Alcaldes, un as bajo la manga del PP para la reforma constitucional

El plan del oficialismo era reunir a sus aliados y aprobar con más de 105 votos las reformas a la Constitución Política enviadas por el Ejecutivo. Pero el rechazo a la medida dentro del Congreso mantiene estancada temporalmente la agenda y mientras tanto el partido de gobierno no ceja en su cabildeo, bancada por bancada, a la busca de respaldo.

Las negociaciones están avanzando y existe la posibilidad de que en los próximos días el partido de gobierno  consiga su objetivo. Será entonces cuando la disputa podrá trasladarse al campo electoral: la decisión del Congreso tendrá que ratificarse en una consulta popular.

Los jefes ediles como aliados

Aunque todavía no hay certeza de que sus aliados en el Congreso le den lo que busca, el oficialismo ya cuenta con un recurso que –en caso de  referendo– puede favorecerle con unaa ventaja definitiva en las urnas. Se trata del apoyo de las municipalidades.

Hace más de dos meses, el equipo del Presidente depuró la propuesta de reformas y al hacerlo incluyó un artículo que afectaba directamente la gestión de las municipalidades con un aumento a los recursos que se les asignan en el “situado constitucional”. Según la iniciativa: “Se eleva la asignación presupuestaria mínima de 10% a 11% de los ingresos del Estado”.

Luis Linares, director adjunto de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), señala que varios alcaldes cuentan con la capacidad de mover grupos del electorado, en especial cuando se trata de caciques de los municipios.

¿Se trata entonces sólo de una coincidencia que puede ayudar al Gobierno a conseguir su objetivo o es este el propósito de incluirlo en el paquete de reformas?

Linares destaca que no es la primera vez que se ve una situación de este tipo, pues en 1993 se recurrió al apoyo local para lograr la victoria del Gobierno en un referéndum. Entonces se trató también de reformas a la Carta Magna.

 Según el director de Asies, el Gobierno puede aprovechar que los alcaldes se encuentran siempre a la caza de más recursos por su obsesión por la obra gris.

Los alcaldes están al tanto de ello: el incremento les beneficia, pero más allá del cambio en el situado constitucional, no hay otros aspectos que repercutan directamente en las municipalidades. Lo reconoce Saúl Beltetón Herrera, alcalde de Guastatoya, El Progreso, por el PP.

El Ejecutivo ya comenzó a comunicarse con los jefes ediles. Si bien varios de ellos niegan aún haber recibido información de la administración central sobre el tema, Beltetón relata que el Gobierno ya les subrayó esos elementos de la reforma a él y otros alcaldes de su departamento.

Sin embargo, el momento para que los alcaldes empiecen a movilizarse aún no ha llegado. “Estamos esperando que nos den luz verde para empezar a socializar la reforma con la población”, manifiesta el jefe edil de Guastatoya.

El efecto en las finanzas municipales

Si se comparara con el  ejercicio fiscal de 2012, en el que la asignación para las municipalidades fue de Q2,503 millones, se tendría un incremento de Q250 millones, distribuidos entre todas las comunas.

La distribución no es igual para todos los municipios. Si bien un 35% de este monto se divide en partes iguales, el 65% restante depende de la población del municipio, sus ingresos per cápita y el número de aldeas.

Con un presupuesto como el de 2012, municipalidades como la de Concepción Sololá habría aumentado Q316 mil su asignación, mientras que otras como la de Mixco o la ciudad capital habrían obtenido un incremento de Q3.5 millones y 7.5 millones, respectivamente.

Ricardo Barrientos, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), opina que esto puede representar un desequilibrio financiero, puesto que para darles estos recursos adicionales a las comunas, habrá que restarlos de otras partes del presupuesto.

Según Barrientos, el problema es que muchas alcaldías sobreviven con el situado constitucional y no se preocupan por otras vías que pueden garantizarles recursos, como el Impuesto Único Sobre el Inmueble (IUSI). El economista explica que en muchos municipios ni siquiera se cobra este impuesto por las complicaciones que implica.

Algo pendiente en el Congreso

La razón por la que los alcaldes no han recibido esta “luz verde” de la que habla Beltetón para promover el voto con su población se debe a que el Congreso aún no ha aprobado esta iniciativa, a pesar de que los intentos por hacerlo vienen desde finales de octubre, cuando el partido oficial anunció su intención de meter la reforma constitucional en la agenda en un corto plazo.

