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Fuerzas especiales de la policía resguardan las instalaciones del Congreso de la República después de los disturbios provocados por veteranos militares. Esteban Biba/EFE

Explotó la promesa reavivada por Giammattei

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Explotó la promesa reavivada por Giammattei

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Ayer, tras varios días de espera a una mesa de negociación, un grupo de militares retirados entró a la fuerza al Palacio Legislativo. Quemaron vehículos y dañaron una parte de las instalaciones. Es la segunda vez que hay fuego en el Congreso en menos de un año.

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La escena ocurrió en 2019. Alejandro Giammattei, entonces próximo a recibir la banda presidencial, utilizaba un micrófono para convencer a un grupo de militares que exige ser indemnizados por sus servicios durante el Conflicto Armado Interno. «Un hombre que hable se compromete y no cumple, no merece llamarse hombre. Yo sé que ustedes me van a ayudar a mi» - «¡Si!» responden al unísono los veteranos. «Algo más… como el Congreso va a estar medio pintadito de verde (en alusión a los 52 escaños obtenidos por la Unidad Nacional de la Esperanza), yo como Presidente del país voy al frente de ustedes como comandante general del Ejército hasta que pase la Ley de Dignificación». Lo soldados retirados lanzaron un grito victorioso.

El discurso envejeció mal.

 

Una tarde antes, la alianza con una fracción de la UNE ayudó al oficialismo a mantener la presidencia del Congreso. Los militares retirados, en cambio, pasaron días frente al Palacio Legislativo esperando a su comandante general. Una semana antes bloqueron diferentes puntos del país, pero se retiraron bajo la promesa de ser atentidos por una mesa de negociación. Esto no ocurrió y el conflicto explotó.

Exigen un pago por 120 mil quetzales para cada veterano. La petición la sostienen en la promesa del Presidente, y en la iniciativa 5664, la «Ley de compensación económica por la prestación de servicio militar durante el enfrentamiento armado interno», presentada en febrero de este año por el diputado Felipe Alejos y Ana Victoria Hernández Pérez. De ser aprobada, durante cuatro años, el Estado debería pagar 30 mil quetzales anuales a cada uno de los soldados retirados.

Las cuentas oficiales de diputados empezaron con los primeros reportes y reclamaban al ministro de Gobernación, Gedri Reyes, la falta de acción. Desde adentro anunciaron que un grupo de personas armadas tumbaron el portón del parqueo del Congreso mientras los legisladores estaban encerrados, también había personal administrativo y el ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, quien esperaba atender una citación.

En el camino los veteranos agredieron periodistas y a al menos cinco agentes de la Policía Nacional Civil. En conferencia de prensa el ministro Reyes aseguró que quemaron cinco vehículos y tres motocicletas. Insistió en que su equipo estaba enfocado en identificar a los responsables y que pronto serías «puestos a disposición».

Hubo un detalle que Reyes no mencionó. Los veteranos estuvieron fuera del Congreso varios días, excepto la tarde cuando el oficialismo, y por tanto los diputados que lo apoyaron, asistieron al lugar para elegir la nueva Junta Directiva. Ayer, volvieron enfurecidos a tumbar el portón y dañar parte del edificio. Es la segunda vez en menos de un año que hay fuego en el Congreso.

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