La misma reivindica la vida de hombres y mujeres, que sufrieron detención y desaparición forzada o ejecución extrajudicial durante el Conflicto Armado Interno (CAI). Agresiones que en una gran mayoría fueron perpetradas por agentes del Estado y principlamente del ejército. Conclusión a la que arribaron las investigaciones de los informes de la verdad: el informe Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi), Guatemala: Nunca más y el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), Guatemala, memoria del silencio.
Dichos informes, que se publicaron en 1998 y 1999 respectivamente, señalan la comisión de graves violaciones a derechos humanos de la población civil no combatiente. Refieren también que el Estado violó sus propias leyes al no perseguir conforme a derecho, a quienes sindicaba de formar parte de organizaciones insurgentes.
Destaca la información documental que ha sido posible analizar y que expone sin duda alguna, la grave responsabilidad castrense
Con profusidad de información, los dos reportes explican en detalle el funcionamiento de la estructura estatal y paraestatal, que cometió desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales. Haber llevado a cabo la desaparición forzada de más de 45,000 personas, así como de más de 5,000 niños y niñas, requería de un esquema funcional de gran envergadura que, una entidad como el ejército, estaba en condiciones de ejecutar. Pero, además de las capacidades organizativas, destaca la información documental que ha sido posible analizar y que expone sin duda alguna, la grave responsabilidad castrense.
Llevar a juicio, aunque sea tres o cuatro décadas después a quienes planificaron, organizaron y ejecutaron semejantes crímenes contra la humanidad, es uno de los pasos necesarios para evitar la repetición de esas atrocidades. Falta en ese esfuerzo, identificar para individualizar como corresponde, ante los tribunales, la responsabilidad de quienes patrocinaron al ente ejecutor de la barbarie. Quienes financiaron, quienes planificaron, quienes ejecutaron y, quienes se beneficiaron de la desaparición forzada, el tráfico de niñas y niños, la ejecución extrajudicial y el genocidio, deben enfrentar la justicia.
Quienes sufrieron estas atrocidades merecen que el Estado reconozca su grave responsabilidad. La sociedad actual y la futura, merecen que se creen las condiciones para la no repetición de estos crímenes de lesa humanidad. Merecen que la reparación sea integral y digna.
La reparación digna pasa por desmantelar las estructuras criminales y garantizar que quienes las integran rendirán cuentas ante la ley
Esa reparación digna pasa por enaltecer a las víctimas y no por estigmatizar a sus familiares o sobrevivientes. La reparación digna pasa por desmantelar las estructuras criminales y garantizar que quienes las integran rendirán cuentas ante la ley. La reparación digna pasa por modificar los contenidos curriculares de las academias de las fuerzas de seguridad, a fin de garantizar que sus integrantes se formen con base en contenidos de respeto a la ley, al estado de derecho y con apego a los estándares internacionales de derechos humanos. Pasa por enviar a quienes sobreviven y viven de la impunidad, un mensaje claro sobre que las violaciones a derechos humanos son intolerables y quienes las cometan han de enfrentar la justicia.
Para llegar a ello, es necesario superar la profunda crisis de institucionalidad que estamos viviendo merced a la cooptación del Estado por parte de las mafias que han asaltado el poder. La organización y la articulación a todo nivel son indispensables para avanzar y trazar la ruta que lleve al cambio de rumbo. Así podremos estar en la senda de la no repetición y en el camino de gritar a viva voz y al unísono: ¡Guatemala, nunca más!
