Sin embargo, en Guatemala esta es una realidad solamente para poco más de la mitad de la población. Casi 1.7 millones de familias no tienen una vivienda que cumpla con las condiciones mínimas de habitabilidad. Esta carencia es a lo que nos referimos como el déficit habitacional.
¿Que puede hacer el Estado ante tal reto? La salud, la educación y la vivienda son considerados derechos. Sin embargo, a diferencia de los dos primeros, que son servicios que el Estado puede proveer, la vivienda es un bien que requiere capital, y el Estado no tiene los recursos para proveerla de manera adecuada a los guatemaltecos que la necesitan.
Sin embargo, a pesar de las limitaciones, sí se tiene un plan. El Estado puede hacer mucho. Un plan nacional de vivienda debe incluir estrategias que promuevan el fortalecimiento institucional, mejoren aquellas unidades con las que se cuenta y propongan nuevas. También debe actualizar y fortalecer políticas públicas para crear los cambios y las condiciones que actualmente no se tienen.
El Consejo Nacional de Vivienda (Conavi), con el apoyo de la Segeplán, el Viceministerio de Vivienda, la Vicepresidencia, la Comisión de Vivienda del Congreso de la República, la Asociación Centroamericana para la Vivienda (Acenvi), Hogar y Desarrollo, PCI-AID, Cementos Progreso, Col Arquitectos, Col Ingenieros, el Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR), el Infom, IPC-AID, cooperativas y movimiento pobladores, está terminando de desarrollar un plan nacional de vivienda que ha sido ampliamente socializado durante 2018 y 2019.
Aprendiendo de los mejores programas de vivienda del mundo, que además de generar bienestar mueven la economía, el plan analiza la situación actual de nuestros programas de vivienda y genera una lista de 20 estrategias, iniciativas y programas eficaces que atiendan las necesidades actuales y futuras.
Mejorar el acceso a vivienda tendrá un impacto socioeconómico tremendo en Guatemala.
- Modelos urbanos de vivienda integrada sostenible
- Modelos rurales de interés social
- Alquiler con opción a compra: ley de leasing (iniciativa 4,896)
- Mejoramiento de vivienda
- Ahorro familiar: Instituto de Ahorro para la Vivienda (AVI, iniciativa 5,484)
- Programas de ahorro, bono y crédito
- Orientar la inversión de remesas a la construcción
- Aumentar y agilizar la inversión privada: ley de interés preferencial (iniciativa 4,818)
- Mejoramiento integral de barrios
- Programas de reconstrucción para futuros eventos
- Programas de vivienda sostenible
- Certeza jurídica para mercados de vivienda
- Registro único de vivienda
- Sistema nacional de información de vivienda
- Ventanilla única nacional
- Fortalecer el ente rector
- Ordenamiento territorial
- Código de construcción
- Modernización municipal
- Reglamentos municipales para proyectos de interés social
El Estado y las municipalidades pueden ser facilitadores del desarrollo de mercados de vivienda asequible a través de normativas, incentivos de inversión en el sector, programas de subsidios y programas de acceso a financiamiento para vivienda incluidos en el plan. De las 20 estrategias, quizá la más importante sea un sistema de ahorro y acceso a financiamiento como los de México y Colombia.
En el 2018, programas de este tipo otorgaron seis de cada siete créditos para vivienda en México y generaron dos millones de empleos directos, así como una industria de vivienda de más del 7 % del PIB. El AVI, la estrategia 5 del plan, ya es una iniciativa con dictamen favorable en el Congreso y permitirá que la enorme población económicamente activa y ocupada, tanto formal como informalmente, pueda solucionar sus necesidades habitacionales por medio de un crédito para vivienda.
Fue un privilegio que me invitaran a participar en la elaboración de este plan. El consenso entre los expertos internacionales y los que seguimos participando es que este plan tiene el estándar de lo mejor que hemos estudiado en el mundo.
En lo personal, exhorto a los partidos políticos a que incluyan la vivienda en sus planes de gobierno y a que adopten este plan y sus estrategias. Mejorar el acceso a vivienda tendrá un impacto socioeconómico tremendo en Guatemala.
