Ese compromiso con la realidad nacional le fue cobrado con creces. La sangre de miles de sancarlistas fue derramda por las balas, la tortura y la represión del terrorismo de Estado. Miles de hombres y mujeres, docentes, estudiantes y personal administrativo pagaron con su vida la osadía de poner la ciencia al servicio del pueblo. Produjo aportes de primer nivel como el estudio Exmibal contra Guatemala, que resultó del trabajo de la comisión creada por el Consejo Superior Universitario (CSU) para estudiar las concesiones mineras que otorgó el gobierno de Carlos Arana Osorio. Adolfo Mijangos López y Alfonso Figueroa, pagaron con su vida esa investigación. Alfonso Bauer Paíz resultó ileso de un atentado, mientras que Rafael Piedrasanta terminó en el exilio.
La sangrienta represión contra la USAC cercenó el cuerpo académico de la única universidad estatal en Guatemala. Con enormes dificultades, docentes, personal y estudiantes, quienes sobrevivieron a la barbarie, intentaron mantener en alto la calidad y, sobre todo, el compromiso de la USAC para con los pueblos de este país.
Sin embargo, las garras de los depredadores no se conformaron con sembrar la muerte, el terror y el abandono. Como lo han hecho con toda la institucionalidad democrática, también tomaron por asalto la conducción de la tricentenaria USAC. Apalancados por el sistema de impunidad y con el respaldo de una banda delincuencial de encapuchados usurparon la rectoría y sentaron en ella a un criminal llamado Walter Mazariegos.
Sin embargo, las garras de los depredadores no se conformaron con sembrar la muerte, el terror y el abandono. Como lo han hecho con toda la institucionalidad democrática, también tomaron por asalto la conducción de la tricentenaria USAC.
Desde que este personaje usurpa la conducción de la USAC, la ley interna y el estado de derecho brillan por su ausencia. A tal grado que dos tercios de quienes integran el CSU han rebasado con creces los períodos para los que fueron electos. Pese a la resolución de la Corte de Constitucionalidad, el CSU sigue sin convocar a la totalidad de las elecciones para renovar su cuerpo decisorio. Lejos de ello, al ocupar sus puestos de manera ilegítima, han decretado la expulsión de estudiantes y la destitución de docentes que han resistido a la usurpación.
Al hacer uso de los derechos inalienables que garantiza la Constitución Política de la República, docentes, estudiantes y personal de la USAC no han cometido delitos. Por el contrario, han reunido sus energías y fuerzas para recuperar un patrimonio nacional como lo es la Universidad de San Carlos, destruida por las bandas criminales que ahora usurpan su conducción.
Hace dos semanas, diez estudiantes fueron expulsados como represalia por su participación en la resistencia. Antes de ellos, casi medio centenar de personas ha sido criminalizada mediante el contubernio entre Mazariegos y las corruptas autoridades del Ministerio Público.
Cuando empezaba a renacer el cambio y se veía posibildades de recuperar el brillo perdido por el terrorismo estatal, los verdugos de la academia, comandados por Mazariegos, buscan de nuevo imponer el oscurantismo.
Tan criminales son los asesinos de Fito Mijangos, Hugo Rolando Melgar, Oliverio Castañeda de León, Robin García, Rita Navarro, Guadalupe Navas y miles y miles de sancarlistas, como lo son quienes, de la mano de Mazariegos, reprimen el ejercicio de derechos.