La facilidad con la que el PP consiguió que el Congreso aprobara dos préstamos, el presupuesto para el próximo año y eligiera a la próxima junta directiva fue el reflejo de una alianza sólida con otras bancadas legislativas y parecía ser motivo suficiente para pronosticar un triunfo avasallador en las votaciones legislativas.

No obstante, se dieron situaciones que debilitaron esa alianza que el PP trata ahora de revivir. La Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) denunció la existencia de un “contubernio” entre la bancada oficial y sus aliados para incluir en un solo paquete de negociación las reformas constitucionales, la aprobación de bonos del Tesoro y modificaciones al Listado Geográfico de Obras del presupuesto de 2013.

El escenario presentado por la UNE planteaba la aprobación de las reformas a la Constitución como el primer punto. El siguiente paso debía ser la de bonos del Tesoro por Q3.5 millardos y la última parte tenía que ser la de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, con lo que se contribuiría a mejorar la imagen del Congreso tras los últimos sucesos.

Tras la alianza legislativa, con la sesión del 23 de octubre, en quelos diputados aprobaron la iniciativa del presupuesto del próximo año sin antes haber leído su contenido, se intensificaron las acusaciones de que habían existido negociaciones oscuras. .

Libertad Democrática Renovada  (Lider) atribuyó  la uniformidad en las votaciones a un acontecimiento que ya una de sus integrantes había señalado a principios de octubre. Una denuncia de la diputada Delia Back establecía que el partido de gobierno había pagado Q250 mil a cada diputado a cambio de sus votos por varias leyes incluidas en una agenda mínima consensuada.

Esta acusación no se ha podido probar, pero no sólo se mencionó dentro de las filas de Lider. En una entrevista televisiva, Luis Pedro Álvarez, diputado de Encuentro por Guatemala (EG), aceptó no tener pruebas, pero declaró que no encontraba forma de explicar la forma en la que el Congreso aprobó el presupuesto si no fue mediante un pago.

Mario Taracena, jefe de bancada de la UNE, coincide en esta apreciación. “Hubo dinero de por medio. No lo podemos demostrar, pero se escucha a gritos en los corredores del Congreso y se les ve la cara de contentos a los de la aplanadora oficial”, expresa el congresista.

El congresista también considera que la intención de reformar la constitución es una provocación a los sectores inconformes, y la califica como un “capricho de los malos asesores del presidente, entre ellos Tono Arenales, que quieren embarcar al Presidente en una nave que ya naufragó”.

Dos intentos frustrados…

El plan del oficialismo no se concretó. La mañana del 30 de octubre, el día en el que se esperaba meter en agenda las reformas constitucionales, el apoyo había disminuido. Las bancadas no estaban de acuerdo con que se aprobara la iniciativa.

Compromiso Renovación y Orden (Creo), de ocho integrantes, era una de ellas. Creo fue uno de los bloques aliados al oficialismo en la actual Legislatura hasta la discusión del presupuesto del próximo año, cuando los miembros de este bloque se opusieron a que se aprobara debido a la falta de tiempo para su análisis.

El bloque Todos, integrado por 15 diputados, hizo lo mismo. .

Todos ya se había manifestado así meses atrás. Ovidio Monzón, jefe de la bancada, señalaba que había varios temas incluidos en las reformas que podían abordarse por leyes ordinarias y que antes de modificar la Constitución se debía reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

El PP que había superado con facilidad los 105 votos para pasar el Presupuesto de urgencia nacional se encontraba ahora sin el apoyo suficiente para reformar la Constitución.

En vez de abordar este tema, el Legislativo optó por seguir adelante con una iniciativa que se había quedado a medias desde septiembre pasado. La Instancia de jefes de bloque acordó que se incluyera en la agenda la Ley contra el enriquecimiento ilícito; y así se hizo.

La normativa se aprobó en un ambiente de calma poco habitual para el Congreso y poco predecible para una Ley que los diputados habían tratado de evitar durante meses. Las únicas modificaciones fueron ocho enmiendas presentadas por Oliverio García Rodas, diputado oficialista y miembro de la Comisión de legislación y puntos constitucionales.

