno más de los reos resultó herido y fue trasladado al hospital Roosevelt. De Zepeda, el oficial policial reportaba que fue encontrado completamente vestido y con un fusil de asalto AK-47 y una pistola 3.8 mm. ¿Cómo llegó Zepeda a resguardarse en el gallinero de la casa de Batres, donde encontraron su cuerpo,  en qué momento se vistió, y obtuvo las armas de fuego?

Además de las armas encontradas a Zepeda, la policía reportó un fusil recortado AR-15, una navaja y dos granadas de fragmentación. Las fotografías mostraron que al menos una de las granadas fue implantada a uno de los reos asesinados: En una primera, aparecía con la mano extendida y sin nada en ella. En otra, posterior, con la granada en la mano. Además, al menos dos de los reclusos estaban desnudos a la hora de morir y fueron vestidos posteriormente.

El examen balístico que hizo la CICIG demostró que el fusil AR-15, encontrado bajo el cuerpo de Batres, en el segundo piso de su casa, era inservible porque carecía de martillo para percutir los proyectiles. Además, en la escena del crimen se encontraron casquillos que no correspondían a las armas que supuestamente dispararon los reclusos. Según el reporte, estos pertenecían a al menos cinco armas que nunca fueron encontradas en la escena y que jamás fueron identificadas durante la investigación inicial.

Para los fiscales que retomaron la investigación del caso en 2010, 20 meses después de que ocurrió la toma a Pavón, estas evidencias probaban cómo se recreó la escena del crimen para que pareciera un enfrentamiento armado y que ello no pudo hacerse sin que los altos jefes policiales que participaron en la operación se dieran cuenta.

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Figueroa se sienta en la primera banca, todo el tiempo flanqueado por dos policías en la corte distrital de Ried Im Innkreis. Justo frente a él, está el escritorio de los testigos. En éste está sentado el expresidente Óscar Berger . El jurado, la fiscal, los jueces y el abogado defensor, sentados en diferentes escritorios o estrados, formaban un “U” alrededor del testigo, quien permanece erguido y con la vista hacia el frente. “No conozco de ningún plan secreto ni de ninguna lista secreta”, dice en español. Su voz resuena en la sala. La intérprete traduce cada palabra. Bergeriene sobre la mesa cuatro cartapacios y una copia del libro de Alejandro Gammattei que éste le regaló antes de entrar a declarar en la corte.

El salón de la corte mide cerca de 16 metros de largo por cuatro de ancho. En él caben cómodamente un centenar de personas. Pero los que escuchan al expresidente guatemalteco no llegan a la veintena. Del lado de Figueroa está su hermano Federico, su esposa, una pareja de amigos y el abogado de Berger. Del otro lado, cinco periodistas y media docena de estudiantes de derecho.

Para la justicia austriaca, los nombres de los jueces no son importantes sino sus actuaciones.  La prensa nunca publica los nombres de los juzgadores. Son tres: Una mujer de cara delgada y pelo largo; uno joven, quién lleva la batuta de los interrogatorios; y uno  de mayor edad, con el cabello canado, que lanza preguntas puntales de vez en cuando, como si jugara a ser el inquisidor. Su papel fue el de dirigir el juicio, interrogar a los testigos y trabajar de la mano de la Fiscalía, con quien toman parte en la investigación de los casos.

La primera preocupación de la corte era aquella reunión en la que supuestamente se hizo el listado de reos de Pavón, la lista negra de quiénes serían asesinados. “¿Sabe algo de algún plan secreto, de alguna lista secreta?”, pregunta el juez.

−No conozco de ningún plan secreto ni de ninguna lista secreta- dice Berger.

−El señor Jocol Carrillo mencionó en su declaración que el fin de semana antes del  operativo hubo una reunión en la que se presentaron Sperissen, Figueroa, Vielmann y Giammattei. Y también dice haber visto personas de seguridad del ministro de Defensa, del presidente y del vicepresidente. Él dijo que al final de esta reunión también vio a estas personas, es decir a usted, al señor exvicepresidente y al ministro de Defensa. ¿Qué dice de eso?

