En 2008, Iberdrola, que era propietaria de la Empresa Eléctrica de Guatemala, demandó a Guatemala el pagó de Q.672 millones por la reducción al Impuesto de Valor Agregado de Distribución (VAD) que ordenó el gobierno. La transnacional eléctrica pretendía que su filial en el país, Empresa Eléctrica de Guatemala S.A., cobrara US$11.36 por kilovatio a los usuarios de la misma, situación que la Comisión Nacional de Energía Eléctrica redujo a US$ 4.24.
El fallo del CIADI, la entidad del Banco Mundial encargada de resolver conflictos de inversión financiera entre entidades de distintos estados, ordena que la empresa Iberdrola le reintegre al gobierno de Guatemala US$5.3 millones por el pago de sus abogados litigantes durante el caso.
La empresa española tiene un plazo de 120 días para apelar este resultado.