El PP, el bloque más señalado de obstruir la aprobación de la iniciativa, puso todos sus votos a disposición de la normativa. Lider, que había anunciado una férrea oposición si se modificaba algún artículo, también apoyó y se circunscribió a votar contra las enmiendas de García Rodas.

Gudy Rivera, presidente del Congreso, se limitó a expresar que no se había abordado el tema de las reformas a la Constitución debido a que la comisión presidida por García Rodas no tenía concluido el dictamen.

Taracena atribuía el fracaso de las reformas constitucionales a que se hizo  pública la existencia de una agenda consensuada a puerta cerrada entre algunos bloques.

… y la insistencia todavía

Aunque según el uneísta, las reformas estaban muertas, hasta este martes 6 de noviembre el PP no desistía de su intención de aprobarlas.Para ese día estaba prevista una sesión plenaria, pero no se llevó a cabo. Rivera señala que no hay consensos pues cada bancada tiene su idea de agenda en la que busca impulsar sus propias leyes. También reconoce que la prioridad del oficialismo es la de reformar la Constitución.

En lugar de la plenaria, la jornada sirvió para llevar a cabo reuniones en las que  convencer a los diputados de que se unan al propósito del Ejecutivo.

Una de ellas fue entre Roberto Alejos, del bloque Todos, y un pequeño grupo de diputados oficialistas.La postura de Todos, que había sido de oposición a la reforma si no se modificaban antes otras leyes, tuvo un ligero cambio después del encuentro. Si bien hace unos meses la postura de Todos era que primero debía llegar la Ley Electoral, el pronunciamiento de Roberto Alejos, líder de este bloque  después de la reunión es que se espera que por lo menos quede encaminada la aprobación de esta iniciativa.

Alejosdijo que se acordó que su bancada formule sus observaciones para que el PP las evalúe y presente una nueva propuesta. Según Alejos, también se convino que el tema avance de forma conjunta con las reformas a la Ley Electoral.

Con respecto a los rumores de que la negociación de la reforma está sujeta a la aprobación de los bonos, Alejos subrayó que ni siquiera se abordó este asunto en la reunión. Si las reformas y los bonos formaban parte de una misma negociación,  la búsqueda de consensos tendría que haberse puesto más difícil para el PP, pues el presidente Otto Pérez Molina anunció que suspendía su aprobación.

El diputado también asegura que una de las condiciones que les planteó a los oficialistas es que se hable con todas las bancadas para evitar señalamientos de contubernios como los de las últimas semanas.

Muchas explicaciones por dar

Convencer a Alejos y su bancada de aprobar las reformas puede no ser suficiente para cumplir el deseo del presidente. Si bien este bloque le daría 15 votos, la Gran Alianza Nacional (Gana) puede aportar otros siete, y algunos bloques pequeños pueden darle otros ocho votos al PP, el número todavía es insuficiente. Por tratarse de una reforma a la Constitución, es obligatorio que sean dos terceras partes del Congreso (105 diputados) los que sancionen las modificaciones.

Con una asistencia de todos sus aliados, el PP tiene un total de 93 votos, pero incluso dentro del partido oficial se habla de incertidumbre y falta de convicción.. Los ojos, sobre los diputados distritales.

Mientras los diputados patriotas se proponían convencer a Alejos, otra reunión tenía lugar en la Casa Presidencial. A esta fueron invitados algunos diputados distritales del PP.

El temor de los distritales

Entre los presentes se encontraba Iván Arévalo, presidente de la Comisión de Finanzas que avaló el presupuesto y diputado de Totonicapán, departamento en el que se organizó la protesta del 4 de octubre. En la manifestación se planteaba, entre otras demandas, que no se aprobaran las reformas constitucionales.

El descontento de las bases en el interior del país también preocupa la Unión del Cambio Nacional (UCN) tanto como para oponerse. Mario Estrada Ruano, miembro del, explica que debido a ello se han manifestado en contra de la iniciativa.

Mientras el Parlamento espera un consenso para avanzar en la agenda legislativa, el partido oficial seguirá buscando los acuerdos que les den los votos necesarios. Posiblemente no será hasta que los oficialistas cuenten con el apoyo suficiente que se reanuden las sesiones plenarias. De momento, hay más de 60 diputados que se oponen a la iniciativa y si el PP insiste en las reformas, deberá tocar aún varias puertas.