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Justicia para Marco Antonio

Simone Dalmasso

Marco Antonio Molina Theissen tenía 14 años de edad, cuando un grupo de hombres armados ingresó por la fuerza a su residencia, en la colonia La Florida de la zona 19, y se llevó sin decir a dónde y sin decir por qué. Ocurrió al mediodía del 6 de octubre de 1981. Desde entonces, su madre, Emma Theissen de Molina, y sus hermanas Ana Lucrecia y Emma Guadalupe, no han detenido un solo momento su búsqueda. Aún no lo encuentran. Aún no saben qué hicieron con él los hombres armados que se lo llevaron, y tampoco conocen los nombres de sus verdugos físicos, pero sí el de quienes dieron las órdenes de desaparecerlo; saben que lo hicieron en venganza porque Emma Guadalupe huyó de la Zona Militar en la que la mantuvieron detenida ilegalmente, donde la torturaron y violaron.

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El jueves 2 de marzo, el juez Víctor Hugo Herrera Ríos, titular del Juzgado Primero C de Mayor Riesgo, ordenó llevar a juicio oral y público a cinco antiguos militares sobre los que el Ministerio Público presentó “suficientes elementos probatorios” para acusarlos de ser los autores intelectuales de la desaparición de Marco Antonio y el secuestro y violación de Emma Guadalupe. El juicio, un proceso simbólico para las familias de los miles de detenidos-desaparecidos durante la guerra interna (1960-1996), deberá empezar dentro de tres meses. Durante ese lapso, los militares señalados (los cinco mayores de 60 años) continuarán en prisión preventiva. De ser hallados culpables por el Tribunal C de Mayor Riesgo, que conocerá el caso, podrían ser condenados a penas de más de 20 años de prisión.

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Los militares procesados, ocuparon las más altas jerarquías del Ejército durante los años más cruentos de la guerra (1978-1983): Manuel Benedicto Lucas García fue jefe del Estado Mayor del Ejército cuando ocurrieron los hechos; Francisco Luis Gordillo Martínez, comandante del cuartel Manuel Lisandro Barillas de Quetzaltenango, donde violaron a Emma Guadalupe; Manuel Antonio Callejas Callejas, director de la Sección de Inteligencia (G-2); Edilberto Letona Linares, segundo comandante en la Brigada de Quetzaltenango; y Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, oficial de Inteligencia (S-2) del Estado Mayor. Los cinco serán procesados por delitos contra los deberes de la humanidad; desaparición forzada y violación.

Plaza Pública documentó las primeras fases proceso penal en contra de los militares, que se inició en enero de 2016 y concluyó el jueves 2 de marzo. 

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