En diciembre hice referencia a las implicaciones de una histórica resolución de la CC en defensa de la Constitución y de la educación superior. En las últimas semanas se ha desplegado en medios de comunicación y en redes sociales una campaña de los sectores conservadores, los cuales, ante cualquier posibilidad de cambio, siempre predicen crisis apocalípticas, como si ignoraran que la mayoría de los problemas nacionales se originan precisamente en la resistencia de ellos a los cambios sociales necesarios para el siglo XXI, por lo que ellos mismos los agravan.
En la citada columna hablé de lo relativo a dos temas derivados de la sentencia: el sistema fiscal del país y la inversión en educación superior con relación al PIB. Pero ahora, producto de la cruzada de desinformación iniciada, en la cual se instrumentaliza a algunos analistas, se visibiliza un problema estructural de fondo en Guatemala: es urgente la necesidad de invertir en educación superior. Y esa necesidad es algo en lo que deberían coincidir personas de cualquier ideología política con sentido común y visión de país. En esta primera parte me enfoco en el tema de la inversión para luego desarrollar sus implicaciones sociales.
Por ejemplo, utilizando datos del sector empresarial organizado guatemalteco, citando el Índice de Competitividad (que propone medir cómo utiliza un país sus recursos y su capacidad para proveer a sus habitantes un alto nivel de prosperidad), calculado por el Foro Económico Mundial, en 2019 Guatemala se encontraba en el puesto 98 de 141 países y tenía una tendencia a la baja en relación con años anteriores.
Queremos un país que invierta en su población, y no en armas ni privilegios. Los derechos sociales y su desarrollo progresivo son innegociables para las nuevas generaciones.
Una de las áreas que integran dicha herramienta de medición, en la cual el país puntea bajo, es la de capital humano, que mide 1) capacidad —nivel de educación formal de las generaciones como resultado de la inversión en educación pasada—, 2) desarrollo —educación formal de la fuerza de trabajo de la próxima generación y el continuo perfeccionamiento y reciclaje de la fuerza de trabajo actual—, 3) despliegue —acumulación y aplicación de habilidades entre la población adulta— y 4) know-how —amplitud y profundidad del uso de habilidades especializadas en el trabajo—.
Guatemala obtuvo un punteo de 62.67 sobre 100 en el área referida y se situó en el puesto 99, lejos del promedio de la región latinoamericana. En un mundo globalizado, una población sin acceso a educación superior deja al país fuera del juego en posibilidades de crecimiento económico sostenible. Cualquier empresario consciente sabe que una mayor inversión en educación superior pública permite un mayor acceso a la población de escasos recursos y se traduce en un capital humano competitivo, ya que actualmente solo un 4 % de la población tiene acceso a educación, según el último censo. Si usted lee esto y tuvo acceso a la educación superior, recuerde esa posición de privilegio en la que se encuentra y la responsabilidad que existe de ampliar dichas oportunidades para todas y todos apoyando mayor inversión pública en dicho rubro social.
Con lo anterior, utilizando solo datos económicos, se evidencia la urgente necesidad de invertir en educación superior pública. Queremos un país que invierta en su población, y no en armas ni privilegios. Los derechos sociales y su desarrollo progresivo son innegociables para las nuevas generaciones. Cumplir con el mínimo constitucional del 5 % abre una gran oportunidad de cambiar el rumbo del país y de revertir su gran desigualdad social. No estar de acuerdo con ello y desinformar o disfrazar de tecnicismos la ideología de mantener privilegios es predicar el desarrollo económico, pero no ser coherente en la práctica.
