No se incluye, la nómina de los nuevos detenidos porque la migración no para. Tampoco se contabiliza los que están o quedan en territorio mexicano. Esta cifra dolorosa se refiere únicamente a quienes ya están bajo control de las autoridades estadounidenses.
La migración es una práctica tan vieja como la humanidad. Los pueblos se comunican intrafronteras y pasan de un lado a otro cuando son vecinos. La historia está plagada de eventos que marcan procesos masivos de migración. En décadas recientes, el éxodo en entornos de alto riesgo a la integridad, por guerras o acciones armadas, supone la instalación de campamentos de refugiados. La violencia entonces, es una de las motivaciones esenciales para buscar un espacio en dónde proteger la vida.
Pero, ¿de qué hablamos cuando referimos a población migrante en Guatemala? Ricardo Arjona posicionó la melodía “Mojado”, que llegó a convertirse en uno de los himnos de quienes desde el sur del Río Bravo se van al Norte a buscar trabajo. Una migración instituida desde hace más de medio siglo cuando las primeras familias chapinas se iban al Norte.
Con los años se instalaron estructuras de tráfico humano, algunas de la cuales derivaron en grupos de tráfico y trata de personas. El negocio de la migración alcanzó niveles transnacionales y adquirió carácter de industria. Produce migrantes a partir de la materia prima que representan la exclusión, la falta de posibilidades de vida y la violencia.
Si décadas atrás, los padres migrantes dejaban a sus hijos al cuidado de las y los abuelos, en años recientes el riesgo social empezó a justificar el movimiento de niñas, niños y adolescentes. Los padres intentaban evitar que sus hijas e hijos fuesen agredidos o reclutados por estructuras delictivas.
Es decir, la expresión concreta de la violencia estructural expulsa primero a los padres y la violencia social y delincuencial expulsa a las siguientes generaciones. En ambas violencias, el Estado tiene la responsabilidad principal. Es un Estado que se organiza para defender privilegios de una minoría y por ello no cumple con los servicios esenciales que debe ofrecer como política retributiva: salud, educación, vivienda, trabajo, comunicaciones, seguridad, recreación.
En los años ochenta, la violencia genocida expulsó a decenas de miles de compatriotas. La mayoría se desplazó hacia territorio mexicano y se agrupó en campamentos de refugiados. Otros se fueron como inmigrantes, legales, ilegales e irregulares a Estados Unidos. En todas las oleadas, de una u otra forma la pala está empujada por el Estado.
Pese a ello, en una declaración vergonzante, el presidente Otto Pérez Molina responsabilizó al movimiento de defensa del territorio por la crisis humanitaria de los niños, niñas y adolescentes migrantes retenidos en Estados Unidos. Pérez Molina afirmó que por “oponerse a desarrollo”, estas organizaciones limitan las posibilidades de niñas, niños y adolescentes. En una perversa actitud de criminalización y persecución política a la oposición comunitaria, el gobernante emite una declaración irresponsable sin atender el problema de fondo.
Ya lo dijo el director de la Asociación El Refugio de la Niñez, Leonel Dubón, quien afirmó que el gobierno en Guatemala no tiene capacidad para atender en estos momentos la deportación de los más de once mil niños, niñas y adolescentes. El sistema de atención a niñez y adolescencia en riesgo no tiene condiciones ni se aprecia que se prepare para esta circunstancia.
Al ostracismo derivado de la desatención estatal, que significó un éxodo con experiencias traumáticas, podría añadirse un nuevo desplazamiento físico o social, ante la ceguera presidencial. Lejos de usar la crisis para llevar pan a su matate de violencia política, el Presidente haría mejor si convoca a grupos sociales a conjuntar esfuerzos para atender a las y los retornados. Construir un mecanismo de recepción y atención ágil que les reubique de una vez junto a su familia, en condiciones de dignidad.
