Los guatemaltecos están desencantados con la democracia, y vaya si no hay razones para ello. Muchos de nuestros compatriotas califican la democracia en relación con la cantidad de bienes y servicios públicos de los que gozan. Y entonces, al equiparar la democracia con el estado de bienestar, terminan por calificar mal. Independientemente de este sesgo, a muchos conciudadanos, después de la breve primavera del 2015 y al ver cómo los actores que sostienen las instituciones extractivas se replegaron y tomaron de nuevo el control, les está ganando el desaliento, por lo que renuncian a la participación.
Entre estos podemos distinguir dos tipos: los ciudadanos de a pie, muchos apolíticos, que solo quieren vivir tranquilos, tener un trabajo estable y educar en paz a sus hijos, que solo necesitan que los servicios públicos funcionen de manera regular para estar bien; y los altamente politizados, que tampoco entran como actores de relevancia en la discusión política y a quienes les da lo mismo que haya democracia o un dictador siempre que estos tengan el signo político de ellos.
Guatemala busca un dictador, y los candidatos lo saben. Varios ofrecen la militarización de instituciones del Estado, menosprecian el régimen de derechos humanos, amenazan con no aceptar las decisiones de los tribunales de justicia, amedrentan a fiscales y desde ya comienzan a atacar la libertad de expresión. Todos estos signos deben llevarnos a quienes comprendemos la importancia de la democracia a defenderla en una sola trinchera.
Esta elección se realizará en un momento crítico en el cual se está cuestionando la conveniencia de todo el sistema político al ver los casos de corrupción, que muestran cómo algunos actores de organizaciones criminales y empresariales han capturado varias instituciones para ponerlas al pleno servicio de sus intereses a costa del bien común.
En este tiempo de antipolítica, en el que no están de moda los partidos políticos y los Parlamentos, es cuando más riesgo corre la institucionalidad.
Este momento de crisis puede llevar a muchos a optar por una opción política agresiva, que ponga en riesgo todo el sistema constitucional y democrático. El autoritarismo no es patrimonio que corresponda a un solo lado del espectro político. Es igual de nocivo en ambos. Nunca se ponga en duda que la salida de la escalada de los problemas sociales que aquejan al país debe ser la vía del sostenimiento del régimen democrático. En el momento en que se comienza a ceder, los autoritarios carcomen nuestras libertades y se preparan para abusar del poder.
En este tiempo de antipolítica, en el que no están de moda los partidos políticos y los Parlamentos, es cuando más riesgo corre la institucionalidad. El hambre, la violencia, la falta de oportunidades y una clase política desprestigiada son el mejor caldo de cultivo para el autoritarismo. El mismo temor debe generar convertirnos en Venezuela o en Honduras, en dictadura o en autoritarismo competitivo, porque lo que está mal, lo que es contrario al bien común y a la dignidad humana, es la arbitrariedad, la violencia y el abuso de poder.
Nunca debemos olvidar que el autoritarismo siempre es un riesgo patente, que el precio de la democracia —al igual que el de la libertad— es la eterna vigilancia.
