Es cierto que el ejecutivo reporta 200,000 cajas entregadas, pero consideramos que este resultado carece de pruebas, dado que no existe un registro auditable que permita verificar de forma independiente dos aspectos clave: si efectivamente se entregaron las 200,000, y si efectivamente se le entregaron a las familias más vulnerables. Los registros han sido una de las mayores debilidades de la ejecución de programas sociales durante la pandemia.
Además, el programa contó con recursos de donaciones privadas en especie, que por no provenir del presupuesto público constituyen recursos no auditables desde el Sistema integrado de Administración Financiera. (Siges). Esto quiere decir, que no hubo mecanismos de rendición de cuenta, pero sobre todo no fue posible esclarecer los mecanismos de selección de los beneficiados identificados, como tampoco la selección de criterios para identificar a la población más vulnerable.
Asimismo, es importante señalar la falta de transparencia en las donaciones de las cajas, así como el controversial rol que jugó el Centro de Gobierno en la repartición de los donativos y la falta de capacidad de registro documentado por la CONRED. Todo lo anterior, ha generado hasta la fecha, una falta de conocimiento sobre las empresas o personas que donaron los alimentos.
