El ego y la superioridad que caracteriza a este gremio surge de la influencia que se les ha otorgado en las representaciones más importantes del Estado. En Guatemala, las leyes son tan manipulables que quien aprende a controlarlas adquiere el poder de convertir en legal lo injusto, lo antiético, lo incorrecto e incluso lo criminal.
Para nada es normal que se hagan universidades con el solo fin de tener una facultad de Derecho con la cual poder acceder a estas representaciones. La idea de que una ley esté sujeta a la capacidad de un abogado a retorcerla o manipularla bajo el descarado «argumento» de que «toda ley está sujeta a la interpretación», deja espacio abierto a que dichas leyes terminen aplicándose de forma escabrosa e ilegítima.
Hay muchos más abogados de los que en realidad necesitamos y eso dice mucho de la sociedad. Existe una interiorización de que a través de esta profesión se puede acceder a cuotas de poder que ninguna otra carrera tiene, pues el modelo político está hecho precisamente para esto, para que este gremio pueda definir para qué y para quiénes se redactan e interpretan las leyes.
En Guatemala, las leyes son tan manipulables que quien aprende a controlarlas adquiere el poder de convertir en legal lo injusto, lo antiético, lo incorrecto e incluso lo criminal.
Por supuesto que no todas y todos los abogados son automáticamente corrompibles o serviles al sistema político colonial; sin embargo, una gran cantidad de ellas y ellos se ha acomodado a esta dinámica de poder. Basta con observar el funcionamiento de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) para darse una idea de los intereses que atraviesan este gremio. Esta problemática comienza desde la etapa estudiantil, cuando se aprenden las mañas necesarias para escalar y preparar el terreno para el ejercicio profesional.
Con ello, la situación se complejiza aún más, pues al poder ya otorgado a este gremio se suma el que ejerce la única universidad pública del país —la USAC— en la integración y elección de magistradas, magistrados, jueces y otros altos funcionarios de la institucionalidad del Estado. Es por ello que la universidad ha funcionado como trampolín político, llevando a sus funcionarios a ostentar un poder que rebasa el ámbito universitario y se proyecta en una capacidad directa de incidir en la política nacional.
El exrector de la USAC, Estuardo Gálvez, es uno de los casos que mejor retrata esta problemática. A pesar de haber sido enviado a prisión en 2021 por su implicación en el caso «Comisiones Paralelas» —en el cual fue acusado de asociación ilícita, tráfico de influencias y violación a la Constitución—, este año se postuló como candidato a Magistrado Titular de la Corte de Constitucionalidad (CC), en representación del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), y pasó a segunda vuelta.
Esto retrata un problema de fondo que exige transformaciones urgentes tanto en los mecanismos de elección de estos funcionarios como en el modelo político colonial que les ha otorgado ese poder.