−¡Absolutamente falso! No sé cómo me pudo ver el señor Jocol cuando yo estaba en Nueva York. Aquí traigo mi pasaporte donde consta la entrada a Estados Unidos y el regreso a Guatemala… Nunca me enteré de reunión alguna, nunca participé de ninguna. Era un imposible y es absolutamente falso lo que este señor está afirmando.

−¿Puede ser posible que su seguridad tuvieran parte en esta reunión si usted no estaba ahí?

−No, no es posible. No es esa la función de ellos. Están para nuestra seguridad, única y exclusivamente.

−¿Nos puede mostrar el pasaporte y la página en la que está la fecha de entrada y salida?

Berger se levanta. Camina hacia el juez. Muestra su pasaporte y si dirige a él en un inglés entrecortado y con un marcado acento: “La entrada a Estados Unidos, 17 de septiembre de 2006. Y la entrada a Guatemala, 24 de septiembre de 2006”. “Esa reunión no existió porque no existió”, asegurará minutos después a la fiscal austriaca.

“¿El imputado se hizo de enemigos por pelear contra la corrupción?”, pregunta la segunda juez. Berger habla de cómo su gobierno fue “frontal en atacar la corrupción y su organización criminal” y que las personas que ejercieron en su gobierno pusieron en peligro su vida y las de su familia por hacerlo. Ejemplos de ese combate frontal, según él:   La implementación del portal Guatecompras para evitar la corrupción en las compras del Estado. Ningún ejemplo más.

La intención de los jueces y la fiscal era corroborar la declaración inicial que hiciera Figueroa ante la corte de Ried Im Innkires. Él aseguró que, producto de su labor contra el crimen organizado, se hizo de enemigos, incluso dentro de la misma policía y el ejército, y por ello se vio obligado a salir del país en marzo 2007. Fue  justo por ello que el Estado austriaco accedió a darle asilo a él y a toda su familia.

Y Berger, aunque no ahondó en la renuncia de Figueroa durante su declaración, sí afirmó que por su cargo él estaba en riesgo en Guatemala. “Las organizaciones criminales tienen mucho poder, tienen muchos recursos. A ellos son a los que más afectamos con aplicarles la ley. Desde luego, ellos se convierten en enemigos acérrimos del régimen y de quienes trabajan para las instituciones”, dijo.

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Javier Estanislao Figueroa Díaz se graduó de médico a finales de 2001. Antes de entrar a la corporación policial, Figueroa tenía una empresa (Eco-Torner, S.A.), laboraba en el Centro Médico Militar y su principal mérito para trabajar con la policía era ser amigo de infancia de Erwin Sperisen, el entonces director de la PNC. Hasta en su tesis de grado de la Universidad Francisco Marroquín, el nombre de Sperisen aparece entre sus agradecimientos.

Figueroa fue asesor ad honorem de la dirección general de la PNC, después asumió la Subdirección General de Salud Policial (SISAP), en diciembre de 2005, y luego, menos de un mes después, fue nombrado titular la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC) con el grado de comisario general. Todo se amparaba en el Acuerdo Gubernativo 662-2005del 9 de diciembre de 2005, que daba forma a una nueva estructura organizativa de la policía y que, de paso, derogaba las prohibiciones para que civiles y militares sin experiencia en seguridad pública ocuparan cargos de dirección de la PNC.

El nombramiento de Figueroa generó críticas dentro de la institución. Los detractores de “El doctor”, como era conocido en los corrillos policiales, acusaban que el amigo de infancia de Sperisen no tenía ninguna experiencia en investigación, lo que era primordial para quien manejara la nueva SGIC. ¿Se podía dejar en manos de un médico una subdirección nueva que reunía los departamentos de inteligencia y análisis policial (División de Investigación Criminal (DINC), División de Información Policial (DIP) y el Centro de Recopilación, Análisis y Gestión de Información Criminal (CRADIC), la División de Planificación contra el Crimen (DPC) y el Gabinete Criminalístico (GACRI)); el manejo de escenas del crimen (DIPEC), armas y explosivos (DIDAE); y las divisiones de policía cibernética (POLCIB) e internacional (INTERPOL)? A lo mucho, sus críticos reconocían que Figueroa tenía un especial gusto por las armas.

