Antenoche, 22 de agosto de 2017, una publicación de José Rubén Zamora puso a arder las redes y motivó titulares de prensa ayer por la mañana. El rumor, que crece imparable, pero que se ha escuchado durante meses, es que el presidente Jimmy Morales no quiere al comisionado Iván Velásquez en el país. Las razones que hay detrás de una actitud poco disimulada parecen arrastrar también a la fiscal general Thelma Aldana, quien expresó en varios medios que, de ser removido Velásquez sin razones justificadas, ella estaría presentando su renuncia.
Evidentemente, el rumor, las declaraciones de Thelma Aldana y las torpes explicaciones que estoy escuchando por la radio del vocero Heinz Heimann dejan más dudas que aclaraciones sobre un asunto que irá subiendo de tono y que oscurece la gestión del presidente Morales, ya que la sospecha de amplios sectores es que esta medida es para frenar o revertir los avances contra la corrupción, lo que equivale a asumir una posición a favor de las mafias del Mariscal Zavala y de las que se perciben amenazadas.
De momento tenemos un planeado viaje presidencial a la sede de las Naciones Unidas sin que el mandatario haya negado ninguno de los rumores anotados arriba. Los balbuceos de Heimann solo dejaron entrever que se hará una propuesta de «fortalecimiento del mandato de la Cicig», pero no hubo respuestas claras, mucho menos un ambiente que le permitiera a la prensa hacer su trabajo.
Esta es, otra vez, una coyuntura que demanda una reacción ciudadana. No podemos permitir que se concrete una expulsión del comisionado Velásquez de manera arbitraria, sospechosa e injustificable. Si el presidente Morales tiene razones de peso para una decisión de ese tipo, debe presentar su posición a la población de manera directa. Si, por el contrario, no piensa expulsar al comisionado, es indispensable que lo aclare porque no se trata de un asunto de poca importancia.
No habíamos estado en una situación tan delicada desde el 2015, cuando Otto Pérez se negaba a renunciar. Hoy la respuesta de la población y de las instituciones no debe ser menor que lo acontecido en aquella ocasión. Todos y todas tenemos de nuevo la responsabilidad de acuerpar la lucha contra la corrupción.
