Las élites económicas y políticas, que manejan los hilos de los recursos estratégicos del país, ven en un pueblo empoderado una amenaza directa a su dominio. Una población que se libere de la precariedad puede exigir reformas agrarias, acceso justo a la tierra, políticas públicas orientadas al bien común y un desempeño digno de sus gobernantes, diputados y cortes. Y eso, para quienes están bien acomodados en el poder, es como tocarles la llaga.
Este caso demuestra cómo el Estado, lejos de restituir derechos, usó su poder para evadir responsabilidades. Aquí, en nuestra tierra, es común nacer y morir sin haber ejercido los derechos que la ley promete. Y eso, más que injusto, es criminal.
La Constitución Política de la República, en su artículo 51, garantiza a las familias los medios para una alimentación adecuada. La Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINAN, Decreto 32-2005) la reconoce como derecho. Además, otras normas y la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (POLSAN 2022–2037) refuerza el marco legal. Pero en la práctica, la operativización ha sido débil, desarticulada y, francamente, vergonzosa frente a la magnitud del problema. Estamos enfrentando al monstruo del hambre con plumas: los políticos lo saben, el poder lo sabe, pero prefieren seguir en la comodidad de sus privilegios.
Un caso que ilustra esta negligencia es el de cinco niños ch’orti’ de Camotán, Chiquimula, en 2011. En 2013, sus familias se atrevieron —con valentía— a demandar al Estado por violación al derecho a la alimentación y otros derechos económicos y sociales. El Juzgado de Niñez y Adolescencia de Zacapa falló a favor de las familias, condenó al Estado por omisión y ordenó 26 medidas urgentes, entre ellas la entrega de alimentos, evaluaciones nutricionales y asignación de tierras. Fue un hito: la primera vez que se judicializaba el derecho a la alimentación en Guatemala.
Pero el cumplimiento fue más que precario, entorpecido por recursos legales dilatorios. Tristemente, una de las niñas falleció en 2016 por causas relacionadas con la desnutrición, y otro niño migró a Estados Unidos en 2018 ante la falta de apoyo estatal. Este caso demuestra cómo el Estado, lejos de restituir derechos, usó su poder para evadir responsabilidades. Aquí, en nuestra tierra, es común nacer y morir sin haber ejercido los derechos que la ley promete. Y eso, más que injusto, es criminal.
Recientemente, el gobierno informó que 3.4 millones de personas enfrentan crisis de inseguridad alimentaria aguda entre mayo y agosto de 2025, agravada por la incertidumbre climática. Pero el informe se queda en los números, sin decir quiénes son esas personas ni cómo están siendo atendidas. Apenas el 9 % accedió a asistencia alimentaria o al bono nutricional. Mientras tanto, los funcionarios responsables están por cumplir dos años en sus cargos sin ofrecer soluciones eficientes, repitiendo más de lo mismo.
Es momento de asumir con seriedad la crisis alimentaria, especialmente en territorios históricamente olvidados y golpeados por los shocks climáticos como Alta Verapaz, la Franja Transversal del Norte, el valle del Polochic y el Corredor Seco. Se necesitan políticas públicas que respondan con urgencia, pero también con visión: que sean transformadoras, sostenibles y culturalmente pertinentes. Políticas que rompan las cadenas invisibles que mantienen a millones en la pobreza y la dependencia. La dignidad no puede seguir siendo privilegio de unos pocos, debe ser un derecho inalienable para todas y todos los guatemaltecos.