Ante las críticas por su nombramiento, Sperisen lo defendió aduciendo que Figueroa era un hombre de su confianza, que no estaba corrompido por la estructura policial que existía entonces y que aportaría elementos de medicina forense a la investigación criminal. Como su mano derecha en el cargo, en la Dirección de Investigación Criminal (Dinc), se nombró a Soto Diéguez, que venía de las estructuras de las antiguas fuerzas policiales anteriores a los acuerdos de paz.

Críticas más, críticas menos, Figueroa se mantuvo en el cargo sin mayores problemas hasta el 19 de febrero de 2007, cuando fueron asesinados tres diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y su chofer; y luego murieron los cuatro policías de la Dinc que habían sido acusados del crimen, durante la incursión de un comando armado a la cárcel El Boquerón, donde estaban recluidos. La muerte de los parlamentarios empujó una serie de acontecimientos en los que fueron asesinados al menos una docena de personas relacionadas con el caso, entre ellos Rivera Azuaje, exasesor del Mingob, los hermanos José Luis y Henry Danilo Benítez Barrios, exasesores ad honorem de la PNC, y un auxiliar fiscal.

El 4 de marzo de 2007, Figueroa y su familia salieron hacia Costa Rica y, en un periplo que incluyó pasar por Panamá, Venezuela, México y España, llegaron a Thalham, Austria, donde solicitó asilo político aduciendo que era perseguido por el crimen organizado en Guatemala. Figueroa nunca fue cuestionado por el Ministerio Público por el asesinato de los diputados.

Al igual que el caso Pavón, todos los casos relacionados con la muerte de los diputados salvadoreños fueron investigados bajo la dirección del fiscal Álvaro Matus. Pero la documentación del caso Parlacen y todo lo que pasó alrededor de él no figuraba en la información que manejaba la corte en Ried Im Innkires, Austria.

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Claudia Jenichl es la fiscal del caso. Es una mujer atlética y de pelo corto, rostro pequeño, nariz aguileña, labios delgados y mirada penetrante. “Hablo muy poco inglés”, se disculpa durante uno de los recesos del proceso. “Igual, no estoy autorizada para hablar del caso”, dice, sonríe y se toma un par de minutos para remitir a los periodistas al vocero del juicio. “Segunda planta… Por esas gradas, es muy probable que lo encuentre en su oficina”. Sonríe de nuevo y se despide.

La amabilidad de la fiscal desaparece en la sala de la corte. Se sienta a la derecha de los tres jueces encargados del caso. Viste bata negra con listón rojo. Mira a los testigos a la cara. No baja la vista a menos que sea para anotar algo o revisar los documentos que tiene en su computadora portátil: copias y copias de las declaraciones de los testigos ante el MP y más copias de declaraciones que se hicieron vía satelital desde España, Suiza y Guatemala, en marzo pasado.

Jenchil busca incongruencias en lo que declaran unos y otros. No hace diferencias entre testigos de cargo y de descargo. Igual increpa a Berger y a Giammatei como a Julio y Amílcar, los testigos de CICIG que declaran el 19 de septiembre. “En su declaración en Guatemala dijo…”, afirma y lo que sigue a continuación es un momento incómodo para el testigo de turno. No perdona una palabra de más en el testimonio, pregunta siempre si en lo declarado falta una palabra de lo dicho en ocasiones pasadas.

Cuando toca el turno de interrogar a Berger, Jenchil saca a luz que existía una comunicación entre la familia del imputado, la defensa del mismo y los testigos que propusieron. Es el único momento en que Berger pierde la paciencia, duda y se muestra nervioso. “¿Ha tenido usted en los últimos meses contacto con la familia del imputado?”, pregunta la fiscal. Y Berger calla por cinco segundos. “Hace unos… un mes y medio con el hermano (Federico) del imputado… Me avisó de esta reunión a la que nos iban a invitar”, dice.

−¿De qué hermano estamos hablando?

