En un clásico de la historia cultural hispanoamericana, La ciudad letrada, Angel Rama postulaba que en medio de sociedades orales, la colonización fijó la escritura como modelo de legitimación. La necesidad de imponer un orden condujo a desarrollar un corpus de leyes y edictos, y de otorgar un puesto destacado al conjunto de abogados, escribientes y burócratas de la administración. Documentos iban y venían imponiendo la idea de un orden que se alejaba de la ciudad real y que instauraba redes de poder.
Pareciera que algunos y algunas de las candidatas a magistrados de la corte suprema han llevado a una imaginación alucinante aquellos letrados que describía Rama. Son hombres y mujeres que fijan su valor en expedientes y títulos alejados del verdadero conocimiento. Un conjunto de abogados que no tienen ningún escrúpulo en armar una narrativa de sí mismos que produce vergüenza ajena. ¿Qué sentido de la realidad para juzgar pueden tener cuando ellos y ellas son un engaño de sí mismos?
¿Qué sentido de la realidad para juzgar pueden tener cuando ellos y ellas son un engaño de sí mismos?
Detrás de diplomas y firmas de diplomas, yace un sistema permisible. Muchos posgrados funcionan más bien como fachadas que como programas sustentados en aprendizajes e investigación. Se carecen de bibliotecas o de plataformas bibliográficas para acceder a artículos y libros que actualizan los conocimientos. Harina de otro costal son los salarios de docentes y asesores de tesis en la mayoría de las universidades, quienes rara vez están inmersos en proyectos de investigación.
Una curiosidad que despiertan estos candidatos a magistrados se refiere a sus bibliotecas particulares. ¿Qué libros yacen en sus estanterías o han sido bajados en sus computadoras? ¿Cuáles serán sus autores predilectos? ¿O será que cómo sus títulos poseen bibliotecas inventadas?
En el fondo, ni mediocres son. La Rae nos dice de esa palabra: de calidad media tirando a mala. Aquí hay condición mala.
En el Congreso, se definirán quienes serán los nuevos magistrados. Es una batalla esencial para el país que también implica impedir que los falsificadores del conocimiento lleguen a determinar los rumbos judiciales en los próximos años.
