Los que nacimos y crecimos en el occidente del país estamos acostumbrados a la organización comunitaria y al trabajo en conjunto con las organizaciones no gubernamentales, que, en muchos casos y durante mucho tiempo, suplió la ausencia del Estado y creó así las condiciones para que se consolidaran lazos y relaciones con el objetivo de responder a las necesidades básicas de la población y solucionarlas. Y ojalá fuera simplemente la ausencia o presencia nula de las instituciones del Estado. La fama atroz con que actúan en la capital y en otras ciudades vecinas hace que las veamos con temor y temblor debido al historial de corrupción y de compra y venta de favores que hoy en día mantienen al Estado desangrado.
Toco el tema de las ONG por la ley aprobada hace un par de semanas para regularizar y fiscalizar estas entidades, mediante la cual se les pide que obtengan la personería jurídica otorgada previa inscripción en el Ministerio de Gobernación y declaren si reciben fondos públicos ante la Superintendencia de Administración Tributaria y la Contraloría. Ya sea que el presidente ejerza su derecho al veto de las reformas o no, podemos preguntarnos: ¿son necesarias las reformas a la ley?, ¿por qué las organizaciones comunitarias las rechazan? La cuestión de fondo es que nos hemos hecho la idea de que el Estado no se interesa por el crecimiento y desarrollo real del interior del país y, en consecuencia, de que este no sirve más que para crear confusión y división. Los que viajan de Quetzaltenango a Huehuetenango saben que, si quieren conservar en buen estado su vehículo, deben manejar en zigzag durante el trayecto porque el pésimo estado de las carreteras destroza incluso los autos todoterreno guiados por pilotos experimentados.
Muchos dirán que las organizaciones o las autoridades locales también son corruptas […] ¡Claro que sí! Pero ¿cómo confiar dicha fiscalización a una entidad que está acostumbrada a robar diez veces más?
Por estos y otros motivos es que voy en zigzag al confrontar la ley con la realidad. Recuerdo que una ONG quería reparar el techo de la escuela de mi pueblo. Llegó, hizo el presupuesto, y en el tiempo acordado el proyecto estaba terminado. No así con la galleta escolar y los libros que debía hacernos llegar el Ministerio de Educación. Porque en el acta figuraban libros de texto cuando en realidad eran fotocopias de mala calidad. ¿Quién se quedaba con los libros? ¿Eran facturas ficticias? Muchos dirán que las organizaciones o las autoridades locales también son corruptas y, por lo tanto, necesitan de supervisión. ¡Claro que sí! Pero ¿cómo confiar dicha fiscalización a una entidad que está acostumbrada a robar diez veces más? Es más: ¿usted le confiaría el dinero para medicinas y libros a un ladrón? En todo caso, los más afectados siguen siendo los niños y las niñas que reciben clases en aulas maltrechas o que no tienen el servicio médico básico.
Tal y como dicen los representantes de las ONG y de las organizaciones comunitarias, el problema no es que sean fiscalizados. El temor es saber que será un Estado debilitado por el virus de la corrupción el encargado de curarlo. ¡Vaya ironía!