−Estamos hablando de Federico Figueroa. No tengo una amistad muy cerrada con él. Lo conozco y él estaba muy interesado en que nosotros asistiéramos a esta reunión. Nos avisó que iba a llegar una citación de parte del honorable tribunal.

−¿Recibió usted la citación?

−Yo recibí la citación personalmente.

−Usted dijo “nosotros asistiéramos”, ¿quiénes son “nosotros”?- pregunta el juez.

−… Bueno, es… Uso mucho el “nosotros”, tal vez… Que yo me presentara…

−¿Cómo se enteró usted de los temas de las declaraciones del día de hoy? -vuelve la fiscal a preguntar.

−A través de la citación que hizo el MP nos enteramos de lo que se trataba…

−… ¿Los temas se mencionaban en la citación? -interroga, de nuevo, la fiscal.

−Bueno, la citación la tengo aquí conmigo si quiere se la…

−Usted está muy bien preparado, ¿cómo se enteró de los temas? 

−No sé si consta de la citación, pero sí traía alguna información de que el señor Jocol Carrillo dijo que había tenido una reunión… que había asistido, pues… Preparamos las pruebas de que no estaba en Guatemala y que la afirmación era absolutamente falsa.

− ¿Cómo se enteró que Jocol Carrillo dio ese testimonio?

−Tengo aquí un escrito que lo menciona. 

−¿De quién ese es escrito? -pregunta la fiscal. El expresidente guarda silencio por 20 segundos.

− Esto es una información que recibimos de los temas a tratar en la audiencia. Y dice que para el licenciado Óscar Berger hay cinco temas. Y el tercer tema menciona lo de Jocol Carrillo.

−¿Quién escribió ese escrito?

−Me imagino que fue a través de la defensa del señor Figueroa.

−¿Se lo enviaron por correo electrónico? 

Berger guarda silencio por cinco segundos.

− Sí, seguramente… Por correo… ¡No me llegó a mí! Esto me lo facilitó el vicepresidente Stein… él, él…

Berger muestra el escrito a los jueces. Eran dos páginas engrapadas que supuestamente le envió Stein. Fue el exvicepresidente quien aprobó el estado de prevención en Fraijanes, el 22 de septiembre de 2006, parte del plan “Pavo Real”. Pero Stein no asistió a declarar a Austria. Se disculpó por problemas de salud. Tampoco declararó por videoconferencia, como lo hicieron otros.

Jenchil vuelve a la carga, durante cinco minutos escucha la traducción del escrito y cuestiona por qué en éste no se plantean preguntas sino, más bien, se le solicitan acciones puntuales. Por ejemplo, el documento solicita a Berger que comprruebe que no estuvo en la reunión donde se habría planificado el asesinato de los reos. Según la fiscal, se le inducía las respuestas que tiene que dar durante el juicio en Austria. “Sí, preguntas no hay”, reconoce Berger. “Esos eran los temas a tratar y obviamente estábamos preparados para desmentir algo que era falso”, dice el expresidente.

Al salir de la corte, Berger no da declaraciones a los periodistas. Junto a él estaba Francisco Palomo, quien se identificó ante el juzgado como abogado del expresidente. Por esas coincidencias del destino, Palomo también es el abogado de Vielmann en Guatemala.

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Dentro de la acusación del MP y la CICIG en el caso Pavón, Carlos Vielmann, el exministro de Gobernación, es la cabeza de una estructura que se dedicaba a la limpieza social en el país. Supuestamente de él dependían las actuaciones de su asesor de seguridad, el venezolano Rivera Azuaje y “los Riveritas”, un grupo de al menos nueve personas que resolvían casos de secuestro caracterizándose porque en sus operaciones siempre morían los captores; así como era el jefe del director de la policía, Erwin Sperisen, y responsable de las acciones de sus subalternos en la corporación policial, que incluyó la limpieza social de pandilleros y otros delincuentes desde la Dinc.

