Con los narcos y los terroristas no se dialoga, señaló de manera tajante el expresidente colombiano Andrés Pastrana durante su reciente visita a Guatemala. El político colombiano compartió con su auditorio cómo una alianza de buenos políticos, jueces y fiscales rescató la democracia colombiana de las garras del crimen organizado, que estaba inmiscuido en todos los niveles de la administración pública a finales del siglo pasado.
Cualquier parecido entre la Colombia de 1998 y la Guatemala de 2019 es pura coincidencia. Los principales titulares de los periódicos nacionales versan sobre la narcopolítica, sobre lo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos denominó la Conspiración Estrada, un plan maquiavélico del cacique político jalapaneco para convertir a Guatemala en un narco-Estado pleno mediante la eliminación de rivales políticos y la entrega de la administración pública al Cartel de Sinaloa, siguiendo los pasos de Ernesto Samper. Un colombiano que vivió esa época diría que se trata de un déjà vu.
El principal problema de la Guatemala de nuestros días está sobrediagnosticado. Analistas de distintas corrientes ideológicas coinciden en que se trata de la ausencia de Estado, producto de una institucionalidad escuálida, de un sistema de justicia que no es imparcial ni independiente y de una paupérrima estructura de cumplimiento de la ley. Buena parte de la responsabilidad de la anemia estatal se debe al narcotráfico, sobre todo en las zonas fronterizas, donde aquellos a los que menos conviene que exista orden son quienes viven de trasegar droga. Han financiado campañas de alcaldes, procuran el nombramiento de gobernadores afines y sobornan a cuanto funcionario pueden para procurar su éxito criminal.
Ante el gran daño que este fenómeno hace a las familias y a la sociedad, la respuesta natural sería que la clase política, intelectual y empresarial entendiera el narcotráfico como un problema de Estado que trasciende ideologías y trincheras de todo tipo. Sin embargo, en Guatemala no es así. Hay personas que lo elogian porque permite que los ciudadanos lleven una vida tranquila en sus feudos y otras que prefieren votar por un narcotraficante confeso antes que por un socialdemócrata.
Quiero creer que muchas de las personas que veladamente apoyan o justifican a los políticos ligados con el narcotráfico pecan de inconsciencia, que no dimensionan la magnitud del problema.
Ya sea por puro desentendimiento de la vida social o por temor a una dictadura bolivariana, buena parte de nuestras élites nos empujan al gobierno de los narcos. Relativizan sus actividades criminales, la muerte y la destrucción que dejan por el camino. La anarquía que se vive en Guatemala no permite que se invierta y se produzca riqueza, que se brinden servicios sociales mínimos para mitigar la situación de pobreza que agobia a tantos de los nuestros.
Quiero creer que muchas de las personas que veladamente apoyan o justifican a los políticos ligados con el narcotráfico pecan de inconsciencia, que no dimensionan la magnitud del problema. El narcotráfico es enemigo de la democracia y del Estado de derecho. Que no nos empujen a un narcorrégimen como el que intentó construir Pablo Escobar al aliarse con un movimiento guerrillero para quemar la Corte Suprema de Justicia en Colombia o como el que sostiene el Cartel de los Soles en la temida Venezuela.
Dejemos de buscarles bondades a los narcos, de relativizar valores, y sigamos el ejemplo de los colombianos. Construyamos un legado de decencia y no dejemos que Guatemala perezca por la inconciencia de sus élites.
