No es propiedad del funcionariado ni del gobierno de turno, es administrada por aquellas personas que, mientras estén en funciones, son servidoras y servidores públicos, tienen la responsabilidad de resguardarla y ordenarla, pero no de adueñársela. Por eso, su obligación es proporcionar, publicar y difundir información sobre lo que hacen, el dinero que les es otorgado para cumplir con sus funciones y las actividades que impulsan. De no hacerlo –es decir, cuando ocultan esa información, la publican de forma escueta o ponen «peros» fuera de los que el propio marco legal estipula–, incurren en una forma de violencia institucional, porque violentan el derecho humano a saber.
En Guatemala, el 23 de septiembre de 2008, luego de un largo proceso de ires y venires, se aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) cuya función justamente fue regular ese derecho en el país. Los principios de la ley son la máxima publicidad, transparencia en el manejo y ejecución de los recursos públicos y actos de la administración pública, gratuidad en el acceso a la información pública, así como sencillez y celeridad del procedimiento.
El proceso de aprobación de dicha ley, así como su implementación y las dificultades en su aplicación ha sido magistralmente documentado y presentado por el experto guatemalteco, periodista, investigador y académico Silvio Gramajo, en su libro «El Acceso a la Información Pública en Guatemala». El mismo fue presentado el 28 de septiembre en el marco del Día Internacional del Acceso Universal a la Información (#DiaInternacionalDelDerechoASaber) y de la conmemoración de los 15 años de la aprobación de la ley mencionada.
Tenerla ha significado el fortalecimiento de un modelo de convivencia más democrático.
Tal como explica en el prólogo el Dr. Juan Francisco Escobedo, el texto es sumamente valioso, entre otras cuestiones, porque es absolutamente oportuno en la actual crisis política y de regresión de derechos en el país. Además, porque presenta cómo se desarrolló el proceso de conquista de dicho derecho, registra cómo se construyó una correlación de fuerzas favorable y de qué manera nació la LAIP para poner una cuña a siglos de “patrimonialismo, corrupción y manipulación de los asuntos públicos”.
En la medida que se avanza en las páginas puede comprenderse que en estos años ha habido una disputa permanente entre quienes apuntan a extender los horizontes del derecho a saber y quienes quieren volver a la secrecía y opacidad. Prueba de dicha disputa han sido los ocho intentos de reforma a la ley en estos quince años, que han tenido como premisa, sobre todo, «volver a la antigua usanza de convertir el secreto en norma y no en la excepción».
De manera tal que el libro de Gramajo llega como un chinchín de memoria para recordarnos lo valioso de esta ley que no se puede dejar languidecer o fenecer. Porque tenerla ha significado el fortalecimiento de un modelo de convivencia más democrático, con menor opacidad y contra el autoritarismo. Lo que hoy toca defender con vehemencia.