Así, según la CICIG, el gobierno de Berger permitió la existencia de grupos de exterminio al interior de los cuerpos de seguridad durante la gestión. Por eso la acusación fiscal sumó al caso Pavón los casos Infiernito y Cueva, en donde se juzgaba el asesinato de tres reos prófugos en 2005, y que demostraba, según la comisión, cómo operaba toda la estructura en la que identificaron 16 personas en los que estaban exjefes policiales, exfuncionarios del Mingob y civiles. Pero en Guatemala, jamás se llamó a declarar a Berger o a Stein por el caso Pavón..

Pero en Austria, la fiscalía determinó que Figueroa solo sería juzgado por este caso. Ese sería el tercer momento determinante en el juicio contra el exjefe policial. La decisión tenía cierta lógica. Por ejemplo, ¿Cómo justificaba el MP que Figueroa estaba involucrado en una estructura que venía funcionado desde 2005 cuando él no ascendió a jefe de la Subdirección general de investigación criminal (SGIC) hasta el 13 de enero de 2006?

La separación de los tres procesos no dejó ver claramente el móvil que esgrimían los acusadores en Guatemala: una estructura vertical desde el ministerio de Gobernación que permitió el asesinato extrajudicial y la limpieza social en Guatemala durante esos años. Si a eso se le sumaba que entre las pruebas presentadas en Austria y en Guatemala no existía una copia de la famosa lista de reclusos de Pavón, el caso contra Figueroa dejaba suficientes dudas. ¿Cuál era el móvil para asesinar a los reos? Según la fiscal austríaca, una demostración de poder de las autoridades ante los reclusos. ¿Podía aceptar eso un jurado austriaco?

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Las diferencias de sistemas judiciales entre Guatemala y Austria pesan. Por ejemplo, para los jueces era difícil entender que un caso penal podría terminar sin llegar a un juicio oral y público, como pasó con la desestimación de cargos a Giammattei. En Austria, los procesos no se dividen en instancias como en Guatemala.

También pesan las distancias entre la realidad de ambos países. En agosto de este año, la corte regional de Ried Im Innkries dio noticia por el juicio del homicidio de una anciana. Se acusaba al nieto de la víctima de ser el autor material siguiendo órdenes de su abuelo. Durante varias semanas, el caso estuvo en los medios de comunicación de la región. Al abuelo le dieron 18 años de prisión; al nieto, 12 años. “Por el tipo de caso, por ser un caso poco frecuente en la región, la gente estaba pendiente de él”, reconoció Roman Bergsmann, el juez que hacía de vocero en el proceso de Figueroa.

Y el caso de Figueroa es menos frecuente aún. Para los austriacos, el que un gobierno permitiera cárceles con palenques y laboratorios de drogas es algo difícil de entender. Un día después de la declaración de Berger, ese fue uno de los  puntos que destacó el periódico local Nachrichten. Mucho menos entendían la posibilidad de que la policía de un país, encargada de velar por la seguridad pública de sus ciudadanos, se tomara la potestad de matar a alguien.

“Somos una ciudad muy pacífica, donde las armas las tienen los policías, porque son ellos los encargados de protegernos”, comenta Daniel Schwandther, habitante de una población cercana a Ried Im Innkries. “Un jefe policial que asesine a un detenido no es algo posible en este país. Si lo hace es porque es un loco y asesinaría a otras personas. Pero él (Figueroa), por lo que he leído, es una persona tranquila. Es el jurado el que determinará si es o no culpable”, afirmó Schwandther, encargado de un restaurante local.

En Austria, la absolución o culpabilidad de un caso de homicidio solo puede ser determinada por un jurado integrado por ciudadanos. La pena, de ser encontrado culpable, oscila entre los 10 y los 20 años de cárcel y la decisión de aplicarla es tomada por el jurado junto a los jueces del caso. Si el jurado y los jueces estiman que el crimen cometido es demasiado grave, la pena se eleva a cadena perpetua. En todo caso, para ello se necesita que cinco miembros del jurado den su voto de culpabilidad. De haber un empate entre los jurados, la decisión se inclina a favor de la absolución del imputado.

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“No vine a Austria a defender a nadie… Vine a exponer mi verdad porque todo este caso es una invención del MP y la CICIG”, dice Alejandro Giammattei, el exdirector general de Centros Penitenciarios, afuera del tribunal austriaco. Camina frente al tribunal de Ried Im Innkreis bajo la lluvia, Este día le tocará esperar horas para declarar, mientras lo haceBerger. Su turno llegará por la tarde. “Por eso fui a Suiza, por eso estoy aquí”, repite.

Giammattei es una persona de plática fácil. Mantiene personalmente sus cuentas en redes sociales, contesta mensajes y comenta las noticias todos los días. A pesar de todo ello, no le gusta hablar con los periodistas. Según él, para qué dar entrevistas si la verdad de su caso está en su libro: 466 páginas, más anexos, de lo que llama “El relato de una injusticia”, así como lo tituló. Viajó a Austria con varios ejemplares. El ex presidente Berger tenía uno en el escritorio de los testigos al momento de declarar. Uno de los testigos de la CICIG, el que trabajó en el sistema penitenciario, también. Incluso, Giammattei quiso dejarle uno a la corte. Se lo agradecieron, pero lo explicaron que de aceptarlo tendrían que traducir todas las páginas al alemán y certificarlo. “Muchas gracias, pero no podemos aceptarlo”, le dijo uno de los jueces. 

Su versión de los hechos es que el gobierno de Álvaro Colom quería quitarlo del medio para que no participara en la contienda electoral de 2011, en la que asegura que tenía posibilidades de ganar la presidencia; que sufrió una persecución sin precedentes de parte del entonces Procurador de Derechos Humanos (PDH), Sergio Morales; que nunca participó en ninguna reunión ni conoció de listas negras de reclusos; que todo fue una invención de uno de sus subalternos, el teniente coronel retirado Luis Alfredo Linares Pérez.

Justo ese último punto es la hipótesis que maneja en su libro: Linares Pérez, contratado bajo el renglón 029 y aprovechándose de su cargo de subdirector de seguridad, solicitó a la armería del centro penitenciario dos fusiles AK-47 el día de la toma de la granja penal. “A pesar que había una orden de mi parte de nadie de presidios tendría armas, Linares Pérez tuvo armas y disparó dentro de Pavón”, dijo en la corte. Y según él, el teniente coronel retirado tenía un móvil: “El Loco” Batres era el principal sospechoso de ordenar el 28 de julio de 2006 un atentado contra Erick Rolando Martínez Solórzano, su excompañero de armas, quien podría estar involucrado en tráfico ilícito de drogas y fue atacado justo después de visitar en Pavón a Edy René Reyna Calderón, también compañero de la misma promoción de la Escuela Politécnica.

“¿No podía ser ese fusil AK-47 una de las cinco armas que la CICIG no pudo identificar en el análisis balístico que realizó?”, pregunta el exdirector de centros penitenciarios. “Pero nunca se investigó nada de eso; al contrario, Linares Pérez se convirtió en testigo, en colaborador eficaz”, reclama.

Pero el aporte de Giammattei a la defensa de Figueroa no es ese. Lo suyo es poner en tela de juicio las declaraciones de todos los testigos de cargo presentados por la CICIG, aduciendo que el caso se construyó con base a mentiras dichas, en su mayoría, por reclusos que obtuvieron beneficios carcelarios a cambio de sus declaraciones; y que incluso a él, le ofrecieron el mismo trato: beneficios por testificar contra los jefes policiales.

Y Berger hizo lo mismo, horas antes frente al jurado: reconoció que conocía de casos aislados en los que la Comisión acosó a personas para armar procesos con testigos falsos. ¿Por ejemplo?, en el caso de los hermanos Valdés Paiz y el del mismo Giammattei. “Son reproches muy fuertes los que están haciendo contra la CICIG”, le dijo uno de los jueces. “Han cambiado tres comisionados y creo que ese es el mejor indicador de que su gestión ha sido un fracaso, de que en lugar de reducir la impunidad, posiblemente la incrementaron… No soy quién para evaluar a la CICIG; pero, si se pregunta, creo que sacaría una mala calificación”, respondió el expresidente.

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En el caso contra Figueroa, todas las pruebas de cargo del MP y la CICIG enviadas a Austria eran testimoniales: declaraciones de reclusos y guardias del sistema penitenciario que vieron con vida a los reos que fueron asesinados cuando el penal ya estaba bajo control de las autoridades; o de agentes que confirmaron la presencia del exjefe policial en el lugar y en las reuniones donde se planificó el plan “Pavo Real”.

Durante las audiencias en la corte, las declaraciones de los testigos de cargo dejaron dudas razonables sobre la existencia de un plan para asesinar a los reclusos y pusieran en tela de juicio la actuación de la CICIG. Además, ninguna de las pruebas, científicas o testimoniales, demostraban que Figueroa disparó contra alguno de los reclusos o que dio la orden de asesinar a un recluso durante el procedimiento. ¿Ninguna? Ninguna. Al contrario de ello, la defensa del exjefe policial mostró un video que no figuraba entre las evidencias enviadas por el MP y la CICIG y que demostraba que las declaraciones de su defendido sí eran verdad.

Lo hizo el lunes 16 de septiembre. Era un vídeo supuestamente grabado por un policía durante la toma de Pavón. En él, se ven fogonazos intermitentes desde la casa de Batres. Figueroa aseguró que ello probaba que hubo un fuego cruzado al momento de la acción policial y que los reclusos murieron en ese hecho, no asesinados. El tribunal dispuso que el video fuera analizado por expertos independientes para determinar si efectivamente se trataba de disparos o de destellos de luz, por ejemplo.

Una semana después, el 23 de septiembre, el experto en armas contratado por la corte testificó que se analizaron las imágenes cuadro a cuadro y el sonido de las mismas, llegando a la conclusión que el video muestra que se disparó hacia la policía desde el lugar donde fueron encontrados los cuerpos de los reclusos. Según el análisis del vídeo, en el que se analizaron 17 disparos, prueba que al menos cuatro de ellos provienen de la residencia de Batres. De igual forma, las pruebas de acústica diferenciaron al menos tres disparos, que según el experto, provenían del interior de una casa y de un arma no automática.

Según Figueroa, el vídeo fue escondido por años por el MP y por la CICIG y no se presentó como parte de las pruebas en la causa penal en Guatemala. “Lo que se dio en el momento de ese video fue un enfrentamiento”, aseguró el exjefe policial.

El análisis del vídeo sembró más dudas alrededor de la culpabilidad o no de Figueroa, más cuando el fiscal asignado al caso por el MP, Óscar Moreno, afirmó que la prueba había sido desestimada durante el proceso en Guatemala.

En Austria, de existir una duda razonable de lo que se le acusaba a Figueroa, el sistema jurídico se inclinaría por la absolución del exjefe policial, basándose en los principios de inocencia y de in dubio pro reo. En otras palabras, ante la duda razonable de que una persona no es culpable de lo que se le acusa, los juzgadores prefieren su absolución antes de poder cometer una injusticia con ella. Y el juicio demostró que en la toma de Pavón se cometieron irregularidades y delitos, pero no se probó que el exjefe policial fuera parte de ellos.

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Horas después de escuchar el veredicto, Figueroa dio las únicas declaraciones a un medio guatemalteco vía telefónica desde Austria. Lo hizo en el programa “Hablando claro”, transmitido en Emisoras Unidas y conducido por Mario David García, apasionado crítico de la CiCIG. “Esto no es solo un revés (al MP y la CICIG), esto es una clara evidencia de que el caso ha sido manipulado… Esto solo muestra la realidad de lo que ha sido CICIG para el país”, afirmó Figueroa.

Desde entonces, el exjefe policial no ha dado declaraciones. En un intercambio de 13 correos electrónicos con su hermano, Federico Figueroa, Plaza Pública intentó que cumpliera su palabra de brindar una entrevista. “Por ahora mi hermano está enfocado únicamente en el tema familiar, por lo que me dice que podés basar la información de tu nota en la entrevista que dio a Emisoras Unidas… Saludos cordiales”, se leía en el último de ellos, fechado el 15 de octubre. Desde entonces, Figueroa guarda silencio.

"Plaza Pública solicitó y recibió una contribución de Suecia para cubrir los gastos de esta cobertura periodística en Europa".